07 DE JULIO DE 2010

LA GACETA DE INTERECONOMIA

Alfredo Perdiguero, portavoz del Sindicato Federal de Policía

"El que incumpla la ley, que lo pague, se llame Pepito Pérez o José Bono"

A la Justicia no debería importarle si un político es del PP o del PSOE". La hípica de Bono tenía cinco empleados 'sin papeles'. Cuatro de ellos continúan trabajando en las instalaciones.

Alfredo Perdiguero, portavoz del Sindicato Federal de Policía en Madrid declara a LA GACETA: “Es incongruente que estén dando órdenes de detener a todos los extranjeros en situación ilegal a todas las unidades de Policía de Madrid, y de muchas comunidades más, y que un político tenga trabajando inmigrantes ilegales. Es totalmente ilógico” explica el agente.
La situación de ilegalidad de cinco operarios de la hípica del presidente del Congreso ha llevado a los tribunales al administrador único de la sociedad Hípica Almenara, de la que José Bono es propietario de un 80% y su cuatro hijos del 20% restante. Ramón Navas, gerente del centro hípico y ex chófer del político, está imputado por un delito contra los derechos de los trabajadores.
Una vez que se hizo público en medios de comunicación que el centro contaba con al menos un trabajador sin papeles, el pasado 1 de julio, la Jefatura de Inspección de Trabajo y Seguridad Social realizó un reconocimiento en la hípica. El órgano dependiente del ministerio que dirige Celestino Corbacho explica a este periódico que encontró documentación sobre un trabajador en situación irregular y que dio traslado del expendiente a la policía. La duda que genera esta versión es si se trata por tanto de un empleado en situación irregular –el mismo que saltó a los medios de comunicación–, u otro distinto.
Navas insistió a este diario que sólo había un operario en situación irregular y que “no tiene ninguna relación con Hípica Almenara”.
Sin embargo, según han confirmado fuentes policiales, las diligencias del caso explican que eran cinco los trabajadores sin papeles. Estos datos fueron trasladados la semana pasada a los juzgados de Toledo. Cuatro de estos empleados eran de nacionalidad rumana y no contaban con los permisos de trabajo en regla. El quinto era de nacionalidad brasileña y había falsificado su documento de identidad.
Poco después de que se sucedieran estos hechos, este diario visitó las instalaciones de la hípica y pudo comprobar cómo los cuatro mozos rumanos continuaban trabajando en la empresa. Algunos de ellos incluso vivían en unas casas bajas situadas dentro del recinto del centro hípico de los Bono.
Quejas
En referencia a Ramón Navas, Perdiguero comenta que “si ha cometido un delito según la ley, desde luego tiene que pagarlo. Ahora, si quiere hacer responsable o coresponsable a alguien más, él sabrá, pero desde luego era responsable de la contratación y estaba puesto directamente por Bono. Él sabrá qué hace, y tendrá que responder ante la Justicia de lo que ha hecho fuera de la legalidad”.
No obstante, también considera que el presidente del Congreso podría tener que asumir responsabilidades en el caso: “Debería tener una supervisión mayor de sus negocios aunque estén a nombre de sus hijos, pero que pueden ser suyos, y si hay un encargado como tal, que sea de acuerdo a la legislación vigente”.
El policía explica que la Justicia debería actuar de la misma forma con los políticos “sin importar si son del PP o del PSOE”.
Salarios declarados
Según han indicado fuentes policiales a LA GACETA, Navas Barchino se habría hecho responsable de la contratación de trabajadores de la hípica.
El gerente y administrador único de la sociedad eximiría así a Bono y su familia de cualquier posible imputación.
Navas fue chófer del presidente del Congreso durante su etapa como presidente de Castilla-La Mancha y es uno de los hombres de confianza de la familia.
A pesar de que Navas Barchino declaró a este diario que todos los trabajadores de la hípica estaban en plantilla, según las cuentas presentadas por Hípica Almenara ante el Registro Mercantil hasta 2006 no hubo gasto alguno en personal. Sin embargo, en el centro hípico ya había operarios trabajando desde 2002, año en el que comenzó la actividad de la sociedad.
Según han explicado fuentes que frecuentan desde hace años la hípica de Bono desde hace años ,“hay algunos de los rumanos que llevan muchos años, uno incluso está desde antes que se abriera la hípica”.
De acuerdo con estas mismas fuentes el primero de ellos entró a trabajar en 2002, mientras que el resto de los empleados lo han hecho entre 2006 y 2007.
En las cuentas anuales de 2006, Hípica Almenara declaró haber pagado 47.758 euros en salarios. Al año siguiente la cantidad aumentó hasta los 77.393,98 euros. En 2008, la hípica volvió a reducir sus gastos de personal y sólo declaró un sueldo, que corresponde al órgano de administración –que ocupa Ramón Navas–, de 22.521,19 euros.
Además de los mozos de cuadras, en la hípica también trabajan profesores de equitación, aunque éstos, conforme explica Navas Barchino, “facturan de forma autónoma; tienen una empresa particular. Su contrato es de uso de las instalaciones. La relación con ellos es un contrato oral, ellos son independientes”.
'Caso Bono'
Cayo Lara exige a la Fiscalía que llame a declarar a 'El Pocero'
Lara consideró que "a estas alturas, después de que IU presentara denuncia en la Fiscalía hace cuatro años, es incomprensible que aún 'El Pocero' no haya sido llamado nunca a declarar, ni si quiera como testigo".

