07 DE JUNIO DE 2010

LA GACETA DE INTERECONOMIA

El PP dice que la Fiscalía miente al asegurar que le ha respondido sobre el ‘caso Bono’

Desde el Ministerio Fiscal se mantiene que “el martes” lo enviaron a los populares. En el PP lo niegan: “No es verdad”. El Comité de Dirección del partido estudiará la querella en el Supremo contra el ex ministro.

“Es mentira”, aseguran tajantemente desde la dirección del Partido Popular; “no hemos recibido nada de nada”, insisten. A la sorpresa del sábado, cuando los populares se enteraban a través del diario La Vanguardia de que la Fiscalía General del Estado que dirige Cándido Conde-Pumpido les respondía a sus escritos sobre el caso Bono acusándoles de “buscar un proceso inquisitorial” con sus demandas, ayer se sumó una nueva, cuando otros tres diarios publicaban sendas piezas –sin firma–, ahondando en esta misma información y, en alguno de los casos, precisando que la citada contestación del Ministerio Fiscal ya obraba en poder de los populares.
Sin embargo, la Fiscalía General del Estado mantiene, tal y como se ha asegurado a LA GACETA, que el martes de la semana pasada se hizo llegar un escrito al Partido Popular en respuesta a los tres anteriores al último (que ya se califica como “denuncia”, aportando un nuevo giro al caso), en el que, según las filtraciones, se contesta negativamente a las peticiones del PP sobre el caso Bono.
LA GACETA se puso ayer en contacto con el responsable de comunicación de la Fiscalía para manifestarle la sorpresa de este diario al ver como varios medios de comunicación se hacían eco de un escrito de esta institución que, no sólo es que no esté a disposición pública, sino que ni siquiera ha llegado a las partes, como atestiguan desde el PP. Entretanto, va filtrándose convenientemente.

El escándalo de la Fiscalía

La Fiscalía General del Estado la ha vuelto a hacer. Entre los cometidos de esta institución tan destrozada por Cándido Conde-Pumpido no figura, desde luego, el ir filtrando informaciones a medios amigos. Y, sin embargo, eso es lo que hemos estado viendo estos días pasados: aun antes de que el equipo jurídico del Partido Popular tuviera, según sus desmentidos, una respuesta formal a los escritos presentados ante la Fiscalía instándole a Pumpido a investigar los modos y maneras por los que José Bono ha aumentado su patrimonio de modo tan notable, diversos periódicos de Barcelona y de Madrid tenían la información privilegiada que sobre este asunto les ha ido filtrando puntualmente la Fiscalía. Estamos ante un intolerable uso partidista de una institución que no es del señor Conde-Pumpido, sino que sirve a todos los españoles por igual. Porque, al pedir que se investiguen los modos en que Bono ha acumulado su magno patrimonio, lo que se exige es que sea investigado como cualquier otro español sería investigado en un caso similar. Por la Fiscalía o por la Agencia Tributaria, de la que tampoco se tiene noticia alguna a estas horas. La dimisión de Cándido Conde-Pumpido se hace, por tanto, necesaria conforme a estos dos puntos: en primer lugar, por haber establecido un ámbito de protección para Bono ajeno a la igualdad ante la Ley y que es una desproporción flagrante para todos los españoles; en segundo lugar, por haber alterado el buen funcionamiento de su institución filtrando lo que no debía ser filtrado con clara intencionalidad política de respaldar al poder y de echar un capote al presidente del Congreso.
Ciertamente, no es sólo la Fiscalía la que debe tomar cartas en el caso Bono. En un caso como éste, el de una persona que ha manejado cantidades insólitas de dinero difícilmente trazable. La Agencia Tributaria, ese mismo organismo alentado por el Gobierno a una mayor rapacidad recaudatoria, debe también investigar los movimientos dinerarios de José Bono y su entramado empresarial e inmobiliario. Si Hacienda somos todos, también lo es, también ha de serlo José Bono. A fin de cuentas, si ni la Fiscalía ni la Agencia Tributaria intervienen con decisión en el caso Bono, estaríamos ante uno de los mayores escándalos de nuestra democracia: el hecho de que una persona, por el hecho de ser poderosa, no sólo no sea investigada, sino que las autoridades que están obligadas a aplicarse en la investigación, hayan optado por sumarse a una estrategia previa de amparo de Bono. Véase, por ejemplo, que Bono sigue guardando silencio, pues ya está la Fiscalía para hablar por él. ¿A qué extremo de desprestigio ha llegado esta institución, o a qué punto ha llegado el poder del propio Bono?
En la escandalosa doble vara de medir que aplica Conde-Pumpido, para investigar a un miembro del Partido Popular le basta con una denuncia anónima. En cambio, para poder investigar un incremento patrimonial y una red de relaciones, subvenciones, favores y contratas, no basta con informaciones contrastadas.
Hay, así, una justicia de derechas y una justicia de izquierdas, acompañadas de sendas campañas mediáticas orquestadas desde el poder político y judicial para inflar fuera de toda proporción el presunto regalo de unos trajes y minimizar el caso Bono con una estrategia de comunicación de descaro sin precedentes. Las filtraciones y manipulaciones de la Fiscalía, su alineamiento con el poder político y su impunidad a la hora de saltarse el principio de igualdad ante la Ley, sin embargo, a lo único que contribuyen es a que de los indicios de irregularidad se pase a la peor de las sospechas.

