05 DE JULIO DE 2010

LA GACETA DE INTERECONOMIA

El informe destaca un gran número de irregularidades urbanísticas cometidas

Bono pudo impedir las irregularidades de la ciudad de El Pocero y no lo hizo

La Junta pudo “haber impedido parte de las irregularidades”, según el Tribunal de Cuentas. No ejerció sus “funciones de control e intervención”. El informe destaca un gran número de irregularidades urbanísticas cometidas.

La Junta de Castilla-La Mancha ignoró la construcción de la macrociudad de Francisco Hernando, El Pocero, en Seseña, según se desprende del informe del Tribunal de Cuentas sobre las presuntas irregularidades cometidas por el ayuntamiento la localidad toledana en el proceso de recalificación y concesión de licencias por parte del consistorio. El dictamen señala con claridad la nula atención por parte de la Junta a uno de los proyectos más importantes y polémicos que se realizaron durante de la última legislatura de José Bono al frente de la Administración manchega.
El informe de fiscalización de la gestión urbanística del ayuntamiento señala a la Junta de Castilla-La Mancha como responsable, por omisión, de las irregularidades cometidas por parte del consistorio toledano. Según el Tribunal de Cuentas, la Junta “debería ejercitar en el ámbito de sus competencias las funciones de ordenamiento, control, inspección, sanción e intervención que el ordenamiento vigente le otorga”.
El texto puntualiza su crítica hacia la Administración manchega explicando que “de haberse practicado adecuadamente, podrían haber impedido parte de las irregularidades y modificaciones del planeamiento no justificadas en el interés general”.
Tramitación
El documento, además de significar la falta de atención de la Junta de Castilla-La Mancha, expone las múltiples irregularidades que cometió el Ayuntamiento de Seseña en la tramitación de los expedientes, así como la gran cantidad de ocasiones en las que transgredió la Ley de Ordenación del Territorio y de Actividad Urbanística (Lotau). En concreto, estudia de forma detallada las decisiones tomadas por el ayuntamiento para efectuar la recalificación de los terrenos y otorgar las licencias para el levantamiento de la macrociudad en lo que antes eran unos terrenos rústicos. También trata la falta de previsión del consistorio respecto a los servicios públicos.
Trato de favor
La constructora de Francisco Hernando que edificó el PAU de El Quiñón en Seseña también realizó obras en la hípica del presidente del Congreso. Onde 2000 fue contratada directamente por el entonces presidente de la Junta para realizar las obras de remodelación de la hípica que posee en Toledo. El caso fue llevado a los tribunales por Izquierda Unida en 2008. El escrito de la denuncia enlaza la entrada de la maquinaria de El Pocero en la hípica de Bono con un cambio en la actitud de los socialistas manchegos, señalando que “marca un punto de inflexión muy importante en todo el procedimiento que nos ocupa. Se agudizan e intensifican las actuaciones y comportamientos de cargos públicos y responsables municipales del Grupo Municipal del PSOE en Seseña que no se corresponden, incluso son incompatibles, con la defensa de los intereses generales del municipio, más bien atienden a intereses privados, que no son otros que los de la empresa Onde 2000”.
Según explicaron desde la constructora a LA GACETA “fue la administración de Hípica Almenara la que llamó a nuestra empresa para averiguar si éramos capaces de llevar a cabo una serie de trabajos en su recinto”. Responsables de la compañía de Francisco Hernando comentaron a este diario: “La hípica de Bono necesitaba un nuevo sistema de canalización, reconducir las aguas a través de un colector a la red general de alcantarillado, un sistema de conducción de aguas pluviales para evitar encharcamientos por lluvia…”. Añaden, además, que “por algo Francisco Hernando es experto en subsuelos y saneamiento”.
Fuentes del sector hípico han explicado a este diario que unas obras de esa importancia podrían superar los cinco millones de euros. Además de los 600.000 euros que según el presidente del Congreso costaron las obras, más de 400.000 fueron pagados por tres de los patrocinadores de Hípica Almenara: Porcelanosa, Hoteles Beatriz y Seguros Pelayo. El resto habría sido pagado por la propia hípica, según las cifras que ha hecho públicas el político.

