14 DE JULIO DE 2011

EL DIGITAL DE CASTILLA-LA MANCHA


¿A qué escándalo de la región quieren dar carpetazo, con un político por medio?

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"El PSOE quiere cerrar en el Congreso este escándalo inmobiliario después del verano". Es lo que sostiene el diario La Gaceta respecto al informe del Tribunal de Cuentas sobre las "numerosas irregularidades y abusos urbanísticos que se cometieron en el municipio toledano de Seseña" hace algunos años. El órgano fiscalizador del Estado, afirma el periódico de Intereconomía, "apunta directamente al entonces presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Bono".

Según dicho informe, "la Junta debió ejercitar las funciones de ordenación, control, inspección, sanción e intervención que la ley le otorgaba". En consecuencia, "si las hubiera practicado adecuadamente, se podrían haber impedido parte de las irregularidades y modificaciones del planeamiento no justificadas en el interés general", según el Tribunal de Cuentas.

El análisis que hace el máximo órgano fiscalizador del Estado respecto de los procedimientos del Ayuntamiento de Seseña en el periodo 1996 a 2002 evidencia "deficiencias y riesgos de control". En efecto, "no existe que se llevara la contabilidad en los ejercicios 1996 a 1999 ni las liquidaciones presupuestarias referidas a los años 1996 a 1998 y 2001, ni de las cuentas anuales correspondientes al periodo 1996 a 2002".

Con respecto a las actuaciones urbanísticas "se permitió la entrada de documentos en el ayuntamiento sin pasar por el registro general o sin contar con el visado del correspondiente colegio oficial". Además, "la formación de los expedientes de los convenios fue incompleta y deficiente, aparte de que no se hizo un seguimiento del cumplimiento de los convenios".

El informe del Tribunal de Cuentas publicado por La Gaceta también denuncia vulneraciones legales e irregularidades administrativas entre el Ayuntamiento de Seseña y las constructoras Promociones del SAZ 2000, SL, y ONDE 2000. Aquí se detectó "la adjudicación de una obra de forma directa sin observar los principios de publicidad y transparencia que debe regir la contratación pública". En este punto, cuando se liquidan las cuentas entre estas empresas y el Ayuntamiento de Seseña, se "hace por el concejal de Hacienda, que es incompetente para ello".

Otro tanto se puede decir, según el alto tribunal, de "las licencias de obras que se otorgaron sin el preceptivo informe jurídico o los expedientes sancionadores que se dejaron que caducaran, con el consiguiente perjuicio económico para el municipio".

La Gaceta intentó hablar esta semana con el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, que declinó hacer cualquier tipo de valoración al respecto. Asimismo, fuentes jurídicas han apuntado al periódico del grupo Intereconomía que existe "una posible prevaricación de los políticos implicados en este escándalo". El mismo diario mantiene que el grupo socialista en el Congreso intenta dar carpetazo al asunto cerrándolo tras el verano y, en cualquier caso, antes de que concluya la actual legislatura. Comparan el poco interés que han prestado al asunto en otros momentos con la celeridad con la que lo están tratando en estos momentos.