PERIODISTA DIGITAL.COM

La institución entroniza dos varas de medir, una en Valencia y otra en Toledo
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La Fiscalía, el poderoso Bono y el gran bochorno
No se trata de condenar al ex presidente castellanomanchego por su patrimonio, sino de investigar cómo lo ha logrado

L.G., 06 de junio de 2010 a las 11:16

El principio de igualdad ante la Ley es uno de los pilares del Estado de Derecho.
En virtud de este principio, el Poder Judicial queda obligado a atenerse a las mismas normas para juzgar a cualquier ciudadano, precisamente porque a todos los ciudadanos les alcanzan esas normas por igual.
La igualdad ante la Ley es también un principio esencialmente democrático, por el cual ninguna persona, por mucho poder de que disponga, ha de contar con fueros privilegiados o tratos de favor. La igualdad ante la Ley avala al propio Poder Judicial como trama institucional ajena a presiones políticas.
Por eso mismo, cuando se pervierte en la práctica este principio, cuando las propias autoridades modifican a su antojo la aplicación de las leyes, cuando jueces y fiscales investigan y juzgan por oportunismo político o por sectarismo ideológico, cuando, en definitiva, la Fiscalía acepta doblar la cerviz ante el Ejecutivo y transigir con sus imposiciones, la vida institucional de una nación queda marcada con una herida de corrupción casi irrestañable.
Desaparece la seguridad jurídica y se vulnera la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Aparece el escándalo.
Las filtraciones realizadas este viernes por la Fiscalía a un periódico catalán a propósito del caso Bono son un ejemplo prístino de perversión de su papel institucional y sorprenden por el desahogo con que abonan, con su alineamiento partidista, este escándalo de la ciudadanía.
En primer lugar, ¿cómo es posible que un medio amigo reciba filtraciones y los servicios jurídicos del PP, los que han presentado los escritos no hayan recibido aún ninguna información?
Eso ya es, de por sí, un movimiento del todo deplorable, en tanto que no busca sino desacreditar las informaciones desveladas por el diario de La Gaceta, apagar la sorpresa de millones de españoles que quieren una explicación sobre el incremento patrimonial de Bono, e ir generando en la opinión pública un ambiente favorable al rechazo de las argumentaciones presentadas por el PP ante la misma Fiscalía.
En definitiva, la Fiscalía de Pumpido, un fiscal que hace muchos años que abandonó todo escrúpulo ante la legalidad para ser ariete político del Gobierno, ha buscado reforzar la tesis que retrata a Bono como víctima, en lo que es una burla intolerable a la realidad de las cosas: en la misma situación patrimonial que tiene Bono, cualquier ciudadano español sería investigado.
¿Por qué no alguien que además está obligado, en razón de su cargo, a una mayor ejemplaridad en la transparencia?
Es de temer que la respuesta a esta pregunta nos sitúe con toda crudeza ante la pudrición que hay en la Fiscalía, teóricamente encargada de velar por el cumplimiento de la legalidad.
Si la propia Fiscalía no se atiene a un principio tan básico de la legalidad como es la igualdad ante la Ley, ¿qué resquicio de legitimidad y de credibilidad le queda?
Como fuere, son los argumentos filtrados por la Fiscalía los que resultan aún más increíbles. Pumpido y sus acólitos recurren a la falacia envuelta de angelismo, acusando al PP de intentar "abrir un proceso inquisitorial" contra Bono, cuando lo que se quiere es que se le investigue con todas y cada una de las garantías que por Ley asisten al presidente del Congreso. Por otra parte, desde la Fiscalía se citan como detonantes de la solicitud de investigación la existencia de "meras sospechas" y no de "hechos contrastados", cuestión que sería casi cómica de no ser tan grave.
¿Qué informaciones de La Gaceta han sido desmentidas por Bono? Siervo incluso de sus propias palabras, Bono no ha hecho sino recurrir a tácticas evasivas y a propagar la especie de una campaña de la derecha en su contra, cuando lo cierto es que, aun cuando hubiera campaña, los hechos son los hechos, y es a los hechos a los que hay que atenerse.
¿Quiere más indicios la Fiscalía para ponerse a investigar y cumplir con su papel? ¿No bastan con los múltiples bienes inmobiliarios adquiridos por Bono y familia; no bastan con sus áticos, sus pisos, sus más que sorprendentes permutas, sus caballos, la actividad de su hípica y la manera en que esta se financió?
¿No bastan con sus relaciones, siempre con dinero público y privado de por medio, con el constructor y contratista de la Junta de Castilla-La Mancha, Rafael Santamaría, sospechosamente magnánimo con el presidente del Congreso?
Si no bastan estos y otros indicios, si no basta el hecho de que el patrimonio de Bono se compadezca difícilmente con sus ingresos, hoy publica este diario un nuevo caso de subvenciones millonarias concedidas por Bono a su familia.
Contra los sofismas de la Fiscalía, no se trata de condenar al señor Bono por su patrimonio, sino de investigar los medios por los cuales ha logrado ese patrimonio.
¿Qué se oculta detrás de la intangibilidad que Pumpido le está otorgando a José Bono? Si algún medio ha aceptado ocultar las peculiaridades de Bono y no informar sobre su caso, allá él con su venalidad y con su falta de conciencia y profesionalidad, pero la inactividad y las filtraciones que muestran el sometimiento de la Fiscalía nos afectan a todos.
Y son tanto más graves cuanto que entronizan en la práctica el establecimiento de dos varas de medir: una para el irrisorio caso de los trajes de Camps, con una persecución inflada fuera de toda proporción, y otra para el mayúsculo caso de las propiedades de Bono.
Una vara de medir para los españoles de derechas, en definitiva, y otra para los de izquierdas. Si los trajes de Camps son "cohecho impropio", ¿qué podrían ser las multimillonarias propiedades de Bono?
De seguir en sus trece la Fiscalía, el caso Bono no sólo significará el bochorno general, sino el fin de unas instituciones arrasadas por el descrédito.

