06 DE JUNIO DE 2011

LA GACETA DE INTERECONOMIA

“El ex ministro debe estar avergonzado de cómo ha conseguido su patrimonio”
Jaime Ignacio del Burgo, abogado de Justitia et Veritas.
“Bono ha engañado a la ciudadanía de Castilla-La Mancha desde 1996”. “Iremos al Tribunal Constitucional por vulneración de los derechos fundamentales”.

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D. Carrasco. Madrid
Jaime Ignacio del Burgo es el abogado de la Asociación Justitia et Veritas. Hace tres años se jubiló de la actividad política en Navarra y en las Cortes. Ha escrito una treintena de libros sobre asuntos políticos, jurídicos e históricos. Ahora, se querella contra Bono para que aclare de dónde procede su enorme patrimonio.
-¿Por qué decidió investigar el enriquecimiento de José Bono?
-Conocí la catadura moral de este personaje cuando fui portavoz del Grupo Popular en la Comisión de investigación del llamado escándalo del lino. Acusó a un grupo de colaboradores de Loyola de Palacio y Carlos Moro, delegado del Gobierno, de que se estaban forrando con las subvenciones europeas. Todo ello era falso.
-Alguien podría decir que sólo le anima el deseo de vengar a sus amigos.
-Precisamente por eso realicé una investigación exhaustiva. Declaraciones de bienes y de actividades, escrituras de propiedad, cuentas societarias y, por qué no, también informaciones periodísticas. LA GACETA hizo una labor extraordinaria.
-¿Cuándo llegó a la conclusión de que había material suficiente como para interponer una querella?
-Cuando descubrí que Bono había engañado a la ciudadanía de Castilla-La Mancha desde 1996. En ese año declaró que en 1995 había vendido las fincas de sus padres en Salobre y destinó su importe a financiar la construcción de su casa de Olías del Rey. Una auténtica mansión. Esta coletilla la reiteró en todas sus declaraciones posteriores. Todo el mundo sabe en el pueblo que el precio de la venta ascendió a 7 millones de pesetas.
-Pero el Supremo ha archivado la querella...
-No es fácil de entender que después de que la Sala atisbe un desfase entre los ingresos, el patrimonio y las deudas del querellado, concluya que no hay razones para entender que ese desfase sea un enriquecimiento ilícito. Afirmación que se hace sin haber realizado la menor indagación.
-¿No será que no han presentado pruebas suficientes?
-Las pruebas se obtienen en el curso del procedimiento. La querella denuncia unos hechos que de ser ciertos serían constitutivos de delito. Insisto, lo determinante es que no salen las cuentas y hay que averiguar por qué.
-¿Qué papel ha jugado la Fiscalía?
-El fiscal pidió el archivo de la querella con un escrito infumable propio de un mal abogado defensor, quizás porque defendía lo indefendible.
-¿Confía en que el juzgado de Toledo llegue hasta el final para demostrar si hubo actuaciones delictivas en Hípica Almenara?
-La Sala Penal ha tomado su decisión sin recabar del juzgado información alguna sobre la querella que se tramita ante él para verificar si se investigan los mismos hechos denunciados por Justitia et Veritas. En mi opinión, son distintos.
-Después del archivo de la querella, Bono ha sacado pecho y ha arremetido, sin citarlo, contra Intereconomía. Ha calificado a este Grupo como gente mala y desvergonzada que le ha hecho daño a él y a su familia. ¿Qué le parece?
-Un político del que el Tribunal Supremo dice que se puede atisbar, es decir, conocer por indicios, que sus cuentas no cuadran, debería sentirse avergonzado, y también debería apresurarse a explicar a la sociedad cómo ha conseguido tal acumulación de patrimonio.
-¿Considera que el auto del Supremo ha puesto punto final al llamado ‘escándalo Bono’?
-De ninguna manera. Si es preciso llegaremos ante el Tribunal Constitucional. Además, no hay que descartar que en el futuro aparezcan nuevos indicios o pruebas sobre los que la Justicia tendrá que pronunciarse.
-En su querella denuncian que Bono falseó sus declaraciones de bienes y actividades tanto en la comunidad de Castilla-La Mancha como en el Congreso de los Diputados.
-Sí, pero lo que no esperábamos es que la Sala dijera que el diputado que no diga la verdad en dichas declaraciones no puede ser objeto de reproche penal por falsedad documental.