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), exigió hoy a la Fiscalía Anticorrupción que "llame de manera inmediata a declarar" al empresario Francisco Hernando, conocido como 'El Pocero', para que explique sus relaciones con el Gobierno de Castilla-La Mancha, "y también con la persona que presidía ese Gobierno en aquel momento" de desarrollo de la urbanización 'El Quiñón' de Seseña, José Bono. "Que explique también los beneficios que pudo obtener gracias a las leyes que entonces se elaboraban en la Comunidad Autónoma", agregó.
En rueda de prensa, Lara consideró que "a estas alturas, después de que IU presentara denuncia en la Fiscalía hace cuatro años, es incomprensible que aún 'El Pocero' no haya sido llamado nunca a declarar, ni si quiera como testigo".
"Dos años después de la denuncia de IU se produjo la denuncia de la Fiscalía del anterior alcalde de Seseña, el socialista José Luis Martín, por delitos de cohecho, prevaricación y contra la Hacienda Pública. Un cohecho no se puede hacer por una persona sola y tienen que participar por lo menos dos, y por eso es incomprensible que cuatro años después todavía no se sepa quien está en la otra parte del presunto cohecho", planteó.
A su juicio, además, el PP "no debería sacar tanto pecho con este asunto, porque va a terminar dándole la vuelta a la historia y va a parecer que ha sido el gran defensor de la transparencia, la legalidad y la lucha contra la corrupción, y es necesario en esto ir a la hemeroteca".
De esta manera, recordó que quien presentó la denuncia a la Fiscalía Anticorrupción fue IU y el alcalde de Seseña, Manuel Fuentes, en el verano de 2006. Agregó que IU y Fuentes son los que "han recibido quince querellas por parte del empresario durante este período de tiempo, la mayoría ya archivadas".
"El Quiñón se fue desarrollando con los votos favorables de 4 concejales del PSOE de Seseña, y de otros 4 concejales del PP, por lo que todos fueron responsables directos de su desarrollo, y ninguno de los dos partidos paró a sus concejales. La responsabilidad mayoritaria es del Gobierno de Castilla-La Mancha, del PSOE, pero hay una corresponsabilidad necesaria del PP", sentenció.

EL DIGITAL DE CASTILLA-LA MANCHA

ANTE LAS ACUSACIONES DE PASIVIDAD FRENTE A BONO

Anticorrupción defiende su papel en el caso Seseña

La Fiscalía Anticorrupción ha afirmado este martes que el informe emitido por la Intervención General del Estado sobre el "Caso de Seseña", en el que cuestiona el papel jugado por José Bono durante su mandato como presidente de Castilla-La Mancha, no apoya "la existencia de posibles responsabilidades penales en el ámbito de la comunidad autónoma".

