06 DE DICIEMBRE DE 2010

LA GACETA DE INTERECONOMIA

El Supremo decidirá a la vez si admite las querellas contra Bono

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Acumula en la misma Sala Penal las denuncias de Mazón y Panea.

. Carrasco. Madrid
El Tribunal Supremo dictó la semana pasada una providencia por la que ordena acumular las dos querellas por presunto cohecho contra el presidente del Congreso de los Diputados y ex presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, José Bono. En consecuencia, la Sala Penal compuesta por los magistrados Juan Saavedra, presidente, Carlos Granados, ponente; Jorge Alberto Barreiro, Adolfo Prego y Manuel Marchena, decidirá si admite a trámite la querella contra Bono.
Esta decisión procesal del Alto Tribunal está justificada, según lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que ordena acumular las acciones penales cuando los hechos denunciados son prácticamente los mismos y tienen una misma causa de pedir.
Ayuda del fiscal
Así las cosas, el informe de la Fiscalía de la segunda querella, que acusa a Bono de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad en documento público y fraude en la obtención de subvenciones, se remite a los mismos razonamientos de la primera querella.
Resumidamente, el fiscal justificó el regalo de la decoración de su casa como “la consecuencia de la relación especial que debe existir entre madrina y amadrinada”. En otras palabras, “la esposa de Rafael Santamaría, presidente de Reyal Urbis, es madrina de Sofía Bono por su adopción y bautismo”.
Además, la Fiscalía insistió en que los regalos que recibió el presidente del Congreso de los Diputados “no se hacían en consideración al cargo de presidente ni a su función”. Este informe, firmado por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín-Casallo, se sacó de la manga un documento para exculpar de responsabilidad a Bono.
En efecto, según la Asociación Preeminencia del Derecho, “el fiscal aportó una copia de la cancelación de la hipoteca del piso de la permuta. Un escrito que no estaba entre los que Bono sí remitió al Fiscal General del Estado y al Tribunal Supremo”.
Tanto José Luis Mazón como Antonio Panea, abogados de las acusaciones populares contra Bono, están convencidos de que el “delito de cohecho sustancialmente está en la permuta del piso viejo de Madrid por los dos áticos de lujo de Estepona, que encubre una dávida sustanciosa de Reyal Urbis a favor de Bono”.