Su primo es administrador solidario de la adjudicataria
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Bono subvencionó a una empresa de su familia
Dio 75.000 euros en 2003 a Agroindustrial Río Guadalmena, propiedad de su tía Teresa Bono
L.G., 06 de junio de 2010 a las 10:52

Primero se publicó que José Bono, presidente del Congreso y ex presidente de Castilla-La Mancha, ayudó a la empresa agraria de su amigo el constructor Rafael Santamaría, Vega del Záncara.
Después, el diario La Gaceta desveló que también hubo subvenciones agrarias a una empresa del dueño de Reyal Urbis que se dedica a vender pisos y arrendar locales comerciales en Madrid, Yalqui.
Y ahora, revelan que el presidente del Congreso de los Diputados, tercera autoridad del Estado, también le dio dinero público de todos los castellanomanchegos a la empresa de su tía, Teresa Bono Pretel, siendo él presidente de esta comunidad autónoma.
Así lo atestiguan documentos oficiales de la Junta de Castilla La-Mancha sobre las subvenciones adjudicadas en 2003 por la Consejería de Agricultura para "cultivos herbáceos".
De acuerdo con estos datos, el Gobierno de José Bono otorgó ese año 74.759 euros a la compañía Agroindustrial Río Guadalmena.
La propietaria de esta empresa es Teresa Bono, tía del presidente del Congreso, pero es uno de sus hijos, Enrique Rodríguez, el millonario primo del ex ministro de Defensa, quien actúa como administrador solidario y asiste a las juntas de accionistas de la empresa.

EL CONFIDENCIAL.COM

FUE LETRADO DE UNA DE LAS VÍCTIMAS DE LA MATANZA DE ATOCHA
El verdadero Bono: de modesto abogado laboralista a amante del dinero y la 'jet'
@José L. Lobo / Alberto Mendoza.- 07/06/2010 (06:00h)
Han pasado ya más de 33 años, pero José Bono jamás olvidará la mañana de aquel 24 de enero de 1977, cuando tres abogados laboralistas de CCOO, un estudiante de Derecho y un auxiliar administrativo fueron asesinados brutalmente por activistas de extrema derecha en un despacho situado en el número 55 de la calle de Atocha, en Madrid. No lo olvidará, entre otras razones, porque aquel salvaje atentado llevó a la balbuciente Transición a uno de sus momentos más críticos y a punto estuvo de provocar su naufragio; pero, sobre todo, porque el hoy presidente del Congreso, entonces también letrado, como las víctimas, defendió a la familia de una de ellas, Luis Javier Benavides, en el tenso juicio que siguió a la matanza.
¿Queda algún resto de aquel abogado joven, luchador e idealista en el político sediento de poder, súbitamente enriquecido y frecuentador de millonarios de todo pelaje y personajes de la jet? El pasado enero, dos meses antes de que las primeras vergüenzas de su fabuloso -y sospechoso- patrimonio personal quedasen al descubierto, Bono acudió al acto de homenaje a las cinco víctimas de la matanza de Atocha celebrado en la sede central de CCOO. Y allí aseguró que el asesinado Benavides, a cuya familia representó en el juicio como uno de los ocho abogados de la acusación particular, "tenía muchas identidades: fue comunista, de CCOO, cristiano, hijo de un registrador de la propiedad y nieto de un general franquista, y se puso del lado de la verdadera causa de la política. Fue uno de los que lucharon por la libertad y la igualdad".