La Fiscalía Anticorrupción ha emitido este martes una nota para salir al paso de las acusaciones hechas por el PP de "pasividad" de la Fiscalía Anticorrupción a la hora de investigar la actuación que tuvo en 2003 el Gobierno de Castilla-La Mancha, entonces presidido por José Bono, en la tramitación del PAU El Quiñón de Seseña (Toledo), promovido por el constructor Francisco Hernando El Pocero.

Diligencias informativas

Así, Anticorrupción afirma que el 25 de julio de 2006, inició unas diligencias informativas para determinar posibles irregularidades cometidas en el ámbito municipal de Seseña, tras la denuncia presentada por IU por un posible trato de favor del Gobierno regional al Pocero.

"Al comienzo de esa investigación, fue la propia Fiscalía Anticorrupción quien solicitó un informe a la Unidad de Apoyo adscrita a dicha Fiscalía de la Intervención General del Estado", afirma la fiscalía.

Pero, "las conclusiones del mencionado informe, recibido el 14 de mayo de 2007, no apoyaron la existencia de posibles responsabilidades penales en el ámbito de la comunidad autónoma", precisa.

Se tomaron declaraciones

Además, señala que en el curso de dichas diligencias, el representante del ministerio público tomó declaración a diversos responsables de la Junta de Castilla-La Mancha y solicitó a diversos organismos públicos y entidades privadas diversa documentación sobre la recalificación urbanística ocurrida en el municipio toledano.

No obstante, la Fiscalía Anticorrupción no llamó a declarar al constructor Francisco Hernando durante los dos años que duró la investigación por un presunto trato de favor en la tramitación del PAU El Quiñón por considerar que "no procedía", tal y como reconoció en su día la propia Fiscalía en un escrito remitido al constructor.

La Fiscalía Anticorrupción presentó en julio de 2008 una denuncia en el juzgado de instrucción número 4 de Illescas contra el que fuera alcalde de Seseña, José Luis Martín (PSOE), por los posibles delitos de prevaricación, cohecho y delito contra la hacienda pública.

La investigación de la Fiscalía Anticorrupción "continúa abierta, a la espera de recibir la documentación solicitada" con el fin de averiguar posibles responsabilidades en la mencionada actuación urbanística.


VISITA OFICIAL CON RAJOY A TORRIJOS Y FUENSALIDA
Cospedal cuestiona la parálisis de la Fiscalía en el caso Bono

La secretaria general del PP y presidenta del PP en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, se ha preguntado hoy "cómo es posible" que la Fiscalía actúe "tan rápida y tan veloz" en algunos asuntos y sea "tan indolente" para investigar asuntos como el de Seseña y José Bono.

Cospedal ha participado en un acto político del PP en Torrijos (Toledo), junto al presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, y se ha referido al dictamen del Tribunal de Cuentas sobre el PAU el Quiñón, en Seseña, y al informe de la Intervención General del Estado cuestionando la actuación del Gobierno de Castilla-La Mancha cuando lo presidía José Bono.

"Queremos saber lo que ha pasado en Seseña y cómo es posible que la Fiscalía sea tan rápida y tan veloz para algunas cosas y tan indolente para investigar otras", ha dicho María Dolores de Cospedal.

Por otra parte, la presidenta regional del PP ha insistido en que el PP "quiere saber" lo que ha sucedido en CCM y solicita una comisión de investigación.

En este mismo sentido, Mariano Rajoy ha dicho durante su intervención, entre aplausos de los asistentes: "con nosotros no hubiera desaparecido CCM".

Rajoy ha exigido explicaciones sobre Caja Castilla La Mancha y ha dicho que esta comunidad autónoma es la única que se ha quedado "sin caja" y ha precisado que "no es irrelevante" lo que ha sucedido con CCM.


