EL PREFERIDO ES RUBALCABA
Bono ya no es el favorito para la sucesión de Zapatero
http://www.eldigitalcastillalamancha.es/articulo.asp?idarticulo=82814
Es la noticia del día en el diario La Razón. El debate sobre la sucesión de José Luis Rodríguez Zapatero es un hecho y los candidatos son firmes salvo una poco previsible sorpresa de última hora. La lista la forman Alfredo Pérez Rubalcaba, José Bono, Carmen Chacón y José Blanco. Por ese orden, según se desprende de las respuestas en la última encuesta de NC Report para el citado periódico.
El otro gran dato de la encuesta es que el 68,1 por ciento no quiere que repita Zapatero como candidato en las elecciones generales.
Ante la pregunta sobre cuál sería «el mejor» candidato, son los dos primeros los que polarizan la estima del encuestado, con más del 60% de las respuestas favorables: el vicepresidente primero se hace con un 32,7%, mientras que el presidente del Congreso obtiene un 29,5% del favor popular para ser el candidato en las próximas elecciones generales.
Bono, el segundo
Bono, a quien Zapatero arrebató por muy poco el liderazgo del PSOE en las primarias de 2000, podría ser el aspirante ideal para quienes con más determinación consideran que el líder es ya una página que conviene pasar cuanto antes. El por seis veces presidente de Castilla-La Mancha se ve fuerte ahora, sobre todo después de que el Tribunal Supremo haya archivado las querellas que presentaron contra él por cohecho.
Pero es el todopoderoso Rubalcaba el mejor colocado, según el sondeo. Sin duda ha tenido que influir la omnipresencia del vicepresidente primero y ministro del Interior desde hace semanas, dando la cara de forma continua ante los medios. Que el presidente del Gobierno le cediera el protagonismo para anunciar el primer Estado de Alarma de la democracia demuestra en qué situación debe verse el propio Zapatero y cómo la opinión pública no ha sido ajena al golpe de efecto.
Es Rubalcaba además el preferido por el electorado socialista, que se decanta por él en un 37,6%, mientras que los votantes del PP –en un 42,0%– consideran que Bono sería mejor candidato.
jueves, 30 de diciembre de 2010
domingo, 26 de diciembre de 2010
26 DE DICIEMBRE DE 2010
EL DIGITAL DE CASTILLA-LA MANCHA
CONFIDENCIAL
Vuelven a la carga contra Bono por una supuesta dádiva de 170.000 euros
http://www.eldigitalcastillalamancha.es/articulo.asp?idarticulo=82718
La asociación que denunció a Bono por presunto beneficio irregular ha recurrido la decisión del Tribunal Supremo de archivar la causa contra el presidente del Congreso. Los querellantes entienden que permutó un piso de Madrid por dos áticos de Estepona (Málaga) con la promotora Royal Urbis, lo que le habría supuesto "un beneficio o dádiva de 170.000 euros".
La Sala de lo Penal del alto tribunal dictó el pasado 16 de diciembre un auto en el que inadmitía a trámite las querellas por un delito de cohecho que, según los denunciantes, Bono habría cometido en relación con la permuta de los dos inmuebles de su propiedad y al aceptar como regalo de la inmobiliaria Reyal Urbis la decoración de la habitación de su hija en su casa de Olías (Toledo).
La asociación recurrente, que preside el abogado murciano José Luis Mazón, argumenta en su escrito que el Supremo no ha respetado la jurisprudencia sobre el delito de cohecho que aplicó al presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, porque en el caso de Bono no considera que hubiera recibido los regalos "en atención a su cargo".
Tras poner de relieve que la resolución judicial ha simplificado "drásticamente" el relato de hechos contenido en la querella, Preeminencia del Derecho advierte de que si la Sala archiva su súplica, presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por "infracción del derecho a la tutela judicial efectiva".
El auto, del que fue ponente el magistrado Carlos Granados, justifica el rechazo de las querellas presentada por las asociaciones Preeminencia del Derecho y Ciudadanía Anticorrupción argumentando que, en relación con la permuta de los inmuebles, "no hay indicio de la existencia y recepción de la dádiva ni de la ejecución de un acto contrario a los deberes del cargo, por lo que tampoco existen indicios de la existencia de un delito de cohecho".
El alto tribunal coincidía con el dictamen del Ministerio Fiscal, que en un escrito remitido al Supremo a finales del pasado mes de octubre solicitaba la inadmisión de este asunto al entender que la permuta de los citados bienes "se efectuó en términos de igualdad económica", mientras que el regalo de decoración de la casa tiene su origen en la "relación de amistad" que une a Bono con el accionista mayoritario de Royal Urbis, Rafael Santamaría.
Sobre el regalo de la decoración, el Supremo señalaba que "la relación de amistad entre los citados y la condición especial que se da entre familiares de los mismos es explicación coherente y plausible del gasto llevado a cabo en el inmueble del querellado".
El recurso contra esta decisión del Supremo se presenta en un momento en el que ha subido la cotización de Bono como referente del PSOE nacional y cuando es mayoritaria la opinión de que el político albaceteño ha vuelto a meterse en la carrera de la sucesión a Zapatero, cosa que ha negado. Hasta Luis María Anson apostaba esta semana por Bono como sustituto del actual presidente del Gobierno y secretario general del PSOE.
SEGÚN EL CONFIDENCIAL
Reunión en secreto de Bono con un emisario de "El Pocero"
http://www.eldigitalcastillalamancha.es/articulo.asp?idarticulo=82678
José Bono abandonó el martes el hemiciclo del Congreso durante más de media hora, tras levantarse el veto del Senado a los Presupuestos Generales de 2011 y mientras se debatía la nueva ley antitabaco, para reunirse en su despacho oficial de la Cámara Baja con un emisario del promotor Francisco Hernando, "El Pocero", según publica este jueves El Confidencial, que recuerda que este polémico constructor realizó obras de mejora en la hípica propiedad de Bono y "fue presuntamente favorecido por éste, durante su etapa como presidente de Castilla-La Mancha, para construir un polémico macrocomplejo urbanístico en Seseña (Toledo)".
