18 DE JUNIO DE 2011

LA GACETA DE INTERECONOMIA
La Audiencia de Toledo frustra la investigación de la hípica de Bono
El Tribunal Supremo esperaba el resultado de las pesquisas. El Pocero fue requerido por la juez para entregar las facturas y no lo hizo.

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D. Carrasco. Madrid
El ex presidente de la Junta de Castilla-La Mancha y presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, acaba de salvarse de otra actuación judicial. La Audiencia Provincial de Toledo ha dictado un auto por el que revoca la decisión de la juez que admitió a trámite la querella contra los administradores de la Hípica Almenara, propiedad de Bono. De esta manera, la Audiencia frustra la investigación que esperaba el Tribunal Supremo sobre el centro ecuestre.
Y es que hace dos semanas la Sala Penal del Supremo archivó la querella presentada por la asociación Justitia et Veritas. Sin embargo, al referirse a la Hípica Almenara, afirmó que “está siendo objeto de investigación, de forma que existiendo un procedimiento penal en trámite, esta Sala considera que no existen de momento elementos suficientes para iniciar una causa contra un aforado, sin perjuicio de cual sea el resultado del procedimiento anterior”.
Ahora, los magistrados de Toledo consideran que la acusación popular, representada por la Asociación Ciudadanía Anticorrupción, no tiene “legitimación para iniciar un procedimiento penal” por un presunto delito societario y de falseamiento de las cuentas anuales. De esta manera, el auto acepta el recurso del Ministerio Fiscal y de los cuatro administradores de la hípica.
La acusación denunció el notable incremento patrimonial del centro ecuestre durante los ejercicios de 2004 a 2008. Además, sus inversiones no se reflejaban en las cuentas anuales y los administradores no recogieron los beneficios que justificaran la ampliación de las instalaciones del negocio. En este contexto, la juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Toledo ordenó abrir una investigación para esclarecer los hechos.
Para la Audiencia de Toledo, “no existen intereses generales para perseguir los delitos porque no se han visto afectados por tal conducta”. Además, “tales hechos sólo podrían ser denunciados por la propia sociedad, por Bono o sus hijos, o por terceros perjudicados, y no consta que alguno lo haya hecho”.
Desobediencia
Otro asunto importante ligado a este es que el juzgado de Toledo requirió en más de una ocasión a la empresa de Francisco Hernando, El Pocero, toda la documentación sobre las obras de la hípica.
Según fuentes jurídicas, “las facturas no han sido entregadas a la juez, por lo que se abre todo tipo de especulaciones sobre cuál sería el contenido de la documentación requerida a dicho empresario sobre la Hípica Almenara”. “Un inconveniente más de cerrar los asuntos en falso”, apuntan. En este sentido, las mismas fuentes consideran que “la actitud del empresario confirma un posible delito de desobediencia al juez y de obstrucción a la Justicia”.
El auto también refiere al requisito de “pluralidad de personas” para interpretarlo de una forma restrictiva. Por eso afirma que “los delitos societarios y contra el patrimonio deben ser aplicados dentro de su contexto, por lo que hay que comprobar si tiene un contenido económico”. Por eso, “no se nos puede decir que una empresa mercantil tenga la capacidad suficiente de afectar a los intereses generales”, agrega la resolución judicial.
Conviene no olvidar que la decisión de la Audiencia Provincial de Toledo no tiene efecto de cosa juzgada, lo que significa que se puede volver a conocer sobre el fondo del asunto. Los hechos denunciados no han sido juzgados.