23 DE JUNIO DE 2010

EL DIGITAL DE CASTILLA LA MANCHA

ANUNCIO DE SÁENZ DE SANTAMARÍA

El PP va en serio en el caso Bono y prepara ya un escrito oficial por tráfico de influencias

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, confirmó hoy que su formación ya ha empezado a redactar el escrito, que tiene previsto registrar en los próximos días, solicitando que la Comisión del Estatuto del Diputado abra una investigación para aclarar si el presidente del Congreso, José Bono, ha podido hacer uso de su condición de diputado para incrementar su patrimonio, es decir, si ha incurrido en un delito de tráfico de influencias.

Así lo aseguró Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces. "Estamos trabajando en su redacción, pero cada día tiene su afán", se limitó a comentar eludiendo concretar cuándo presentarán ese texto en el Registro de la Cámara.

Y una posible querella ante el Supremo

El PP ya anunció el pasado martes que, al margen de que presente su anunciada querella contra Bono en el Tribunal Supremo, se reservaba solicitar esa investigación parlamentaria, una vez que la Comisión del Estatuto del Diputado, con la abstención de los populares, se declaró incompetente para investigar el patrimonio del presidente, como había solicitado el abogado murciano José Luis Mazón a raíz de las informaciones surgidas sobre el incremento de bienes de su propiedad.

El presidente de la Comisión del Estatuto del Diputado, Francesc Vallès, solicitó un informe jurídico que dejaba claro que ese órgano no está facultado para investigar el patrimonio de los parlamentarios, ya que no tiene "expresamente" atribuida ninguna competencia en materia de declaraciones de bienes de los diputados, al contrario de lo que ocurre con las declaraciones de actividades. Esta comisión también interviene en materia de suplicatorios.

Informe jurídico

Precisamente en ese informe jurídico, al que tuvo acceso Europa Press, se hace referencia al precedente de 1990 al que va a agarrarse el PP para pedir que la citada comisión investigue si Bono ha incurrido en tráfico de influencias. Se trata de un acuerdo de la Mesa del Congreso del 29 de mayo de 1990 la Mesa del Congreso por el que se ampliaron las competencias de la Comisión del Estatuto del Diputado.

De esta forma, se facultó a este órgano para "conocer o investigar los hechos, actuaciones o comportamientos en los que los diputados pudieran incurrir en el ejercicio de responsabilidad política y que puedan representar un uso interesado o indebido de su condición en los términos del artículo 17 del Reglamento del Congreso". Este precepto establece que "los diputados no podrán invocar o hacer uso de su condición de parlamentarios para el ejercicio actividad mercantil, industrial o profesional".

Esta resolución de la Mesa se adoptó como consecuencia de la aprobación por el Pleno del Congreso de una moción del Centro Democrático y Social (CDS) que abogaba, a instancias de una enmienda introducida por CiU, por dotar a la Comisión del Estatuto del Diputado de la capacidad de investigar "supuestos de tráfico de influencias".

Para que la Comisión del Estatuto del Diputado actúe en ese supuesto -explica el informe jurídico- "es necesario que su intervención sea requerida por un grupo parlamentario, por un diputado o por un grupo de parlamentarios afectados por una información que ponga en duda la honestidad de su actuación".

Impulsar la investigación

La fórmula para impulsar esa investigación es registrar un escrito en el que "se expongan de forma circunstanciada los hechos que puedan implicar invocación o uso de la condición de parlamentario por un diputado para el ejercicio de actividad mercantil, industrial o profesional".

De aceptarse la apertura de esa investigación, la comisión podrá recabar información de las administraciones públicas para llevar a cabo su labor. También deberá dar audiencia a los interesados y elevar un dictamen con su votos particulares al Pleno. En principio, la investigación tendría carácter secreto.

En cualquier caso, las pesquisas que pretende el PP sólo abarcarían los dos años que Bono lleva ejerciendo como diputado y presidente, pues en los años anteriores fue presidente de Castilla-La Mancha y ministro, pero no tenía escaño en la Cámara Baja.

Eso sí, desde 1990 nadie ha solicitado la apertura de una investigación de estas características. El PP se prepara para tratar de inaugurar este camino, aunque su petición ha de pasar primero por la Mesa del Congreso.

En las ocasiones precedentes en que el órgano de gobierno ha tratado el caso, Bono se ha ausentado de la reunión al ser un asunto que le afectaba personalmente, lo que derivó en una situación de empate (los cuatro votos del PP frente a los cuatro que suman PSOE, CiU y PNV) ante el cual los populares impedían adoptar una decisión levantándose en el último momento para que no hubiera quorum suficiente.

El escrito del abogado Mazón sólo superó esta situación de bloqueo al acceder el PSOE, al tercer intento, a que el escrito llegara a la Comisión del Estatuto del Diputado. Con esta nueva petición de investigación a Bono podría producirse el mismo bloqueo.


LA PREGUNTA
¿Quién fue el jefe del Gabinete de Bono en la región que después le traicionó?

El asunto que ha destapado El Confidencial de la mano del periodista José Luis Lobo sobre la investigación interna que abrió Zapatero en el PSOE en torno al patrimonio de Bono, ha dejado al descubierto a algunos personajes que forman parte de la más sucia fontanería y del inframundo de la política. Uno de ellos es un antiguo director de gabinete de la Presidencia de la Junta de Comunidades, un estrecho colaborador de Bono que con el tiempo le clavaría un cuchillo en la espalda para dejar a Zapatero el camino despejado hacia la Secretaría General del partido.