Un portavoz oficial de Bono ni confirmó ni desmintió a El Confidencial el encuentro del presidente del Congreso con el periodista Alfredo Urdaci, responsable de comunicación e imagen de "El Pocero" y mano derecha del constructor. Urdaci admitió en conversación telefónica que Bono le recibió en su despacho pero rehusó precisar qué asuntos abordaron. "Fue personal", se limitó a señalar. Y ante la insistencia para que aclarase lo tratado durante la reunión, añadió: "Personal, sin más".
El encuentro de Bono con Urdaci, según EC, llama todavía más la atención porque se produjo durante una sesión parlamentaria especialmente intensa, en la que, además de los Presupuestos del próximo año y las nuevas restricciones al consumo de tabaco, el Pleno aprobó la reforma del Estatuto de Extremadura, los cambios en la ley electoral, las medidas para impedir que la izquierda abertzale se presente a las elecciones o las ayudas a las empresas concesionarias de autopistas. Sin contar con que la llamada ley Sinde fue tumbada, ese mismo día, en la Comisión de Economía. ¿Por qué, entonces, la urgencia de esa reunión?".
CONFIDENCIAL
Vuelven a la carga contra Bono por una supuesta dádiva de 170.000 euros
http://www.eldigitalcastillalamancha.es/articulo.asp?idarticulo=82718
La asociación que denunció a Bono por presunto beneficio irregular ha recurrido la decisión del Tribunal Supremo de archivar la causa contra el presidente del Congreso. Los querellantes entienden que permutó un piso de Madrid por dos áticos de Estepona (Málaga) con la promotora Royal Urbis, lo que le habría supuesto "un beneficio o dádiva de 170.000 euros".
La Sala de lo Penal del alto tribunal dictó el pasado 16 de diciembre un auto en el que inadmitía a trámite las querellas por un delito de cohecho que, según los denunciantes, Bono habría cometido en relación con la permuta de los dos inmuebles de su propiedad y al aceptar como regalo de la inmobiliaria Reyal Urbis la decoración de la habitación de su hija en su casa de Olías (Toledo).
La asociación recurrente, que preside el abogado murciano José Luis Mazón, argumenta en su escrito que el Supremo no ha respetado la jurisprudencia sobre el delito de cohecho que aplicó al presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, porque en el caso de Bono no considera que hubiera recibido los regalos "en atención a su cargo".
Tras poner de relieve que la resolución judicial ha simplificado "drásticamente" el relato de hechos contenido en la querella, Preeminencia del Derecho advierte de que si la Sala archiva su súplica, presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por "infracción del derecho a la tutela judicial efectiva".
El auto, del que fue ponente el magistrado Carlos Granados, justifica el rechazo de las querellas presentada por las asociaciones Preeminencia del Derecho y Ciudadanía Anticorrupción argumentando que, en relación con la permuta de los inmuebles, "no hay indicio de la existencia y recepción de la dádiva ni de la ejecución de un acto contrario a los deberes del cargo, por lo que tampoco existen indicios de la existencia de un delito de cohecho".
El alto tribunal coincidía con el dictamen del Ministerio Fiscal, que en un escrito remitido al Supremo a finales del pasado mes de octubre solicitaba la inadmisión de este asunto al entender que la permuta de los citados bienes "se efectuó en términos de igualdad económica", mientras que el regalo de decoración de la casa tiene su origen en la "relación de amistad" que une a Bono con el accionista mayoritario de Royal Urbis, Rafael Santamaría.
Sobre el regalo de la decoración, el Supremo señalaba que "la relación de amistad entre los citados y la condición especial que se da entre familiares de los mismos es explicación coherente y plausible del gasto llevado a cabo en el inmueble del querellado".
El recurso contra esta decisión del Supremo se presenta en un momento en el que ha subido la cotización de Bono como referente del PSOE nacional y cuando es mayoritaria la opinión de que el político albaceteño ha vuelto a meterse en la carrera de la sucesión a Zapatero, cosa que ha negado. Hasta Luis María Anson apostaba esta semana por Bono como sustituto del actual presidente del Gobierno y secretario general del PSOE.
SEGÚN EL CONFIDENCIAL
Reunión en secreto de Bono con un emisario de "El Pocero"
http://www.eldigitalcastillalamancha.es/articulo.asp?idarticulo=82678
José Bono abandonó el martes el hemiciclo del Congreso durante más de media hora, tras levantarse el veto del Senado a los Presupuestos Generales de 2011 y mientras se debatía la nueva ley antitabaco, para reunirse en su despacho oficial de la Cámara Baja con un emisario del promotor Francisco Hernando, "El Pocero", según publica este jueves El Confidencial, que recuerda que este polémico constructor realizó obras de mejora en la hípica propiedad de Bono y "fue presuntamente favorecido por éste, durante su etapa como presidente de Castilla-La Mancha, para construir un polémico macrocomplejo urbanístico en Seseña (Toledo)".
Un portavoz oficial de Bono ni confirmó ni desmintió a El Confidencial el encuentro del presidente del Congreso con el periodista Alfredo Urdaci, responsable de comunicación e imagen de "El Pocero" y mano derecha del constructor. Urdaci admitió en conversación telefónica que Bono le recibió en su despacho pero rehusó precisar qué asuntos abordaron. "Fue personal", se limitó a señalar. Y ante la insistencia para que aclarase lo tratado durante la reunión, añadió: "Personal, sin más".
