06 DE JULIO DE 2010

LA GACETA DE INTERECONOMIA

Editoriales
Bono, salpicado
Es propietario de una empresa con presuntas prácticas delictivas.

Se deben cumplir las leyes “gusten o no”, dijo ayer José Bono refiriéndose a la sentencia del TC sobre el Estatut. Imaginamos que ese respeto universal a la legalidad del que hace gala incluirá también la Ley de Extranjería. Porque el caso de las cinco personas que Bono ha tenido trabajando ilegalmente en Hípica Almenara, destapado por LA GACETA, e investigado por la Policía, está ya en manos de los tribunales.
La Policía ha dado traslado a los juzgados de Toledo de las diligencias, en las que Ramón Navas Barchino, gerente de la hípica, está imputado por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, por tener a cinco en situación ilegal. Se trata de cuatro rumanos que no disponen de permisos para trabajar y un brasileño que carece del de residencia. Éste último tenía falsificados los documentos que acre¬ditaban su identidad real ante los agentes de extran¬jería.
Estaríamos ante una infracción muy grave, según la Ley de Extranjería (art. 53. 1a), a la que corresponde una sanción que oscila entre los 6.000 y los 60.000 euros por empleado. Quien está acusado es el administrador único de Hípica Almenara, Navas Barchino. Judicialmente todas las responsabilidades terminan y acaban en él. Pero no se pueden olvidar un par de detalles que salpican moralmente a José Bono. Primera, que el presidente del Congreso posee el 80% de las acciones de Almenara (y el 20% restante, sus hijos). Es decir, que sobre un historial en el que aparecen varias irregularidades y no suficientemente aclaradas adjudicaciones o tratos de favor de empresarios, se suma ahora el ser propietario de una empresa que comete prácticas presuntamente delictivas. Segundo detalle, Navas Barchino no es un alto ejecutivo sacado de una escuela de negocios, sino el antiguo chófer de Bono de su etapa de presidente de Castilla-La Mancha. Es decir, un hombre de su estrecha confianza, sin otra cualificación específica para dirigir la empresa ecuestre que su cercanía al político socialista. Cabría preguntarse si éste no estaba enterado de cómo empleaba Navas Barchino a los trabajadores, y también si no le debió exigir responsabilidades, por esa mala gestión y esas prácticas irregulares.
Los esfuerzos por achicar agua de las vías abiertas en la barca del culebrón Bono están siendo ímprobos. Tanto la judicial, taponada bochornosamente por el fiscal general del Estado, al dar carpetazo a la investigación de las irregularidades; como la política, anulada en el Parlamento por la Comisión del Estatuto del Diputado. Pero son tantas las propiedades de Bono y familia y tantos los vasos comunicantes con redes clientelares en torno a quien fue durante más de veinte años factótum de Castilla-La Mancha, que se van abriendo nuevas brechas donde quedan de manifiesto presuntas irregularidades dignas de investigación.
La lupa del Tribunal de Cuentas y de la Intervención General del Estado ya están encima de las supuestas responsabilidades de la Junta castellanomanchega en la construcción de la ciudad de El Pocero. Y, al propio tiempo, la Justicia tiene delante el caso de los trabajadores ilegales. Pero la tercera autoridad del Estado sigue negándose a asumir responsabilidades políticas, y a ofrecer explicaciones, en tanto que se escuda en que todo obedece a una campaña difamatoria contra su persona. Son tantas las evidencias y tan contundentes, que ha perdido toda credibilidad política.
La Policía traslada al juzgado el caso de los trabajadores ilegales de la hípica de Bono
Al administrador único de la hípica, Ramón Navas Barchino, se le imputa un delito contra la libertad de los empleados. Cinco asalariados de la instalación ecuestre estaban en situación irregular

José Bono es el propietario del 80% de la Hípica Almenara. El 20% restante se divide a partes iguales entre sus cuatro hijos. En este centro ecuestre trabajaban cinco empleados de forma ilegal, según han asegurado fuentes de la Policía nacional a este diario. El caso fue trasladado la semana pasada por la Policía a los juzgados de Toledo.
Hasta ahora, el único imputado es el gerente de la sociedad y ex chófer de Bono, Ramón Navas Barchino, al que se le achaca un presunto delito contra la libertad de los trabajadores, ya que éste es el administrador único desde 2008 de la sociedad, que cuenta con cinco trabajadores en situación irregular en el centro ecuestre.

