EL DIGITAL DE CASTILLA LA MANCHA
POR UNA VÍA NO UTILIZADA NUNCA ANTES CON NADIE
El PP pide investigar a Bono por tráfico de influencias
El PP ya anunció el pasado martes que, al margen de que presente su anunciada querella contra Bono en el Tribunal Supremo, se reservaba solicitar esa investigación parlamentaria, una vez que la Comisión del Estatuto del Diputado, con la abstención de los ´populares´, se declaró incompetente para investigar el patrimonio del presidente, como había solicitado el abogado murciano José Luis Mazón a raíz de las informaciones surgidas sobre el incremento de bienes de su propiedad.
El presidente de la Comisión del Estatuto del Diputado, Francesc Vallès, solicitó un informe jurídico que dejaba claro que ese órgano no está facultado para investigar el patrimonio de los parlamentarios ya que no tiene "expresamente" atribuida ninguna competencia en materia de declaraciones de bienes de los diputados, al contrario de lo que ocurre con las declaraciones de actividades. Esta comisión también interviene en materia de suplicatorios.
Vía impulsada por CDS y CIU
Precisamente en ese informe jurídico se hace referencia al precedente de 1990 al que va a agarrarse el PP para pedir que la citada comisión investigue si Bono ha incurrido en tráfico de influencias. Se trata de un acuerdo de la Mesa del Congreso del 29 de mayo de 1990 la Mesa del Congreso por el que se ampliaron las competencias de la Comisión del Estatuto del Diputado.
De esta forma, se facultó a este órgano para "conocer o investigar los hechos, actuaciones o comportamientos en los que los diputados pudieran incurrir en el ejercicio de responsabilidad política y que puedan representar un uso interesado o indebido de su condición en los términos del artículo 17 del Reglamento del Congreso". Este precepto establece que "los diputados no podrán invocar o hacer uso de su condición de parlamentarios para el ejercicio actividad mercantil, industrial o profesional".
Esta resolución de la Mesa se adoptó como consecuencia de la aprobación por el Pleno del Congreso de una moción del Centro Democrático y Social (CDS) que abogaba, a instancias de una enmienda introducida por CiU, por dotar a la Comisión del Estatuto del Diputado de la capacidad de investigar "supuestos de tráfico de influencias".
Para que la Comisión del Estatuto del Diputado actúe en ese supuesto -explica el informe jurídico- "es necesario que su intervención sea requerida por un grupo parlamentario, por un diputado o por un grupo de parlamentarios afectados por una información que ponga en duda la honestidad de su actuación".
La fórmula para impulsar esa investigación es registrar un escrito en el que "se expongan de forma circunstanciada los hechos que puedan implicar invocación o uso de la condición de parlamentario por un diputado para el ejercicio de actividad mercantil, industrial o profesional".
De aceptarse la apertura de esa investigación, la comisión podrá recabar información de las administraciones públicas para llevar a cabo su labor. También deberá dar audiencia a los interesados y elevar un dictamen con su votos particulares al Pleno. En principio, la investigación tendría carácter secreto.
En cualquier caso, las pesquisas que pretende el PP sólo abarcarían los dos años que Bono lleva ejerciendo como diputado y presidente, pues en los años anteriores fue presidente de Castilla-La Mancha y ministro, pero no tenía escaño en la Cámara Baja.
Vía nunca utilizada
Eso sí, desde 1990 nadie ha solicitado la apertura de una investigación de estas características. El PP se prepara para tratar de inaugurar este camino, aunque su petición ha de pasar primero por la Mesa del Congreso.
En las ocasiones precedentes en que el órgano de gobierno ha tratado el caso, Bono se ha ausentado de la reunión al ser un asunto que le afectaba personalmente, lo que derivó en una situación de empate (los cuatro votos del PP frente a los cuatro que suman PSOE, CiU y PNV) ante el cual los ´populares´ impedían adoptar una decisión levantándose en el último momento para que no hubiera quorum suficiente.
El escrito del abogado Mazón sólo superó esta situación de bloqueo al acceder el PSOE, al tercer intento, a que el escrito llegara a la Comisión del Estatuto del Diputado. Con esta nueva petición de investigación a Bono podría producirse el mismo bloqueo.
HARTOS DE LAS DISTINTAS VARAS DE MEDIR
El caso Bono, un escándalo para Cospedal
La presidenta del PP de Castilla-La Mancha y secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, afirmó hoy, sobre la petición de investigación del patrimonio del presidente del Congreso, José Bono, que "el PP va a seguir defendiendo que todos los diputados tenga igual tratamiento ante la Fiscalía, el Congreso y los órganos jurídicos".
Cospedal se pronunció así, a preguntas de los medios, en rueda de prensa, acompañada por la presidenta del Partido Popular de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, momentos antes de que ambas participaran en el Comité Intermunicipal celebrado en Guadalajara.
Después de que el pasado miércoles, la Comisión del Estatuto del Diputado del Congreso se declarase incompetente para investigar el patrimonio de José Bono, Cospedal insistió en que "el PP va a hacer lo que tenga que hacer para que se trate a todo el mundo por igual. Ya estamos hartos de las diferentes varas de medir", agregó.
En este sentido, aseguró que habría sido un escándalo en el país si, en lugar de Bono, hubiera sido de Luisa Fernanda Rudi, quien también ocupó el puesto de presidenta del Congreso de los Diputados, de quien hubieran aparecido informaciones sobre un incremento patrimonial que no se ajustaba a lo declarado por el diputado.
viernes, 18 de junio de 2010
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