El encuentro de Bono con Urdaci, según EC, llama todavía más la atención porque se produjo durante una sesión parlamentaria especialmente intensa, en la que, además de los Presupuestos del próximo año y las nuevas restricciones al consumo de tabaco, el Pleno aprobó la reforma del Estatuto de Extremadura, los cambios en la ley electoral, las medidas para impedir que la izquierda abertzale se presente a las elecciones o las ayudas a las empresas concesionarias de autopistas. Sin contar con que la llamada ley Sinde fue tumbada, ese mismo día, en la Comisión de Economía. ¿Por qué, entonces, la urgencia de esa reunión?".
viernes, 24 de diciembre de 2010
24 DE DICIEMBRE DE 2010
LA GACETA DE INTERECONOMIA
Otro recurso contra Bono insiste en que el Supremo valoró mal la permuta
http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/politica/otro-recurso-contra-bono-insiste-que-supremo-valoro-mal-permuta?page=1#comment-785435
"El beneficio patrimonial del presidente del Congreso ascendería, según las cuentas del Tribunal, a 170.389 euros". También censura desigualdad de criterio con Camps.
Diego Carrasco. Madrid
La Asociación Preeminencia del Derecho, dirigida por los abogados José Luis Mazón y Encarnación Martínez Segado, presentó ayer ante el Tribunal Supremo el segundo recurso de súplica contra la inadmisión de las querellas contra Bono.
Según el recurso, “el auto de la Sala Penal del Supremo es patentemente erróneo y lesivo al deber de Justicia, pues apreciando un desnivel económico entre bienes permutados a favor de Bono por importe, al menos, de 170.389 euros, no considera tan siquiera la existencia de indicios de delito”. Concretamente, “la figura del cohecho impropio tipificada en el artículo 426 del Código Penal”.
En efecto, Mazón y Martínez Segado explican que “de los tres peritajes presentados de la vivienda permutada de Bono en Madrid escoge la más favorable, esto es, la que dice que el piso vale 909.611 euros”. “Y sobre los áticos con vistas al mar, en vez de tomar el valor de venta de los mismos (1.474.460 euros) elige el valor de coste o reserva del promotor (1.080.000 euros)”.
Por tanto, “siguiendo las propias cuentas del auto impugnado, el querellado, Bono, obtuvo un regalo o dádiva de 170.389 euros, con los cálculos más moderados para el presidente del Congreso”, subrayan. Y ello “sin añadirle el beneficio del promotor que de plano no se considera regalo”, apunta Mazón.
Distinto criterio
En otro orden de cosas, el recurso de súplica también censura que la Sala Penal no ha respetado la jurisprudencia sobre el delito de cohecho aplicada en el caso de los trajes al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps. Y es que, según los recurrentes, “la sentencia 478/2010, de 17 de mayo, recoge declaraciones plenamente aplicables a la querella contra Bono y rechazada por el Supremo”. Por ejemplo, el término “en consideración a su función” debe interpretarse en el sentido de que la razón o motivo del regalo ofrecido y aceptado sea la condición de funcionario de la persona cohechada. En otras palabras, “que sólo por la especial condición y poder que el cargo público desempeñado le otorga le ha sido ofrecida la dádiva o regalo objeto del delito”.
Esto se traduce, según los recurrentes, en que “el regalo recibido por Bono de la promotora Reyal Urbis, propiedad de su amigo Rafael Santamaría, no se hizo en función al cargo y, en cambio, los trajes regalados a Camps sí se realizaron en atención al cargo público que ocupa”.
Y Garzón...
Otro de los puntos que el recurso impugna del auto del Supremo es el que se refiere a los presupuestos de la admisión de las querellas. Los abogados sostienen que “el auto que impugnan no parece que está resolviendo sobre la admisión de una querella sino sobre el final de una investigación como consecuencia de la práctica de pruebas”. De hecho, los recurrentes denuncian que “el Tribunal Supremo no haya aplicado los mismos criterios que utilizó para admitir las tres querellas contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón”.
Por otra parte, los abogados recurrentes avisan de que el rechazo de la querella contra Bono no crea el valor de cosa juzgada. Esto significa que en “el futuro se pueden aportar nuevos datos para investigar la permuta de Bono con el promotor de Valdeluz”.
Por último, Preeminencia del Derecho se plantea que, una vez la Sala Penal desestime las pretensiones de su recurso, interpondrá un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El argumento jurídico que se alegará es “infracción del derecho a la tutela judicial efectiva”.
NOTITIA CRIMINIS
Bono se reúne secretamente en el Congreso con “un emisario de El Pocero”
http://blogs.tercerainformacion.es/notitiacriminis/
La reunión no ha tenido lugar en restaurante exquisito o en oficina privada o en sórdido tugurio de los frecuentados por hampones poco amantes de la publicidad, sino en el propio Congreso de los Diputados. Así, tal y como informa El Confidencial:
“José Bono abandonó el martes (21 de diciembre de 2010) el hemiciclo del Congreso durante más de media hora, tras levantarse el veto del Senado a los Presupuestos Generales de 2011 y mientras se debatía la nueva ley antitabaco, para reunirse en su despacho oficial de la Cámara Baja con un emisario del promotor Francisco Hernando, El Pocero, que realizó obras de mejora en la hípica propiedad de Bono –pagadas por la firma Porcelanosa– y fue presuntamente favorecido por éste, durante su etapa como presidente de Castilla-La Mancha, para construir un polémico macrocomplejo urbanístico en Seseña (Toledo).
Un portavoz oficial de Bono ni confirmó ni desmintió a El Confidencial el encuentro del presidente del Congreso con el periodista Alfredo Urdaci, responsable de comunicación e imagen de El Pocero y mano derecha del constructor. Urdaci, sin embargo, admitió, en conversación telefónica con este periódico, que Bono le recibió en su despacho, pero rehusó precisar qué asuntos abordaron. ‘Fue personal‘, se limitó a señalar. Y ante la insistencia para que aclarase lo tratado durante la reunión, añadió: ‘Personal, sin más‘”.
