03 DE DICIEMBRE DE 2010

LA GACETA DE INTERECONOMIA

La Fiscalía del Supremo se saca de la manga un documento para exculpar a José Bono

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Aporta copia de la cancelación de la hipoteca del piso de la permuta. El escrito no estaba entre los que el presidente del Congreso de los Diputados sí remitió a Conde-Pumpido y al Alto Tribunal.

D. Carrasco. Madrid
La Asociación Preeminencia del Derecho, representada por los abogados José Luis Mazón y Encarnación Martínez Segado, acusa a la Fiscalía del Tribunal Supremo en el caso Bono de “falta de imparcialidad e indefensión”. Y ello porque “ha aportado un documento oculto que no explica de donde lo ha sacado”. Lo que demuestra que el Ministerio Fiscal trata de exculpar al presidente del Congreso de los Diputados y ex presidente de la Junta de Castilla-La Mancha que está acusado de un presunto delito de cohecho.
La acusación popular llega a esta conclusión después de recibir el segundo informe de la Fiscalía que se opone a los hechos que justifican la ampliación de querella. Dicho informe del Ministerio Público aporta copia de la cancelación de la hipoteca del piso permutado seis meses después de que se elevara a escritura pública este canje inmobiliario. Esto justifica que cuando se hace la permuta de la casa sigue habiendo el gravamen de una hipoteca. “Esta actuación de la Fiscalía arroja serias sospechas sobre las irregularidades de la permuta que realizó el presidente del Congreso de los Diputados”, según la acusación. Y es que, como ponen de relieve los abogados Mazón y Martínez Segado, “Bono canceló el saldo de la hipoteca, que ascendía a 212.000 euros en diciembre de 2006, seis meses después de que el piso de Madrid pasara a propiedad de Reyal Urbis, la inmobiliaria de su amigo Rafael Santamaría”. En este punto, la acusación eleva a la Sala Segunda del Tribunal Supremo las siguientes preguntas: “¿Cómo es que habiéndose transmitido la propiedad del piso a Reyal Urbis en julio de 2006 aparece Bono con su Hípica Almenara y su sociedad patrimonial Saja, seis meses después, ocultando la transmisión de la propiedad en diciembre del mismo año y presentándose como propietarios de un fundo que ya era de otro? ¿Hubo un documento privado entre la inmobiliaria y Saja que no aparece inscrito en el Registro de la Propiedad?”
Asimismo, los querellantes vuelven a insistir al Supremo que “la tasación independiente que realizó la empresa Envesper Judicial SL valoró el piso de Madrid de Bono en 559.779 euros incluida la plaza de garaje. Y ello sin tener en cuenta la hipoteca ni al inquilino, cuando el valor de venta al público de los áticos permutados, según el vendedor de ellos era de 1.378.000 euros sin IVA”. En consecuencia, el valor del regalo es claro y manifiesto, añade la acusación, porque permite computar un valor de la dádiva en torno a 800.000 euros. En cualquier caso, “la hipoteca era un aspecto accesorio no tenido en cuenta ni siquiera en las tasaciones del valor de la propiedad que fueron invocadas en la querella”, subraya Mazón.
Interrogantes
El informe de la Fiscalía, firmado por el teniente fiscal Juan José Martín-Casallo, sigue exculpando a Bono porque “no se dan los elementos que exigen los tipos penales”. No obstante, añade otra argumentación, que llama la atención de los querellantes. Y es que “una cosa es que en el Registro de la Propiedad, y entre el piso que gravan al piso permutado, aparezca formalmente la existencia de una hipoteca por valor inicial de 300.506,05 euros, y otra muy diferente que dicha carga exista”.
Además, la Fiscalía afirma que “está acreditado que el capital e intereses de la hipoteca han sido íntegramente abonados, por lo que la misma fue cancelada el 18 de diciembre de 2006”.
Sobre este apartado, los querellantes vuelven a plantear a los magistrados nuevos interrogantes: “¿De dónde, de qué cuenta y titular sale el traspaso que da lugar a la cancelación de hipoteca? ¿Fue el dinero del préstamo hipotecario concertado el mismo día a esta cuenta no no tuvo nada que ver? ¿Reyal Urbis pagó también el dinero de la hipoteca y provenía de una cuenta suya la orden de traspaso?”.
La acusación no sale de su asombro sobre cómo una autoridad del Estado, que debe dar un ejemplo escrupuloso de transparencia en sus deberes deja de inscribir una cancelación de hipoteca.
En cualquier caso, el hecho de esta ocultación, para los acusadores, arroja “profundas dudas de prácticas sospechosas de maniobras de ocultación entre Bono y su amigo el propietario de Reyal que es el gran beneficiado del pelotazo urbanístico de Valdeluz”. Mazón y Martínez Segado solicitan al Supremo que admita la querella contra Bono porque “su conducta es temeraria, pues reviste indicios de cohecho”.