16 DE JUNIO DE 2010

EL DIGITAL DE CASTILLA LA MANCHA

EL PP SE PLANTEA PEDIR UNA INVESTIGACIÓN OFICIAL

Carpetazo del Congreso al caso Bono

La Comisión del Estatuto del Diputado del Congreso se ha declarado hoy incompetente para indagar sobre el patrimonio del presidente de la Cámara, José Bono, aunque el PP baraja la posibilidad de proponer que se abra una comisión de investigación por supuesto tráfico de influencias.

Esta comisión parlamentaria, que se reúne a puerta cerrada, ha estudiado el informe encargado hace varias semanas a los servicios jurídicos a fin de verificar si era competente o no para investigar los bienes de Bono, a raíz de distintas informaciones periodísticas publicadas en los últimos meses.

Tras analizar el informe, los miembros de la comisión han votado a favor de declararse no competentes y el PP se ha abstenido.

Posible tráfico de influencias

No obstante, el PP ha esgrimido un acuerdo plenario del 13 de febrero de 1990 para insistir en que la Comisión del Estatuto del Diputado está facultado para investigar asuntos de interés público relacionados con el tráfico de influencias.

Más allá de esta vía, el PP no descarta solicitar que se cree una comisión de investigación sobre este tema, hipótesis que ha sido criticada por el resto de grupos parlamentarios.

Según ha explicado a los medios el presidente de la comisión, Francesc Vallés, Bono le ha entregado su declaración de bienes para que la presentara ante los diputados y "ha sido tan contundente" que incluso el PP se ha visto obligado a abstenerse a la hora de decidir la competencia o no de este órgano.

Una imagen dañada

El portavoz del PP en esta comisión, Vicente Ferrer, ha lamentado en declaraciones a los medios el acuerdo final y ha alertado de que la imagen del Congreso quede dañado al transmitir la impresión de que no tiene interés en conocer "si el proceder de cualquier diputado ha sido en todo momento el que cabía esperar".

Ferrer ha subrayado que la decisión de hoy "no va a beneficiar en nada a la credibilidad de la Cámara ni a la imagen de la institución", porque "pegarle carpetazo no es lo que la ciudadanía espera del Congreso".

A su juicio, el único responsable de esta situación es Bono por "su insistencia en que la Mesa del Congreso adoptara un acuerdo que avalara su proceder durante estos últimos años", lo que propició que "esto acabara en manos de otra instancia", como es la Comisión del Estatuto del Diputado.

Un asunto de interés público

Sobre su exigencia para que esta comisión investigue a Bono, Ferrer ha alegado el acuerdo plenario de 1990 sobre atribución a la comisión de facultades para investigar asuntos de interés público relacionados con el tráfico de influencia.

Francesc Vallès, mientras tanto, ha elogiado el "esfuerzo de transparencia" de Bono, ya que ha adjuntado su declaración de bienes y la carta que envió al líder del PP, Mariano Rajoy, para mostrarle su "disposición" para hablar de su patrimonio.

De ese informe hay que concluir, según ha opinado Vallès, que la Comisión del Estatuto del Diputado tiene "competencias delimitadas", por lo que ha quedado claro que ese organismo no puede estudiar los bienes de ningún parlamentario, ya no sólo del presidente de la Cámara.

Petición de investigación

Pero fuentes del PP han señalado a Efe que, de forma paralela, estudiarán la posibilidad de pedir que se cree una comisión de investigación que podría estudiar la actividad desarrollada por Bono en su etapa anterior a ser presidente del Congreso: en los años en los que ejerció de jefe del Ejecutivo castellano-manchego y, luego, de ministro de Defensa.

Sobre esta posibilidad, Vallès ha destacado que se trata de un intento de "judicializar la política" que "no fortalece la democracia". "El Partido Popular sabe que este asunto está zanjado", ha apostillado.

Este tema llegó a la Comisión después de que la Mesa del Congreso le remitiera un escrito presentado en la Cámara por un abogado de Murcia, que pedía que se investigara el patrimonio de Bono.

Durante este tiempo, el PP ha presentado una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, en la que traslada las últimas informaciones publicadas y reclama la "urgente" intervención en el caso de la Fiscalía Anticorrupción.