El hecho coincide con unas semanas pródigas –o más pródigas– en declaraciones de Bono. Durante una fiesta organizada por los periodistas parlamentarios, el Presidente del Congreso, además de hablar de liebres, dedicó encendidos elogios a Gaspar Llamazares: “eres de los políticos más honrados y mejores que yo me he encontrado en mi vida” para añadir luego, refiriéndose a Cayo Lara, que de él “no diría lo mismo que de tí” lo cual, lo digo sin la menor ironía, enaltece mucho a Cayo Lara y debería preocupar seriamente a Llamazares.
Poco después, el 16 de diciembre de este mismo año, Bono, ante la noticia de que el Tribunal Supremo había archivado a limine las dos querellas presentadas contra él por presuntos delitos de corrupción, se declaraba “muy contento” –de todos es sabido que las querellas y denuncias presentadas contra políticos presuntamente corruptos siempre tienen un efecto ciclotímico: primero producen una gran tranquilidad. Todos los afectados declaran: “estoy muy tranquilo”; para luego ser causa de extraordinaria euforia si la suerte les acompaña– porque el Supremo le había puesto a salvo de un grupo de “delincuentes y calumniadores”.
No determinó Bono, en este punto, si los “delincuentes” y “calumniadores” eran los responsables de la presentación de la querella, el diario La Gaceta o el diario Público o todos juntos incluyendo a este modesto blog que tanto interés despierta entre sus seguidores. Tampoco explicó que el Auto del Supremo rechazaba las querellas por dos motivos: uno formal pues, se decía, no se especificaba en ellas qué actos administrativos ilícitos se podrían corresponder con el presunto soborno recibido. El otro, más de fondo, mantenía que no era aplicable a la decoración de las habitaciones de la casa de Olías del Rey y a la reforma de la casa de Salobre –pagadas por el constructor Rafael Santamaría– la figura del cohecho impropio puesto que para que eso sea así es necesario que la única causa eficiente de la dádiva –que el Tribunal no niega que exista, porque existe– sea la condición de autoridad o funcionario público del presuntamente sobornado, y en el caso de Bono, además de esta posibilidad, las dádivas en cuestión también podrían traer causa de la relación de amistad entre el constructor y Bono o, incluso, de la relación de madrinazgo entre la esposa de Santamaría y una de las hijas del de Salobre.
Pues bien, así las cosas y sin una sentencia firme que haga efecto de cosa juzgada este hombre, que se relame ya viendo el cadáver de Zapatero pasar por delante de su puerta, se permite el arrogante lujo de entrevistarse con “un emisario del Pocero” en su despacho oficial del Congreso de los Diputados. Ya me dirán si no es “problemático y febril” este siglo XXI.
Otro recurso contra Bono insiste en que el Supremo valoró mal la permuta
http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/politica/otro-recurso-contra-bono-insiste-que-supremo-valoro-mal-permuta?page=1#comment-785435
"El beneficio patrimonial del presidente del Congreso ascendería, según las cuentas del Tribunal, a 170.389 euros". También censura desigualdad de criterio con Camps.
Diego Carrasco. Madrid
La Asociación Preeminencia del Derecho, dirigida por los abogados José Luis Mazón y Encarnación Martínez Segado, presentó ayer ante el Tribunal Supremo el segundo recurso de súplica contra la inadmisión de las querellas contra Bono.
Según el recurso, “el auto de la Sala Penal del Supremo es patentemente erróneo y lesivo al deber de Justicia, pues apreciando un desnivel económico entre bienes permutados a favor de Bono por importe, al menos, de 170.389 euros, no considera tan siquiera la existencia de indicios de delito”. Concretamente, “la figura del cohecho impropio tipificada en el artículo 426 del Código Penal”.
En efecto, Mazón y Martínez Segado explican que “de los tres peritajes presentados de la vivienda permutada de Bono en Madrid escoge la más favorable, esto es, la que dice que el piso vale 909.611 euros”. “Y sobre los áticos con vistas al mar, en vez de tomar el valor de venta de los mismos (1.474.460 euros) elige el valor de coste o reserva del promotor (1.080.000 euros)”.
Por tanto, “siguiendo las propias cuentas del auto impugnado, el querellado, Bono, obtuvo un regalo o dádiva de 170.389 euros, con los cálculos más moderados para el presidente del Congreso”, subrayan. Y ello “sin añadirle el beneficio del promotor que de plano no se considera regalo”, apunta Mazón.
Distinto criterio
En otro orden de cosas, el recurso de súplica también censura que la Sala Penal no ha respetado la jurisprudencia sobre el delito de cohecho aplicada en el caso de los trajes al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps. Y es que, según los recurrentes, “la sentencia 478/2010, de 17 de mayo, recoge declaraciones plenamente aplicables a la querella contra Bono y rechazada por el Supremo”. Por ejemplo, el término “en consideración a su función” debe interpretarse en el sentido de que la razón o motivo del regalo ofrecido y aceptado sea la condición de funcionario de la persona cohechada. En otras palabras, “que sólo por la especial condición y poder que el cargo público desempeñado le otorga le ha sido ofrecida la dádiva o regalo objeto del delito”.
Esto se traduce, según los recurrentes, en que “el regalo recibido por Bono de la promotora Reyal Urbis, propiedad de su amigo Rafael Santamaría, no se hizo en función al cargo y, en cambio, los trajes regalados a Camps sí se realizaron en atención al cargo público que ocupa”.
Y Garzón...
Otro de los puntos que el recurso impugna del auto del Supremo es el que se refiere a los presupuestos de la admisión de las querellas. Los abogados sostienen que “el auto que impugnan no parece que está resolviendo sobre la admisión de una querella sino sobre el final de una investigación como consecuencia de la práctica de pruebas”. De hecho, los recurrentes denuncian que “el Tribunal Supremo no haya aplicado los mismos criterios que utilizó para admitir las tres querellas contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón”.