NO SE PUEDE PASAR POR ALTO
El entorno de Cospedal quiere mano dura del PP en el caso Bono

Lo cuenta este martes El Confidencial. La estrategia política y judicial puesta en marcha por el Partido Popular con el caso de José Bono y dirigida por Federico Trillo, coordinador de Justicia y Libertades Públicas, ha generado cierto grado de perplejidad y descontento en un sector del PP que desearía más contundencia en un asunto en el que se pone en duda el supuesto incremento patrimonial del actual presidente del Congreso y ex presidente de Castilla-La Mancha.

Un malestar que ha generado incluso "desconfianza" hacia la figura del ex ministro en el entorno de la propia secretaria general, María Dolores de Cospedal, candidata del PP a la presidencia de Castilla-La Mancha. En este entorno se considera necesaria mano dura para abordar un asunto que muchos en la dirección del PP consideran un gran escándalo.

Exprimir el caso Bono

Según El Confidencial, no son pocos los que creen que el principal partido de la oposición podría exprimir mucho más su acoso hacia el presidente de la Cámara Baja. Y es que, en este caso, varios medios de comunicación han encontrado un buen filón para poner en duda las numerosas propiedades adquiridas por José Bono y su familia durante los últimos años. Un abultado patrimonio que podría no corresponderse con las retribuciones públicas recibidas por el socialista en sus diferentes cargos públicos como ex presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, ex ministro de Defensa y actual presidente del Congreso. Además, sus relaciones de amistad y cercanía con empresarios como Rafael Santamaría (Grupo Reyal Urbis), a quien supuestamente ha beneficiado desde la Junta de Castilla-La Mancha y de quien ha recibido numerosos regalos, y Francisco Hernando El Pocero, podrían considerarse, según algunos sectores populares, supuesto delito de cohecho impropio, tal y como se le imputa al presidente popular de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps.

Así las cosas, la estrategia seguida por el equipo jurídico del Partido Popular ha sido la de presentar ante el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, hasta cinco denuncias en las que el PP se hacía eco de las muy numerosas informaciones publicadas en los medios de comunicación durante los últimas semanas. Una estrategia "poco consistente" que no ha gustado mucho en el entorno de Cospedal y que ha sido fácilmente echada por tierra por la propia Fiscalía, que ha reprochado al PP que no haya presentado más pruebas o indicios más allá de las informaciones periodísticas.

SE HIZO UNA INSPECCIÓN
La Delegación del Gobierno asegura que los trabajadores de la hípica de Bono son legales
Los trabajadores de la Hípica Almenara, propiedad de la familia del presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, están en situación regular. Así consta en una inspección realizada por la Inspección de Trabajo a dicha hípica, según han informado a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha.

Fuentes próximas a la gerencia de la Hípica aseguraron a Europa Press que hace unos diez días la policía detuvo a un inmigrante brasileño mientras realizaba unos trámites en la Oficina de Extranjería de Toledo, al detectarse que se encontraba en España de manera irregular.

Este brasileño, señalan, trabajaba como "mozo de cuadra" para una de las clientas de la hípica, pero -aclaran- "no tenía ninguna relación contractual con la propia hípica".

A raíz de esta detención, añaden, el gerente de la hípica, Ramón Navas, se personó ante la policía para aclarar que los siete trabajadores de la hípica están en situación legal y dados de alta en la Seguridad Social.

Días después de la detención, la Inspección de Trabajo realizó una inspección en la que se acredita que todos los trabajadores están en situación legal, según la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha.


NOTA OFICIAL
Duro comunicado de urgencia de Caballero contra Cospedal por el caso Bono

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha exigido esta tarde a la secretaria general del PP y presidenta de este partido en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, que de manera inmediata pida perdón tanto en nombre propio como en el de su partido "por haber dado pábulo a informaciones que se han demostrado totalmente falsas sobre el presidente del Congreso de los Diputados, José Bono".

Caballero se refería así en un comunicado de urgencia a la información aparecida esta tarde en la agencia de noticias Europa Press, en la que, como ha recogido EL DIGITAL, se señala que la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha ha confirmado que los trabajadores de la "Hípica Almenara", propiedad de la familia Bono, están en situación regular, como así consta en una inspección realizada por la Inspección de Trabajo a dicha hípica. Esta información desmiente por tanto rotundamente las informaciones que, en este sentido, había publicado el diario La Gaceta.

