03 DE JULIO DE 2011

EL SOPLON.NET

Documentos “desaparecidos” en Castilla–La Mancha están relacionados con pelotazos urbanísticos

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Los documentos que están desapareciendo en Castilla – La Mancha, en formato papel y digital, están relacionados con cuestiones urbanísticas y de suelo que están bajo sospecha.
Según han asegurado a elsoplon.net fuentes bien informadas, en su mayoría, afectarían a casos polémicos de la legislatura de José María Barreda, como el pelotazo del aeropuerto de Ciudad Real, el caso Caja Castilla – La Mancha o el tema del Pocero en La Sagra (Toledo).
Las mujeres de algunos de estos empresarios aparecen en registros mercantiles de pisos de Madrid
En los citados proyectos urbanísticos se repiten con frecuencia algunos nombres. Uno de ellos es Domingo Díaz de Mera, amigo de Barreda y principal protagonista del pelotazo del aeropuerto de Ciudad Real que denunció el PP. También es conocido el nombre de Aurelio González Villarejo, relacionado con el caso del suelo en La Sagra. Este último fue quien construyó el chalet del hijo de José Bono en la localidad de Vargas, muy cerca de Olías del Rey, donde tiene casa su padre.
La trama de amigos de Bono y Barreda es siempre la misma, se repite. Es como si el círculo se cerrase. En las notas registrales del piso de Paseo de Rosales de Madrid, al que Bono tenía previsto trasladarse en un principio, aparecen los nombres de las mujeres tanto de Domingo Díaz de Mera como de Aurelio González Villarejo. Aunque Bono tenía intención de residir en la vivienda, al final no lo hizo, pese a que se llegó a llevar a cabo el plan de evacuación de la policía. Pero cuando vio el plan de seguridad de las fuerzas policiales, se asustó y decidió no trasladarse a ese domicilio.
Destrucción de documentos
El cambio administrativo e institucional provocado por las elecciones autonómicas del 22 de mayo, que conllevan a un cambio de gobierno en Castilla – La Mancha, ha generado un comportamiento por parte del Gobierno saliente que ha hecho saltar las alarmas. Primero, se denunció la destrucción de documentos impresos y, más tarde, también los de carácter digital. Una denuncia que ya ha sido presentada ante el Fiscal, indica que la “empresa Duque”, encargada del dominio informático de la Junta de Castilla – La Mancha, habría recibido instrucciones concretas de destrucción de documentos oficiales de soporte digital.
La legislación vigente, obliga a la Administración Pública a mantener almacenados, archivados y custodiados los expedientes administrativos durante 20 años, tanto los de versión en papel como los digitales, ya que todos son documentos públicos.
Al estar mediatizado el órgano fiscalizador de la junta, la falta de control interno, y también el externo, han motivado que se haya actuado con total “impunidad, con opacidad y sin transparencia alguna” en la presunta destrucción de documentos, según señala una denuncia del Sindicato de Funcionarios Manos Limpias contra Barreda, por presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos públicos.