Por otra parte, los abogados recurrentes avisan de que el rechazo de la querella contra Bono no crea el valor de cosa juzgada. Esto significa que en “el futuro se pueden aportar nuevos datos para investigar la permuta de Bono con el promotor de Valdeluz”.
Por último, Preeminencia del Derecho se plantea que, una vez la Sala Penal desestime las pretensiones de su recurso, interpondrá un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El argumento jurídico que se alegará es “infracción del derecho a la tutela judicial efectiva”.
NOTITIA CRIMINIS
Bono se reúne secretamente en el Congreso con “un emisario de El Pocero”
http://blogs.tercerainformacion.es/notitiacriminis/
La reunión no ha tenido lugar en restaurante exquisito o en oficina privada o en sórdido tugurio de los frecuentados por hampones poco amantes de la publicidad, sino en el propio Congreso de los Diputados. Así, tal y como informa El Confidencial:
“José Bono abandonó el martes (21 de diciembre de 2010) el hemiciclo del Congreso durante más de media hora, tras levantarse el veto del Senado a los Presupuestos Generales de 2011 y mientras se debatía la nueva ley antitabaco, para reunirse en su despacho oficial de la Cámara Baja con un emisario del promotor Francisco Hernando, El Pocero, que realizó obras de mejora en la hípica propiedad de Bono –pagadas por la firma Porcelanosa– y fue presuntamente favorecido por éste, durante su etapa como presidente de Castilla-La Mancha, para construir un polémico macrocomplejo urbanístico en Seseña (Toledo).
Un portavoz oficial de Bono ni confirmó ni desmintió a El Confidencial el encuentro del presidente del Congreso con el periodista Alfredo Urdaci, responsable de comunicación e imagen de El Pocero y mano derecha del constructor. Urdaci, sin embargo, admitió, en conversación telefónica con este periódico, que Bono le recibió en su despacho, pero rehusó precisar qué asuntos abordaron. ‘Fue personal‘, se limitó a señalar. Y ante la insistencia para que aclarase lo tratado durante la reunión, añadió: ‘Personal, sin más‘”.
El hecho coincide con unas semanas pródigas –o más pródigas– en declaraciones de Bono. Durante una fiesta organizada por los periodistas parlamentarios, el Presidente del Congreso, además de hablar de liebres, dedicó encendidos elogios a Gaspar Llamazares: “eres de los políticos más honrados y mejores que yo me he encontrado en mi vida” para añadir luego, refiriéndose a Cayo Lara, que de él “no diría lo mismo que de tí” lo cual, lo digo sin la menor ironía, enaltece mucho a Cayo Lara y debería preocupar seriamente a Llamazares.
Poco después, el 16 de diciembre de este mismo año, Bono, ante la noticia de que el Tribunal Supremo había archivado a limine las dos querellas presentadas contra él por presuntos delitos de corrupción, se declaraba “muy contento” –de todos es sabido que las querellas y denuncias presentadas contra políticos presuntamente corruptos siempre tienen un efecto ciclotímico: primero producen una gran tranquilidad. Todos los afectados declaran: “estoy muy tranquilo”; para luego ser causa de extraordinaria euforia si la suerte les acompaña– porque el Supremo le había puesto a salvo de un grupo de “delincuentes y calumniadores”.
No determinó Bono, en este punto, si los “delincuentes” y “calumniadores” eran los responsables de la presentación de la querella, el diario La Gaceta o el diario Público o todos juntos incluyendo a este modesto blog que tanto interés despierta entre sus seguidores. Tampoco explicó que el Auto del Supremo rechazaba las querellas por dos motivos: uno formal pues, se decía, no se especificaba en ellas qué actos administrativos ilícitos se podrían corresponder con el presunto soborno recibido. El otro, más de fondo, mantenía que no era aplicable a la decoración de las habitaciones de la casa de Olías del Rey y a la reforma de la casa de Salobre –pagadas por el constructor Rafael Santamaría– la figura del cohecho impropio puesto que para que eso sea así es necesario que la única causa eficiente de la dádiva –que el Tribunal no niega que exista, porque existe– sea la condición de autoridad o funcionario público del presuntamente sobornado, y en el caso de Bono, además de esta posibilidad, las dádivas en cuestión también podrían traer causa de la relación de amistad entre el constructor y Bono o, incluso, de la relación de madrinazgo entre la esposa de Santamaría y una de las hijas del de Salobre.
Pues bien, así las cosas y sin una sentencia firme que haga efecto de cosa juzgada este hombre, que se relame ya viendo el cadáver de Zapatero pasar por delante de su puerta, se permite el arrogante lujo de entrevistarse con “un emisario del Pocero” en su despacho oficial del Congreso de los Diputados. Ya me dirán si no es “problemático y febril” este siglo XXI.
jueves, 23 de diciembre de 2010
23 DE DICIEMBRE DE 2010
EL CONFIDENCIAL
DURANTE LA SESIÓN PARLAMENTARIA DEL PASADO MARTES
Bono abandona el Pleno para reunirse en secreto en el Congreso con un emisario de 'El Pocero'
http://www.elconfidencial.com/espana/bono-congreso-pocero-urdaci-20101223-72858.html
@José L. Lobo.- 23/12/2010 (06:00h)
José Bono abandonó el martes el hemiciclo del Congreso durante más de media hora, tras levantarse el veto del Senado a los Presupuestos Generales de 2011 y mientras se debatía la nueva ley antitabaco, para reunirse en su despacho oficial de la Cámara Baja con un emisario del promotor Francisco Hernando, El Pocero, que realizó obras de mejora en la hípica propiedad de Bono -pagadas por la firma Porcelanosa- y fue presuntamente favorecido por éste, durante su etapa como presidente de Castilla-La Mancha, para construir un polémico macrocomplejo urbanístico en Seseña (Toledo).