Bono sigue sin responder preguntas relacionadas con El Pocero

Elude responder preguntas sobre el trato de la Junta de Castilla-La Mancha a El Pocero cuando él era presidente.

El presidente del Congreso, José Bono, no ha querido responder a ninguna pregunta sobre la información acerca de un informe de la Intervención General del Estado en el que se denunció el trato de la Junta de Castilla-La Mancha al Pocero en la etapa de presidencia de José Bono.
"La misma pregunta que hace una semana, la misma sonrisa y la misma respuesta: el cumplimiento estricto con la legalidad por encima de cualquier campaña de cualquier signo y con cualquier intención", se limitó a contestar.
Estatut de Cataluña
Bono también ha asegurado hoy, en referencia a la intención del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de acordar con Cataluña un desarrollo legal para "reforzar" el Estatut tras la sentencia, que no le corresponde pronunciarse sobre lo que dice el jefe del Ejecutivo, pero agregó que los gobiernos no son "presos" de la legislación sino que "son libres cuando cumplen la ley".
"Eso es lo que hemos de hacer todos, el Parlamento, el Tribunal Constitucional, los políticos, los ciudadanos, cumplir la ley, en el Estatuto de Autonomía de Cataluña y en cualquier otro ámbito", insistió, para concluir asegurando que lo que une a los españoles es que las leyes se aprueban "democráticamente" y "gusten o no" hay que cumplirlas.
Por otro lado, rechazó el restablecimiento del recurso previo de inconstitucionalidad para el conjunto de las leyes, pero defendió que se estudie para el caso de las normas que son sometidas a referéndum, para que los ciudadanos tengan "la seguridad de que están votando algo que, salga o no salga de las urnas refrendado, es constitucional".
Así se ha manifestado el presidente del Congreso en San Lorenzo de El Escorial, antes de inaugurar un curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid sobre la reforma electoral en España.
'Ley del Aborto'
Preguntado por la entrada hoy en vigor de la Ley del Aborto y la posibilidad de establecer para una ley así el citado recurso previo, Bono respondió que extenderlo a todas las leyes es "muy paralizante y poco eficaz". "Ya lo tuvimos y hubo que eliminarlo", recordó.
Añadió sin embargo que "algunos tratadistas" apuestan por recuperar esta figura en el caso de las leyes que son sometidas a referéndum, como es el caso del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que Bono no citó al referirse a este asunto. "Y no les falta razón en su planteamiento argumentativo", aseguró.
Respecto al fallo en sí del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, José Bono subrayó que lo más importante en el Estado de Derecho es "el imperio de la ley" y que en este caso "no cabe más que desear que el ordenamiento jurídico sea el que impere".
"La ley es lo que debe predominar sobre los sentimientos o sobre cualquier otro planteamiento. Esa es la esencia del sistema y quien interpreta la ley en el ámbito constitucional es el Tribunal Constitucional, nos guste más o menos, y hemos de acostumbrarnos a que el imperio de la ley es la regla", argumentó.

EL DIGITAL DE CASTILLA-LA MANCHA

DANIEL MARTÍNEZ

Un líder de la región saca pecho tras el informe sobre Bono y El Pocero desvelado hoy por El Mundo

El coordinador general de IU en Castilla-La Mancha, Daniel Martínez, ha recordado hoy que fue esta formación la que presentó en 2006 una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por la tramitación del PAU de El Quiñón de Seseña, y ahora ha vuelto a pedir explicaciones al Gobierno regional sobre esta actuación urbanística a partir de la información que este lunes publica el diario El Mundo sobre un informe oficial que denuncia trato de favor al constructor Francisco Hernando El Pocero por parte del Gobierno regional presidido por José Bono.

A preguntas de los periodistas, Martínez se ha mostrado "prudente" ante esta información de El Mundo, según la cual un informe de la Intervención General del Estado remitido a la Fiscalía Anticorrupción atribuye al Gobierno regional, presidido entonces por José Bono, "grave dejación de responsabilidades o protección de intereses ilegítimos" en este PAU.

