24 DE JUNIO DE 2010

LA GACETA DE INTERECONOMIA

Según fuentes policiales próximas a la investigación
En la hípica de Bono hay contratados trabajadores ilegales

Son entre dos y cuatro empleados de mantenimiento y de cuadras. El encargado, Ramón Navas Barchino, fue detenido para prestar declaración.

La pasada semana el encargado de Hípica Almenara, Ramón Navas Barchino, fue detenido para responder sobre la situación legal de varios trabajadores de la sociedad. En un primer momento, tal y como publicó el diario ABC, todo apuntaba a que el responsable de la hípica acudió de forma voluntaria para negar que un trabajador detenido por tener documentación falsa era empleado de la empresa del presidente del Congreso. Era un mozo que cuidaba del caballo de uno de los clientes de la sociedad sin vinculación laboral con la empresa.
Según la información a la que ha tenido acceso LA GACETA de fuentes policiales próximas a la investigación, las actuaciones concluyeron que entre dos y cuatro trabajadores se encontraban empleados en las instalaciones de Bono sin tener los preceptivos permisos de trabajo en regla.
Este periódico ha podido saber que los trabajadores de la hípica tienen en su mayoría nacionalidad rumana. La ocupación de éstos es la de mantenimiento y cuidado de los caballos que los clientes mantienen en la hípica.
Según las mismas fuentes policiales, el encargado de la hípica se habría hecho responsable de la contratación de los trabajadores irregulares. Navas Barchino fue durante varios años chófer de Bono en su etapa como presidente de Castilla-La Mancha y es una persona de su confianza. En la actualidad es el administrador único de la empresa de los Bono.
Queda, de esta manera, desmentida la versión oficial del entorno del presidente de la Cámara baja, aportada por ABC, en la que se apuntaba que era un único trabajador el que se encontraba en situación irregular.
LA GACETA se ha puesto en contacto con Navas Barchino quien insiste en que el mozo de cuadra era empleado del propietario del caballo. Este diario ha podido comprobar cómo en la hípica hay un cartel que requiere a sus clientes que los cuidadores privados que acompañan a sus caballos deben presentar todos sus papeles en regla.
El expediente de la investigación realizada por el Cuerpo Nacional de Policía se encuentra ahora a disposición de la Delegación del Gobierno en Toledo ya que éste es el organismo competente para proponer las posibles sanciones por las infracciones contra la Ley de Extranjería.
El delegado del Gobierno es Máximo Díaz-Cano del Rey. Un miembro del PSOE de Castilla La-Mancha que ha desarrollado toda su actividad política en el entorno de José Bono. Fue senador por designación de la Junta de Comunidades entre 1998 y 1999. También formó parte de los ejecutivos de Bono en diversos cargos. Primero como director general de Cultura y después ocupó las consejerías de Administraciones Públicas y de Portavoz.
La contratación de personal en situación irregular se considera en la Ley de Extranjería como una infracción muy grave y establece una sanción que oscila entre 6.000 y 60.000 euros por cada empleado.

EL DIGITAL DE CASTILLA-LA MANCHA

CONFIDENCIAL

Zapatero premió al alto cargo de Bono en Castilla-La Mancha que le traicionó

Julio Pérez Sanz fue durante un tiempo uno de los hombres de confianza de Bono en su calidad de director del Gabinete de Presidencia de la Junta de Comunidades. El desempeño de ese cargo suponía estar permanentemente al lado del presidente regional, llevarle la agenda y filtrar la mayor parte de los contactos personales o telefónicos de Bono, entre otras actividades de máxima confianza y extrema discreción. Pérez Sanz realizó esa labor hasta el año 1998, momento en que pasó a formar parte del grupo de asesores del PSOE en el Congreso de los Diputados. Dos años más tarde encabezó la investigación interna ordenada por José Luis Rodríguez Zapatero, entonces diputado de a pie, sobre el patrimonio personal de José Bono. La traición estaba consumada, tal como ya se ha contado en EL DIGITAL.

La investigación fue abortada por Felipe González pero Julio Pérez Sanz obtuvo la debida recompensa a su trabajo cuando Zapatero se hizo con la Presidencia del Gobierno. Según el diario que ha destapado el caso, El Confidencial, Pérez Sanz es "un buen ejemplo de cómo el presidente del Gobierno ha optado por situar en puestos clave a fontaneros de probada fidelidad en lugar de a profesionales de prestigio".

Pérez Sanz aceptó en el año 2000 ponerse al servicio de Zapatero para liquidar políticamente a Bono, el favorito para hacerse con la dirección del partido en el 35º Congreso Federal socialista. Jesús Caldera, hombre de confianza de Zapatero y portavoz de la extinta corriente Nueva Vía, fue el que confió a Pérez Sanz la investigación interna en busca de pruebas de un supuesto enriquecimiento ilícito de Bono o de cualquier otro asunto de su vida privada que dañara la imagen del presidente castellano-manchego. Su elección no fue casual porque Pérez Sanz conocía bien al personaje ya que había sido su director de Gabinete en la Presidencia de Castilla-La Mancha.

Después de la victoria socialista en las elecciones generales de 2004, Caldera pasó a ocupar la cartera de Trabajo y se llevó como jefe de Gabinete a Pérez Sanz, cargo en el que ha conseguido sobrevivir a su mentor: Zapatero destituyó en 2008 a Caldera enviándolo a presidir la Fundación Ideas, pero su sucesor, Corbacho, ha mantenido al singular fontanero al frente de su Gabinete.

La duda ahora es si alguno de aquellos papeles de la investigación, que nunca fue dada a conocer públicamente, se han usado en la avalancha de informaciones que se está produciendo en estos momentos sobre el patrimonio de Bono. Eso avalaría la teoría de los que piensan que los actuales ataques al presidente del Congreso provienen de su propio partido, el PSOE, para cerrarle definitivamente las puertas a una posible sucesión de Zapatero. La historia estaría repitiéndose en ese caso, casi con los mismos actores protagonistas… y los mismos villanos.