Un portavoz oficial de Bono ni confirmó ni desmintió a El Confidencial el encuentro del presidente del Congreso con el periodista Alfredo Urdaci, responsable de comunicación e imagen de El Pocero y mano derecha del constructor. Urdaci, sin embargo, admitió, en conversación telefónica con este periódico, que Bono le recibió en su despacho, pero rehusó precisar qué asuntos abordaron. "Fue personal", se limitó a señalar. Y ante la insistencia para que aclarase lo tratado durante la reunión, añadió: "Personal, sin más".
El pasado jueves, durante el debate de convalidación de la prórroga del estado de alarma, Bono ordenó cerrar apresuradamente las puertas del hemiciclo e impidió votar a una veintena de diputados, la mayoría del PP, que habían llegado unos segundos tarde. Pese a las sonoras protestas de los excluidos, el presidente del Congreso se mantuvo inflexible y, visiblemente airado, amonestó a sus señorías: "Si estuviesen dentro no habría que abrir las puertas". Luego echó mano del reglamento de la Cámara y leyó su artículo 15: "Los diputados tendrán el deber de asistir a las sesiones del Pleno del Congreso".
Varios diputados del PP, entre ellos su portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaría, criticaron poco después la actitud "intolerante" de Bono porque, en su opinión, el presidente del Congreso "es el primero que se ausenta con mucha frecuencia" del hemiciclo, como ocurrió precisamente este martes, cuando se reunió en secreto con el portavoz y hombre de confianza de El Pocero.
Su encuentro con Urdaci llama todavía más la atención porque se produjo durante una sesión parlamentaria especialmente intensa, en la que, además de los Presupuestos del próximo año y las nuevas restricciones al consumo de tabaco, el Pleno aprobó la reforma del Estatuto de Extremadura, los cambios en la ley electoral, las medidas para impedir que la izquierda abertzale se presente a las elecciones o las ayudas a las empresas concesionarias de autopistas. Sin contar con que la llamada ley Sinde fue tumbada, ese mismo día, en la Comisión de Economía. ¿Por qué, entonces, la urgencia de esa reunión?
Recurso ante el Tribunal Supremo
Precisamente ayer la asociación Preeminencia del Derecho recurrió en súplica el auto del Tribunal Supremo por el que se archivaban las dos querellas por cohecho y prevaricación presentadas contra Bono, al que acusaban de haber permutado su piso en Madrid por dos áticos en Estepona (Málaga) de la promotora Reyal Urbis, por los que el presidente del Congreso obtuvo supuestamente "un beneficio o dádiva de 170.000 euros".
El pasado jueves, el Supremo rechazó dos querellas contra Bono por los regalos presuntamente recibidos del constructor Rafael Santamaría, dueño de la inmobiliaria Reyal Urbis. El Alto Tribunal considera que la "relación de amistad" entre ambos justifica la entrega de dádivas y se niega a investigar el notable incremento patrimonial experimentado por el presidente del Congreso. Bono se mostró exultante tras conocer la noticia y tachó de "delincuentes y calumniadores" a los impulsores de la denuncia, las asociaciones de abogados Preeminencia del Derecho y Ciudadanía Anticorrupción.
Según publicó El Confidencial el pasado 21 de mayo, El Pocero presumió en privado en varias ocasiones de haber regalado en 2005 un Porsche Cayenne valorado en más de 80.000 euros a la entonces esposa de Bono, Ana Rodríguez Mosquera. Por aquella época, el ahora presidente del Congreso mantenía una excelente relación personal con el constructor, que más tarde se truncó. En septiembre de 2008 El Pocero aseguró en una entrevista: "Con el señor Bono no tengo ya el gusto de tratar".
DURANTE LA SESIÓN PARLAMENTARIA DEL PASADO MARTES
Bono abandona el Pleno para reunirse en secreto en el Congreso con un emisario de 'El Pocero'
http://www.elconfidencial.com/espana/bono-congreso-pocero-urdaci-20101223-72858.html
@José L. Lobo.- 23/12/2010 (06:00h)
José Bono abandonó el martes el hemiciclo del Congreso durante más de media hora, tras levantarse el veto del Senado a los Presupuestos Generales de 2011 y mientras se debatía la nueva ley antitabaco, para reunirse en su despacho oficial de la Cámara Baja con un emisario del promotor Francisco Hernando, El Pocero, que realizó obras de mejora en la hípica propiedad de Bono -pagadas por la firma Porcelanosa- y fue presuntamente favorecido por éste, durante su etapa como presidente de Castilla-La Mancha, para construir un polémico macrocomplejo urbanístico en Seseña (Toledo).
Un portavoz oficial de Bono ni confirmó ni desmintió a El Confidencial el encuentro del presidente del Congreso con el periodista Alfredo Urdaci, responsable de comunicación e imagen de El Pocero y mano derecha del constructor. Urdaci, sin embargo, admitió, en conversación telefónica con este periódico, que Bono le recibió en su despacho, pero rehusó precisar qué asuntos abordaron. "Fue personal", se limitó a señalar. Y ante la insistencia para que aclarase lo tratado durante la reunión, añadió: "Personal, sin más".
El pasado jueves, durante el debate de convalidación de la prórroga del estado de alarma, Bono ordenó cerrar apresuradamente las puertas del hemiciclo e impidió votar a una veintena de diputados, la mayoría del PP, que habían llegado unos segundos tarde. Pese a las sonoras protestas de los excluidos, el presidente del Congreso se mantuvo inflexible y, visiblemente airado, amonestó a sus señorías: "Si estuviesen dentro no habría que abrir las puertas". Luego echó mano del reglamento de la Cámara y leyó su artículo 15: "Los diputados tendrán el deber de asistir a las sesiones del Pleno del Congreso".