¿Reconocería hoy el difunto Benavides a su abogado defensor -que logró para los instigadores y autores de la matanza, entre ellos José Fernández Cerrá y Carlos García Juliá, penas de casi 200 años de cárcel- en el Bono bon vivant que ha logrado amasar en un tiempo record un patrimonio prácticamente inalcanzable para un servidor público? El ex presidente de Castilla-La Mancha, a diferencia del abogado asesinado, nunca fue comunista ni militante de CCOO; pero sí comparte con aquél la fe cristiana -aunque su precoz vocación sacerdotal acabó malográndose- y sus raíces franquistas: el padre del presidente del Congreso fue falangista y alcalde/cacique de Salobre (Albacete), el pueblo natal de Bono. Pero tal vez ahí acaben las afinidades entre el abogado laboralista de la calle Atocha y el político repentinamente millonario.
Ricos y famosos
Porque Benavides, muy probablemente, se hubiera sentido francamente incómodo con personajes como el constructor Francisco Hernando, El Pocero; el empresario Rafael Santamaría; el magnate del imperio Inditex, Amancio Ortega; la hija de éste, María Ortega; la hija de Carolina de Mónaco, Carlota Casiraghi, o el hijo de la Duquesa de Alba, Cayetano Martínez de Irujo. Con todos ellos -y muchos más conspicuos habitantes del universo de la jet y el famoseo- ha compartido Bono en los últimos años distendidas jornadas de lujo y camaradería en su más que rentable hípica de Toledo -montada en 2001 no sólo para ganar dinero, sino para satisfacer el capricho de su hijo José Bono Rodríguez, que abandonó prematuramente los estudios para convertirse en jinete profesional- y en otros escenarios aún más glamourosos.
La esposa de Bono, Ana Rodríguez Mosquera, no ha sido ajena al ascenso social de la familia, sino más bien una activa protagonista. Cuando aquél presidía la Junta de Castilla-La Mancha, su mujer no pasaba de mileurista con su modesto trabajo en las oficinas de la sede local del PSOE. En 2002, apenas un año antes de abrir su primera franquicia de la joyería Tous, declaró un salario de 12.984 euros anuales. El saldo medio de sus cuentas bancarias (Banco Popular, La Caixa, Caja Rural) era de 5.816 euros.
La sociedad Bono-Rodríguez ha funcionado desde entonces como un talismán para los negocios. A partir de la primera tienda de Tous en Toledo, que más tarde tuvo que cerrar, Ana consiguió abrir franquicias en Albacete, Talavera, en dos centros comerciales de Madrid y en uno de Toledo. Además, la marca catalana la eligió como imagen para promocionar y representar sus productos junto a figuras como Eugenia Martínez de Irujo. Una decisión en la que parece haber pesado más la repercusión de los cargos políticos de su marido, y la mediática boda de una de sus hijas, que su experiencia como administrativa en el PSOE manchego.