Acoso y derribo

El responsable socialista afirmó que tanto Cospedal como su partido, en esa "campaña de acoso y derribo" que han puesto en marcha contra Bono, "apoyándose en algunos medios de la derecha más dura de este país", inmediatamente se hicieron eco de esta noticia e incluso han llegado a presentar una pregunta al Gobierno de la Nación pidiendo explicaciones sobre la situación laboral de los trabajadores de la hípica.

Caballero también lamentó la actitud que en este sentido ha tenido la portavoz regional del PP, Carmen Riolobos, que en varias ocasiones – la última hoy mismo- calificó, "basándose en una información falsa" de "increíble que se haya descubierto que la tercera autoridad del Estado haya contratado a empleados ilegales y todavía no haya tenido la vergüenza de dimitir".

El tiempo da y quita razones

Para el responsable socialista, al final, el tiempo da y quita razones y "queda al descubierto la forma "barriobajera y rastrera" de hacer política que tienen estos dirigentes del PP, que de ninguna manera merecen sus militantes y votantes".

En su opinión, de nuevo "Cospedal ha sido pillada haciendo lo que más le gusta, que es acusar sin pruebas". Según Caballero, la dirigente del PP, "ha mentido, ha calumniado y ahora se pone de manifiesto que ha utilizado una información falsa para agredir y atacar a su adversario político y eso es despreciable".

Para Caballero, la secretaria general del PP debería tomar la decisión de dejar paso a otras personas de su partido "que hagan política sin necesidad de calumniar, de difamar y de mentir".

DECLARACIONES DE CARMEN RIOLOBOS
Asombro del PP por los "ilegales" en la hípica de Bono

La senadora y portavoz del PP en Castilla-La Mancha, Carmen Riolobos, ha calificado de "increíble" que el ex-presidente de la región y presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, tuviera, presuntamente, cinco empleados trabajando de forma ilegal en la empresa familiar Hípica Almenara de Toledo.

Riolobos se ha referido así a la información que hoy publica La Gaceta y ha tachado de "increíble" el caso, después del "escandaloso asunto" del patrimonio del ex-presidente de Castilla-La Mancha.

Bono, en la picota

"Bono está en la picota -ha añadido la portavoz del PP regional en rueda de prensa- no porque haya una campaña contra él, sino, porque lo que antes era imposible que saliera en los medios de comunicación ahora está saliendo".

Riolobos se ha referido también al dictámen del Tribunal de Cuentas sobre el PAU el Quiñón y el informe de la Intervención General del Estado que cuestionan la actuación del Gobierno regional cuando era presidido por Bono.

El Partido Popular ha vuelto a abundar en sus críticas de "pasividad" a la Fiscalía Anticorrupción, que debería sacar de los archivos estos informes y volver a investigar el asunto.

CCM, Virtus, aeropuerto, Bono

Además de referirse al caso Bono-Seseña y El Pocero, Riolobos también ha vuelto a insistir en los casos de CCM, Virtus, Aeropuerto de Ciudad Real, con lo que "la sospecha de corrupción en Castilla-La Mancha es cada vez mayor" y todo ello requiere una explicación en sede parlamentaria, ha indicado Riolobos.

Según la portavoz del PP, primero José Bono y después José María Barreda han caído en "una especie de borrachera de poder" en una "especie de régimen estalinista".

Sobre el "viaje de lujo" que hizo al Perú José María Barreda invitado por CCM cuando era vicepresidente de la Junta y acompañado de su mujer, la diputada socialista Clementina Díez de Baldeón, Riolobos ha reconocido que a estos viajes fueron también representantes del PP.

Pero, ha precisado, no es lo mismo, ya que los populares viajaron en su condición de cargos como directivos o miembros en los órganos de gestión de CCM, mientras que Barreda era vicepresidente de un Gobierno que tiene la función de supervisión y control de la Caja, que arrastra hasta el momento un agujero de más de siete mil millones de euros, según ha dicho la dirigente del PP.