Varios diputados del PP, entre ellos su portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaría, criticaron poco después la actitud "intolerante" de Bono porque, en su opinión, el presidente del Congreso "es el primero que se ausenta con mucha frecuencia" del hemiciclo, como ocurrió precisamente este martes, cuando se reunió en secreto con el portavoz y hombre de confianza de El Pocero.
Su encuentro con Urdaci llama todavía más la atención porque se produjo durante una sesión parlamentaria especialmente intensa, en la que, además de los Presupuestos del próximo año y las nuevas restricciones al consumo de tabaco, el Pleno aprobó la reforma del Estatuto de Extremadura, los cambios en la ley electoral, las medidas para impedir que la izquierda abertzale se presente a las elecciones o las ayudas a las empresas concesionarias de autopistas. Sin contar con que la llamada ley Sinde fue tumbada, ese mismo día, en la Comisión de Economía. ¿Por qué, entonces, la urgencia de esa reunión?
Recurso ante el Tribunal Supremo
Precisamente ayer la asociación Preeminencia del Derecho recurrió en súplica el auto del Tribunal Supremo por el que se archivaban las dos querellas por cohecho y prevaricación presentadas contra Bono, al que acusaban de haber permutado su piso en Madrid por dos áticos en Estepona (Málaga) de la promotora Reyal Urbis, por los que el presidente del Congreso obtuvo supuestamente "un beneficio o dádiva de 170.000 euros".
El pasado jueves, el Supremo rechazó dos querellas contra Bono por los regalos presuntamente recibidos del constructor Rafael Santamaría, dueño de la inmobiliaria Reyal Urbis. El Alto Tribunal considera que la "relación de amistad" entre ambos justifica la entrega de dádivas y se niega a investigar el notable incremento patrimonial experimentado por el presidente del Congreso. Bono se mostró exultante tras conocer la noticia y tachó de "delincuentes y calumniadores" a los impulsores de la denuncia, las asociaciones de abogados Preeminencia del Derecho y Ciudadanía Anticorrupción.
Según publicó El Confidencial el pasado 21 de mayo, El Pocero presumió en privado en varias ocasiones de haber regalado en 2005 un Porsche Cayenne valorado en más de 80.000 euros a la entonces esposa de Bono, Ana Rodríguez Mosquera. Por aquella época, el ahora presidente del Congreso mantenía una excelente relación personal con el constructor, que más tarde se truncó. En septiembre de 2008 El Pocero aseguró en una entrevista: "Con el señor Bono no tengo ya el gusto de tratar".
domingo, 19 de diciembre de 2010
19 DE DICIEMBRE DE 2010
LA GACETA DE INTERECONOMIA
Recurso urgente de súplica por la inadmisión de las querellas contra Bono
Ciudadanía Anticorrupción afirma que se ha infringido el principio de seguridad jurídica. Rita Barberá denuncia la doble vara de medir de la Justicia
http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/politica/recurso-urgente-suplica-inadmision-las-querellas-contra-bono
Diego Carrasco. Madrid
La Asociación Ciudadanía Anticorrupción, presidida por el abogado Antonio Panea, presentará el lunes ante el Tribunal Supremo un recurso de súplica contra el auto que inadmitió las querellas contra el presidente del Congreso de los Diputados y ex presidente de Castilla-La Mancha, José Bono.
El borrador de recurso, al que ha tenido acceso LA GACETA, insiste en que se ha infringido el principio de igualdad jurídica y de tutela judicial efectiva entre los casos por presunto delito de cohecho entre Bono y el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps. El recurrente argumenta que en ambos casos el Alto Tribunal ha dado un trato diferente a los presuntos cohechos. Por ejemplo, según la querella de Ciudadanía Anticorrupción, “se ha probado documentalmente que Bono recibió regalos de decoración valorados en más de 20.000 euros y se favoreció de una permuta (entre su piso de Madrid por dos áticos de lujo) en 120.000 euros, como mínimo”. Mientras que no se ha demostrado que a Camps se le regalaran trajes por un valor entre 2.000 y 4.000 euros. El resultado, según Panea, es patente porque “el Supremo en el asunto de Bono no admite la querella alegando falta de concreción de los hechos y, en cambio, con Camps lleva una instrucción de más de dos años, que derivará en un juicio ante Jurado”.
Las diferencias entre Bono y Camps
Regalos y dádivas
En otro orden de cosas, el borrador de recurso rebate al Alto Tribunal que no existe tal indefinición de los hechos. “La documentación aportada acredita que en la permuta hay una diferencia favorable para Bono de 390.000 euros aproximadamente”. Es más, “admitiendo el beneficio de la duda para Bono existiría un margen de beneficio de 120.000 euros”. En este caso, “la dádiva o regalo coincide con la diferencia entre el precio de coste y el valor de mercado”, explica Panea.
Así, el borrador de recurso de súplica plantea a los magistrados los siguientes interrogantes: “Dónde está la falta de precisión en la definición del regalo o dádiva a la autoridad o funcionario público. No les parece a los magistrados que 120.000 euros es una suma lo suficientemente importante para justificar una investigación.
Además, la acusación mantiene como prueba que “la propiedad ofrecida por Bono estaba gravada con una hipoteca en tanto que la permutada por su amigo Rafael Santamaría figuraba totalmente libre de cargas en el momento de la operación”. En este punto, el recurso denuncia que “para salvar la desigualdad adicional que se produciría como consecuencia del gravamen de la finca de Bono, la Fiscalía del Supremo aportó a la Sala Penal una escritura de cancelación de hipoteca, que no se sabe quien se la facilitó.
Así las cosas, el abogado Panea pregunta a los magistrados en su recurso que si no les sorprende que ese instrumento público no haya accedido al registro de la propiedad correspondiente y si no merecen ser investigadas estas extrañas circunstancias.