Encumbramiento social

Precisamente, la boda de su hija Amelia Bono significó en 2008 el encumbramiento social de la familia. Bono había regresado a la política para ocupar la Presidencia del Congreso y la Hípica Almenara iba viento en popa, al igual que los negocios de su mujer. Ese verano, sólo una ceremonia pudo competir en las páginas rosa con la boda de Belén Esteban: el enlace entre Amelia y Manuel Martos, hijo del cantante Raphael y la aristócrata Natalia Figueroa.

La celebración tuvo lugar en El Cigarral del Santo Ángel de Toledo y corrió a cargo de Beatriz Hoteles, empresa patrocinadora de la hípica de Bono. Y lo que se anunció como una boda íntima se convirtió en una fiesta para 700 invitados procedentes de la política, la empresa privada y el mundo del espectáculo. Entre los más destacados, María Teresa Fernández de la Vega, Pedro J. Ramírez y Agatha Ruiz de la Prada, Alberto Ruiz-Gallardón, David Bisbal, Genoveva Casanova, Alfredo Pérez Rubalcaba, Carmen Calvo, Carlos Iturgaiz, Alberto Saiz, Luis María Ansón, Juan Pedro Hernández Moltó, María Teresa Campos, el matrimonio Tous, Lina Morgan, Paloma San Basilio, Carlos Baute o José Luis Perales.

Para regocijo de los Bono, todos acudieron puntualmente a la llamada del que fuera abogado laboralista, y dieron buena cuenta del bogavante, el solomillo de ternera o el saquito de chocolate blanco con tocino de cielo y crema de queso con piñones. Pero también hubo quien alertó de que el político socialista podía haber pecado de la misma arrogancia que José María Aznar con la boda de El Escorial.