Cuatro años pendientes de la Fiscalía Anticorrupción

El actual alcalde de Seseña, Manuel Fuentes, y el entonces coordinador regional de Izquierda Unida, Cayo Lara, presentaron una denuncia en Anticorrupción por posibles irregularidades e, incluso, posibles delitos en el desarrollo del citado PAU cuyo promotor fue el constructor Francisco Hernando, a quien el Ayuntamiento de Seseña reclama cuatro millones de euros de deuda.

Tras dos años de investigaciones, la Fiscalía Anticorrupción dio por terminado su trabajo en julio de 2008 con la denuncia al ex-alcalde socialista de la localidad, José Luis Martín, por los posibles delitos de prevaricación, cohecho y contra la hacienda pública.

Desde hace dos años, el caso está en un juzgado de Illescas, al que Martínez ha pedido hoy "celeridad" en la investigación del caso.

También ha aprovechado para volver a pedir al Gobierno regional "explicaciones" sobre su actuación en la tramitación de la macrourbanización, donde se han construido unas cinco mil de las más de trece mil viviendas proyectadas.


TRAS EL ESCANDALOSO INFORME OFICIAL

El PSOE regional también habla de campaña contra Bono, y culpa a la prensa

La tesis del PSOE es la misma que la del propio Bono: hay una campaña de difamación. Sin embargo, las últimas acusaciones llegan del Tribunal de Cuentas y la Intervención General del Estado.

El portavoz socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, José Molina, ha recalcado hoy que la Justicia no ha encontrado indicios de delito del Gobierno regional en la tramitación del PAU de El Quiñón de Seseña y ha denunciado una campaña "sin el más mínimo fundamento" para dañar a José Bono y al PSOE.

Molina, en rueda de prensa, ha sido preguntado por el informe de la Intervención General del Estado que hoy publica El Mundo y que plantea que el Ejecutivo regional, cuando lo presidía Bono, o bien incurrió en "dejación de funciones" o bien protegió "intereses ilegítimos" en la tramitación de un PAU promovido por Francisco Hernando El Pocero, que preveía la construcción de 13.508 viviendas en Seseña (Toledo).

Molina no ha aclarado si en esta campaña contra Bono, atribuida por los socialistas al PP, están también incluidos la propia Intervención General del Estado, autora de este informe, o el Tribunal de Cuentas que la pasada semana acusaba gravemente al presidente del Congreso.

El portavoz socialista ha dicho que este caso ha sido investigado por los tribunales (ese informe fue enviado a la Fiscalía Anticorrupción) y "en ningún caso" se ha apreciado ningún indicio de delito ni ninguna responsabilidad de otro tipo en el Gobierno regional.

De hecho, ha subrayado que "el principal argumento" de ese informe -la autorización de 13.508 viviendas mediante un plan parcial y sin un plan de ordenación municipal- motivó un recurso del Ayuntamiento de Casarrubios del Monte (Toledo) que fue desestimado.

Por ello, José Molina ha considerado que se trata de una noticia "tergiversada" que busca "montar un escándalo donde no lo hay" dentro de una campaña "para hacer daño a una persona y a un grupo político sin el más mínimo fundamento".


EL CASO BONO VA A MÁS

El PP exige a Barreda que explique la actuación de Bono y la Junta con El Pocero

El secretario de Acción Parlamentaria del PP de Castilla-La Mancha, Leandro Esteban, ha destacado esta mañana que la realidad está devolviendo "a la superficie todo lo que en su momento se negó" sobre las presuntas irregularidades cometidas por la Junta de Castilla-La Mancha en la autorización de promociones inmobiliarias al constructor Francisco Hernando, conocido como El Pocero, en El Quiñón de Seseña (Toledo).

En rueda de prensa, Esteban se ha referido a la información publicada este lunes por el diario El Mundo para volver a pedir que el presidente regional, José María Barreda, dé explicaciones "de un asunto detrás de otro" porque, de lo contrario, debería "dejar el Gobierno".

El PSOE dijo que no había nada, pero sí hay

El portavoz popular se ha referido, en este punto, a todas las dificultades que se le pusieron al PP cuando quiso acceder a la documentación sobre este caso y a cómo "se despachó" el asunto en una comisión "prácticamente sorpresiva".

Esteban ha insistido en cómo el PSOE, sobre este particular, dijo "muchas veces" que "no había nada que investigar, negándose a dar explicaciones". Sin embargo, ha agradecido que ahora se imponga "el tiempo, los hechos y la realidad" y se evidencie que "hay mucho que investigar en este asunto", que debería haber sido "investigado por la Fiscalía Anticorrupción".