EL CONFIDENCIAL.COM

EL TC CENSURA AL EX PRESIDENTE MANCHEGO POR SU PAPEL EN SESEÑA
El fiscal del Tribunal de Cuentas abre otro frente a Bono por su relación con El Pocero
@Alberto Mendoza.- 05/07/2010 (06:00h)
El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Olayo Eduardo González, ultima un informe sobre la gestión urbanística en Seseña (Toledo), donde el constructor Francisco Hernando, El Pocero, levantó su macrociudad gracias a la complicidad del Ayuntamiento y a la falta de controles por parte del Gobierno autonómico que presidía José Bono. Las conclusiones de la Fiscalía se basan en un documento del propio Tribunal de Cuentas, al que ha tenido acceso este diario, donde se denuncian decenas de irregularidades en la aprobación y desarrollo del proyecto urbanístico de El Pocero.

Según fuentes próximas a este organismo, es previsible que el fiscal inicie las actuaciones necesarias para depurar las responsabilidades administrativas y, en su caso, penales que se desprendan de la investigación del Tribunal de Cuentas. Se trata de un nuevo frente para Bono, que ya acumula varias denuncias del Partido Popular ante la Fiscalía General del Estado por el extraordinario crecimiento de su patrimonio en los últimos años.

El "Informe de fiscalización de la gestión urbanística del Ayuntamiento de Seseña", cuyo contenido avanzó el diario El Mundo, y que sirve de base al fiscal, fue aprobado por el pleno del Tribunal de Cuentas el pasado 24 de junio, y firmado por su presidente, Manuel Pérez Núñez, el pasado viernes, por lo que se espera que llegue al Congreso y al Senado este semana. En sus 330 páginas, incluidas las alegaciones, subraya que "la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha debería ejercitar, en el ámbito de sus competencias, las funciones de ordenación, control inspección, sanción e intervención que el ordenamiento vigente le otorga y que de haberse practicado adecuadamente podrían haber impedido parte de las irregularidades y modificaciones del planeamiento no justificadas en el interés general".

Es decir, que el Gobierno castellanomanchego, cuando estuvo presidido por Bono y, después, por el también socialista José María Barreda, no cumplió con su obligación de hacer cumplir la ley en el municipio de Seseña, icono de la burbuja inmobiliaria y de la construcción descontrolada sin garantía de abastecimiento de servicios básicos, como el agua. El Plan de Actuación Urbanística (PAU) de El Quiñón, núcleo del Residencial Francisco Hernando, "supuso la reclasificación de 1.822.147 metros cuadrados de suelo rústico a suelo urbanizable de uso residencial". "Además, implicó la creación de un nuevo núcleo de población, con una configuración urbanística de densidad muy alta y edificabilidad próxima al límite", señala el informe.

El proyecto implicaba un crecimiento de la población de Seseña de entre el 500 y el 750%, o lo que es lo mismo, entre 32.000 y 47.000 habitantes más. Y para el Tribunal de Cuentas no queda lugar a dudas: esta masiva reclasificación de suelo carece de "fundamentación y soporte alguno, no estando justificada la edificabilidad y densidad residenciales en análisis de viabilidad, ni en estudios de mercado que permitan pronunciarse sobre su adecuación a la mejora del bienestar de la población o al desarrollo del término municipal".

Polémica aprobación del proyecto urbanístico

La aprobación de este plan se remonta al 8 de mayo de 2003, cuando el Ayuntamiento de Seseña estaba dirigido por el socialista José Luis Martín, y la Comunidad estaba regida por Bono. Se celebró un Pleno extraordinario en el consistorio cuando la legislatura tocaba a su fin, pero sin poner a disposición de los concejales la documentación necesaria para conocer el proyecto. De hecho, como reitera el Tribunal de Cuentas, el informe de evaluación ambiental previa, fechado el 29 de abril, no entró al ayuntamiento hasta el 9 de mayo, un día después de la celebración del pleno.