El asunto se ha conocido esta semana a través de las páginas virtuales de El Confidencial y nadie ha rectificado ni una sola coma de lo publicado. Zapatero, siendo diputado nacional y líder de la corriente del PSOE Nueva Vía, ordenó que se abriera una investigación interna sobre el ya entonces considerable patrimonio personal y familiar de José Bono, presidente de Castilla-La Mancha y su principal rival en la lucha por ocupar el cargo de secretario federal del PSOE dejado vacante por Joaquín Almunia.

Fue Felipe González el que intervino personalmente para detener la investigación iniciada por Zapatero en la primavera del año 2000. Nadie entendía cómo un simple diputado se atrevía a investigar por su cuenta, sin informar al partido y utilizando a varios asesores del Grupo Parlamentario en su beneficio y en contra de otro compañero. Zapatero y otros miembros de Nueva Vía como Jesús Caldera, Juan Fernando López Aguilar, Jordi Sevilla o la actual ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, aspiraban en aquel momento a hacerse con las riendas del partido y para ello parece que no dudaron en utilizar la guerra sucia contra aquellos que pudieran cruzárseles en el camino.

¿Y quién dirigía la investigación a Bono? Pues un antiguo colaborador suyo y hombre de confianza. Tanto, que en la década de los 90 fue director del Gabinete de la Presidencia de la Junta de Comunidades, el cargo que ahora ocupa Tomy Arroyo con Barreda y por el que pasó también, en tiempos de Bono, el actual presidente de las Cortes, Francisco Pardo. Sin embargo, estas dos personas se han mantenido siempre leales a sus jefes.

Julio Pérez debió dejar de serlo en el momento en que se fue del lado de Bono. De esta forma, pocos años más tarde le vemos dirigiendo la investigación del patrimonio del presidente castellano-manchego -como ahora hacen desde La Gaceta- contando para sus pesquisas con la colaboración de otros tres asesores del partido. Pérez Sanz, íntimo amigo de Caldera, se incorporó cuatro años más tarde de aquellos hechos al equipo de éste como jefe de su Gabinete, cuando fue nombrado ministro de Trabajo en el primer Gobierno de Zapatero. Y en 2008, tras la defenestración de Caldera, el fontanero socialista ha continuado desempeñando el mismo cargo con el actual responsable de ese departamento, Celestino Corbacho.

A Pérez Sanz le situó la Cope en 2004, siendo director del gabinete del ministro Caldera, como responsable de las páginas Aznar.net y Losgenoveses.net, famosas por sus ataques furibundos al PP y a sus máximos dirigentes y a conocidos empresarios. Pérez, asesor del Grupo parlamentario socialista desde 1997, cuando dejó Castilla-La Mancha, se habría encargado de ambas webs desde un despacho del PSOE en el Congreso de los Diputados. Tras conocerse la noticia comenzaron a desaparecer los archivos de ambas páginas. Según opinaba entonces la emisora de radio, "con el dinero de todos los españoles y utilizando infraestructura pública de última generación, este diputado socialista se ha aprovechado de su puesto, además de malversar bienes y dinero público para actividades privadas de carácter político".

O sea, toda una pieza del zoológico político nacional.


LA GACETA DE INTERECONOMIA

Blanco niega que sea el gestor de ninguna operación contra Bono

González frenó una investigación de Zapatero sobre el presidente del Congreso. Cuatro asesores del PSOE buscaron irregularidades en el patrimonio del manchego.


El ministro de Fomento, José Blanco, aseguró ayer que nunca encargó una investigación sobre el patrimonio del presidente del Congreso, José Bono. A su vez, el ministro socialista también rechazó que un dossier de este tipo haya sido solicitado en alguna ocasión por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.


El Congreso agradece "oficialmente" a Bono su disposición a presentar su declaración de bienes

No parece que la mayoría del Congreso, excepto el PP, tenga mucho interés en investigar a su presidente, pese a todas las informaciones publicadas sobre su patrimonio y no desmentidas. Hoy la Cámara Baja le ha agradecido oficialmente su simple disposición a presentar su declaración de bienes.

El PP criticó hoy durante la reunión de la Mesa del Congreso y en presencia de su presidente, José Bono, que la Comisión del Estatuto del Diputado le haya agradecido por escrito que la semana pasada pusiera a disposición de este órgano su declaración de bienes para que pudieran ser consultadas antes de decidir si se declaraban o no competentes para abrir una investigación sobre su patrimonio.
Según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias, tras su reunión del pasado martes, la Comisión del Estatuto del Diputado remitió un escrito a la Mesa del Congreso para informarle de la decisión que había adoptado tras estudiar el escrito del abogado murciano José Luis Mazón, que pedía investigar los bienes de Bono.
En ese escrito, que fue analizado esta mañana por la Mesa del Congreso, se comunicaba al órgano de gobierno de la Cámara que la Comisión del Estatuto del Diputado no es competente para abrir esa investigación y se recordaba que, en cualquier caso, correspondería a los grupos promover una reforma del Reglamento del Congreso sobre esta materia si lo estiman necesario.
Reconocimiento "ridículo y exagerado"
Pero además el texto, del que se ha dado traslado a los grupos parlamentarios, incluía un reconocimiento expreso a la actitud mostrada por Bono, que fue lo que generó la protesta del PP, que considera "ridícula y exagerada" esa mención especial al presidente.
Igualmente, los 'populares' sostienen que el texto remitido a la Mesa no se sometió a votación en la Comisión del Estatuto del Diputado y que en ese encuentro se barajó como una posibilidad la inclusión del agradecimiento a Bono, pero no se llegó a concretar.
Bono, que en los debates que se referían expresamente a su persona se había ausentado de la Mesa del Congreso por estar directamente afectado, escuchó hoy personalmente los reproches del PP ante el escrito de la comisión y no hizo ningún comentario.