"¿Qué tiene que pasar en Castilla-La Mancha para que alguien dé alguna explicación política?" sobre este asunto, Caja Castilla La Mancha o el aeropuerto de Ciudad Real, se ha preguntado finalmente Leandro Esteban.


UN INFORME OFICIAL DENUNCIA FAVOR AL POCERO

El caso Bono se desboca

Un contundente informe oficial y confidencial sobre la macrourbanización de Seseña (Toledo) que este lunes publica en portada el diario El Mundo da una nueva vuelta de tuerca al caso Bono y pone más aún bajo sospecha al presidente del Congreso y ex presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, acosado por las fuertes y numerosas acusaciones sobre su enriquecimiento. Aunque Bono insiste una y otra vez en que todo es una campaña de difamación contra él, las evidencias parecen cada vez más claras. El citado informe que hoy publica El Mundo asegura que el Gobierno castellano-manchego de Bono dio trato de favor al constructor Francisco Hernando El Pocero.

Bajo el titular a cuatro columnas de "El interventor denunció el trato de la Junta de Bono a El Pocero", el diario de Pedro J. Ramírez abre este lunes su edición nacional en portada con una amplia información, de tintes escandalosos, en la que se pone de manifiesto el trato de favor de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, bajo mandato de José Bono, al constructor Francisco Hernando El Pocero en su gigantesca y controvertida urbanización de Seseña, en Toledo.

Vulneración de la legalidad

Según esta información, el Gobierno de Castilla-La Mancha presidido por José Bono vulneró la Ley al autorizar en 2003 la aprobación de la promoción inmobiliaria de Francisco Hernando El Pocero, en la localidad toledana de Seseña.

"Sólo hay dos posibles razones para que Bono y su equipo en la Junta permitieran el cúmulo de irregularidades que se produjeron en la recalificación de 1,8 millones de metros cuadrados de suelo rústico a favor del constructor: «O grave dejación de responsabilidades o protección de intereses ilegítimos»", afirma El Mundo, según asegura un durísimo informe oficial de la Intervención General del Estado remitido de forma confidencial hace tres años a la Fiscalía Anticorrupción, al que ha tenido ahora acceso el citado periódico.

Un desatino

Este informe fue elaborado en 2007 a petición de la Fiscalía Anticorrupción por el jefe de su unidad de apoyo en la Intervención General del Estado, Jaime López Alonso. El documento oficial y confidencial considera "un desatino" que una operación con mil millones de plusvalía y que quintuplicaba la población fuera "cubierta por el manto de un Plan Parcial".

El Mundo completa su amplia informacion (portada a cuatro columnas y dos páginas interiores abriendo la sección de nacional) con un duro editorial en el que, bajo el título de "El Pocero, Bono y los límites del cohecho impropio", pone de relieve lo escandalosa que resulta esta situación así como el hecho inexplicable de que la Fiscalía Anticorrupción tenga en sus manos este informe desde hace tres años y aún no haya iniciado procedimiento alguno para depurar responsabilidades.

Esta escandalosa información se viene a sumar al informe del Tribunal de Cuentas que, como ha informado EL DIGITAL, cuestiona gravemente la actuación de Bono en Seseña, así como a las numerosas informaciones en torno al llamativo enriquecimiento del ahora presidente del Congreso y sus múltiples propiedades. El caso Bono se está desbocando.


TODO ES UNA CAMPAÑA, DICE

Bono resuelve con una sonrisa y la misma respuesta las nuevas acusaciones contra él

El presidente del Congreso, José Bono, ha proclamado hoy el "cumplimiento estricto de la legalidad" por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha respecto a la urbanización de Francisco Hernando El Pocero en Seseña y ha vuelto a vincular las últimas noticias de este caso a una "campaña" dirigida contra él.

El diario El Mundo publica hoy un informe de la Intervención General del Estado remitido hace tres años a la Fiscalía Anticorrupción que supuestamente atribuye al Gobierno autonómico castellano-manchego "grave dejación de responsabilidades o protección de intereses ilegítimos" en la gestión urbanística de la "macrourbanización" de Francisco Hernando en Seseña (Toledo).