"Además, en el Acta del Pleno del 8 de mayo de 2003 se menciona, pero no se transcribe, que existe informe favorable al PAU de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Dicho informe está fechado el 8 de mayo de 2003, es decir, el mismo día en que se aprobó el PAU, si bien no consta sellada ni su salida de dicho organismo ni entrada en el Ayuntamiento a través de los respectivos registros", denuncia el organismo fiscalizador. El ambicioso proyecto de El Pocero volvió a aprobarse en octubre de 2003, pero como apunta el Tribunal de Cuentas, seguía sin justificarse adecuadamente la adjudicación de las obras a la empresa de El Pocero Onde 2000, S.L.

La amistad entre Bono y 'El Pocero'

Onde 2000 es uno de los nexos de unión entre Bono y Francisco Hernando, ya que esta empresa llevó a cabo obras en la hípica del actual presidente del Congreso de los Diputados y, según ha reconocido El Pocero, fueron pagadas por los patrocinadores de las instalaciones, y no por Bono. El político socialista y el constructor mantuvieron durante años una estrecha relación de amistad, que se torció cuando Hernando se sintió abandonado por el ex presidente castellanomanchego al multiplicarse los problemas en torno a Seseña.

Sin embargo, durante la larga etapa de más que buenas relaciones entre Bono y El Pocero era muy habitual que las familias de ambos compartieran jornadas festivas en Hípica Almenara, el hipódromo propiedad del político socialista situado a las afueras de Toledo. El constructor y su esposa, María Audena del Saz, acompañados de sus hijos y nietos, solían acudir a la hípica los domingos para que los más pequeños montaran en pony y más tarde compartir la comida. Fue en uno de estos encuentros cuando, según varios testigos, El Pocero presumió de haber regalado a la mujer de Bono, Ana Rodríguez Mosquera, un Porsche Cayenne negro valorado en unos 80.000 euros.


EL DIGITAL DE CASTILLA-LA MANCHA

CONFIDENCIAL

Denuncias anónimas y no tanto sobre Bono inundan la centralita del PP

La dirección nacional del PP está recibiendo numerosas llamadas con denuncias anónimas o con nombres y apellidos en torno al patrimonio del presidente del Congreso y ex presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, según informa El Confidencial Digital.

Según fuentes del Partido Popular consultadas por este periódico, se trata de una cantidad ingente de informaciones, que en muchos casos vienen de personas de la zona de Castilla-La Mancha. Se cita, especialmente, a un perfil muy concreto como filtrador de datos sobre Bono: funcionarios y trabajadores de la Administración, así como personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Las denuncias, anónimas o no anónimas, están llegando al PP, y también están llegando a los distintos medios de comunicación. Fuentes populares revelan que fue así como se conoció, por ejemplo, la presunta situación irregular de los trabajadores de la familia Bono en la Hípica Almenara.

Según personas de la dirección del PP a las que ha tenido acceso el citado diario, es el propio Mariano Rajoy quien dio órdenes de llegar hasta el final en el conocido como caso Bono. La decisión de Rajoy fue determinante, en tanto que no pocos en el partido pensaban que Bono no era un objetivo fundamental.

Precisamente por decisión de Rajoy, y contra el criterio inicial de Soraya Sáenz de Santamaría, el PP presentó en el Congreso hace escasos días una batería de preguntas parlamentarias a propósito del caso Seseña y las relaciones entre Bono y Francisco Hernando El Pocero.

Si bien desde el PP siempre se ha afirmado que el caso Seseña perdió hace mucho tiempo el interés mediático, el informe del Tribunal de Cuentas sobre "negligencias" de Bono en torno a las actuaciones de Hernando, en Génova se cree que este informe es un buen agarradero para ir en contra del presidente del Congreso, una vez agotadas las vías de la Fiscalía y del propio Congreso. Asimismo, el PP no descarta, llegado el caso, llevar el caso Bono al Tribunal Supremo, tal como ha venido informando EL DIGITAL.