Como el documento se refiere a la etapa en que Bono presidía el Ejecutivo autonómico, los periodistas le han preguntado por esta cuestión a su llegada a los Cursos de Verano de la Universidad Complutense, que se han inaugurado hoy en San Lorenzo de El Escorial.

No ha querido Bono extenderse con detalle sobre este asunto, y se ha limitado a recordar que se le dirigía "la misma pregunta que hace una semana" ante la cual él ofrece "la misma sonrisa y la misma respuesta".

Esta contestación ha sido: "El cumplimiento estricto con la legalidad por encima de cualquier campaña de cualquier signo y con cualquier intención".

José Bono ha intervenido en un curso sobre "La Reforma Electoral en España".


CONFIDENCIAL

Máxima inquietud en el PSOE regional por el rumbo que lleva el caso Bono

El caso Bono ha hecho saltar todas las alarmas en el PSOE de Castilla-La Mancha. La preocupación es máxima entre los socialistas de la región en torno al cúmulo de informaciones que se están publicando sobre el llamativo enriquecimiento del presidente del Congreso y ex presidente de la Junta de Comunidades, José Bono, y más recientemente, en torno a su relación con el constructor Francisco Hernando El Pocero y su actuación en la más que controvertida megaurbanización de Seseña, en la provincia de Toledo, cuando era jefe del Ejecutivo autonómico.

El caso tiene todos los ingredientes para convertirse en un fuerte quebradero de cabeza no sólo para el propio Bono sino también para el PSOE, particularmente en Castilla-La Mancha, donde temen que este feo asunto puede terminar salpicando al actual Gobierno regional. Las informaciones que desde hace varios días viene publicando el diario El Mundo con graves acusaciones contra Bono y su relación con Seseña tanto por parte del Tribunal de Cuentas como de la Intervención General del Estado pueden marcar un antes y un después en relación con un caso que, quien sabe, puede terminar como un nuevo escándalo en nuestra democracia. Ya no estamos sólo ante las informaciones de un periódico como La Gaceta, estigmatizado, además, como la extrema derecha mediática, sino ante documentos periodísticos que informan de graves acusaciones sobre Bono desde instituciones del Estado, con todo lo que ello conlleva, más aún tratándose del presidente del Congreso y tercera autoridad nacional. Tampoco se trata ya, evidentemente, de afirmaciones lanzadas desde el Partido Popular para laminar políticamente a Bono, sino de un caso mucho más serio que, pese a la pasividad mostrada hasta ahora por la Fiscalía Anticorrupción, puede terminar resolviéndose en los tribunales de justicia. La democracia española merece, desde luego, que se sepa toda la verdad de este asunto, pase lo que pase.

Por eso, las alarmas han saltado en el PSOE de Castilla-La Mancha, donde son conscientes de que todo este asunto ha tomado un rumbo que puede derivar no sólo en consecuencias para el propio Bono sino también para el Ejecutivo castellano-manchego, muy tocado ya por el crecimiento progresivo que, según la mayoría de las encuestas, está experimentado el PP regional bajo el liderazgo de María Dolores de Cospedal. A las dificultades que ya plantea por sí misma la situación para los socialistas en la región viene a sumarse ahora un "marrón" de tintes peligrosos para el partido en el gobierno.

Es verdad que hasta ahora, este caso casi está limitado a los medios de comunicación, pero tiene todo el aspecto de saltar antes o después de una forma muy llamativa a las instituciones políticas y a los tribunales. Hasta ahora Bono se ha limitado a defenderse con declaraciones generales o intervenciones puntuales en los medios, y también con un dossier supuestamente exculpatorio en torno a su fortuna que ha enviado a determinados periodistas y sectores, pero parece que el cariz de los acontecimientos va a exigirle algo más a partir de ahora. Tal vez debiera ser el propio Bono, si realmente es tan inocente como dice (cosa que no negamos en absoluto hasta que, en su caso, se demuestre lo contrario) el que tomara la iniciativa más allá de palabras bonitas y sonrisas purificadoras, aunque parece que, según ha anunciado, será el PP el que lleve este asunto a los tribunales y toda la causa llegue hasta donde tenga que llegar.

Desde luego, eso sería lo más justo y que toda la verdad resplandezca sobre Bono: para exculparle de todo y devolverle íntegramente su imagen y su prestigio o para lo que tenga que ser. La justicia debe ser la misma para todos, incluido por supuesto José Bono.