Rita Barberá afirmó ayer: “Es una barbaridad que la doble vara de medir de la Justicia sea tan evidente”.
Recurso urgente de súplica por la inadmisión de las querellas contra Bono
Ciudadanía Anticorrupción afirma que se ha infringido el principio de seguridad jurídica. Rita Barberá denuncia la doble vara de medir de la Justicia
http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/politica/recurso-urgente-suplica-inadmision-las-querellas-contra-bono
Diego Carrasco. Madrid
La Asociación Ciudadanía Anticorrupción, presidida por el abogado Antonio Panea, presentará el lunes ante el Tribunal Supremo un recurso de súplica contra el auto que inadmitió las querellas contra el presidente del Congreso de los Diputados y ex presidente de Castilla-La Mancha, José Bono.
El borrador de recurso, al que ha tenido acceso LA GACETA, insiste en que se ha infringido el principio de igualdad jurídica y de tutela judicial efectiva entre los casos por presunto delito de cohecho entre Bono y el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps. El recurrente argumenta que en ambos casos el Alto Tribunal ha dado un trato diferente a los presuntos cohechos. Por ejemplo, según la querella de Ciudadanía Anticorrupción, “se ha probado documentalmente que Bono recibió regalos de decoración valorados en más de 20.000 euros y se favoreció de una permuta (entre su piso de Madrid por dos áticos de lujo) en 120.000 euros, como mínimo”. Mientras que no se ha demostrado que a Camps se le regalaran trajes por un valor entre 2.000 y 4.000 euros. El resultado, según Panea, es patente porque “el Supremo en el asunto de Bono no admite la querella alegando falta de concreción de los hechos y, en cambio, con Camps lleva una instrucción de más de dos años, que derivará en un juicio ante Jurado”.
Las diferencias entre Bono y Camps
Regalos y dádivas
En otro orden de cosas, el borrador de recurso rebate al Alto Tribunal que no existe tal indefinición de los hechos. “La documentación aportada acredita que en la permuta hay una diferencia favorable para Bono de 390.000 euros aproximadamente”. Es más, “admitiendo el beneficio de la duda para Bono existiría un margen de beneficio de 120.000 euros”. En este caso, “la dádiva o regalo coincide con la diferencia entre el precio de coste y el valor de mercado”, explica Panea.
Así, el borrador de recurso de súplica plantea a los magistrados los siguientes interrogantes: “Dónde está la falta de precisión en la definición del regalo o dádiva a la autoridad o funcionario público. No les parece a los magistrados que 120.000 euros es una suma lo suficientemente importante para justificar una investigación.
Además, la acusación mantiene como prueba que “la propiedad ofrecida por Bono estaba gravada con una hipoteca en tanto que la permutada por su amigo Rafael Santamaría figuraba totalmente libre de cargas en el momento de la operación”. En este punto, el recurso denuncia que “para salvar la desigualdad adicional que se produciría como consecuencia del gravamen de la finca de Bono, la Fiscalía del Supremo aportó a la Sala Penal una escritura de cancelación de hipoteca, que no se sabe quien se la facilitó.
Así las cosas, el abogado Panea pregunta a los magistrados en su recurso que si no les sorprende que ese instrumento público no haya accedido al registro de la propiedad correspondiente y si no merecen ser investigadas estas extrañas circunstancias.
Rita Barberá afirmó ayer: “Es una barbaridad que la doble vara de medir de la Justicia sea tan evidente”.
sábado, 18 de diciembre de 2010
18 DE DICIEMBRE DE 2010
EL DIGITAL DE CASTILLA-LA MANCHA
NO HAY INDICIOS DE DELITOS NI CORRUPCIÓN
El Supremo archiva las querellas contra Bono
http://www.eldigitalcastillalamancha.es/articulo.asp?idarticulo=82322
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite dos querellas presentadas por sendas asociaciones de abogados contra el presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, por un presunto delito de cohecho que habría cometido en relación con la permuta de diferentes inmuebles de su propiedad y al aceptar como regalo de la inmobiliaria Reyal Urbis la decoración de la habitación de su hija en su casa de Olías (Toledo).
El auto, del que ha sido ponente el magistrado Carlos Granados, justifica el rechazo de las querellas presentada por las asociaciones "Preeminencia del Derecho" y "Ciudadanía Anticorrupción" argumentando que, en relación con la permuta de los inmuebles, "no hay indicio de la existencia y recepción de la dádiva ni de la ejecución de un acto contrario a los deberes del cargo, por lo que tampoco existen indicios de la existencia de un delito de cohecho".
El alto tribunal coincide con el dictamen del Ministerio Fiscal, que en un escrito remitido al Supremo a finales del pasado mes de octubre solicitaba la inadmisión de este asunto al entender que la permuta entre un piso propiedad de la familia Bono en la periferia de Madrid y dos áticos de lujo en Estepona (Málaga) "se efectuó en términos de igualdad económica", mientras que el regalo de decoración de la casa tiene su origen en la "relación de amistad" que une a Bono con el accionista mayoritario de Royal Urbis, Rafael Santamaría.
Relación de amistad
Sobre el regalo de la decoración, el Supremo señala que "la relación de amistad entre los citados y la condición especia que se da entre familiares de los mismos es explicación coherente y plausible del gasto llevado a cabo en el inmueble del querellado".
Sobre la primera de las querellas, interpuesta por la asociación "Preeminencia del Derecho", que preside el abogado murciano José Luis Mazón, el Supremo dice que no concreta la modalidad de cohecho aplicable al caso y además obvia datos fácticos "que arrojan unas conclusiones radicalmente distintas a las obtenidas" por los querellantes.
Así, para determinar el importe de la dádiva, la asociación querellante tomó la valoración del importe del inmueble de Madrid de menor valor y realizada en 2010 mientras que en la denuncia se aporta otra valoración, de 2005, por un importe claramente superior (909.611 euros).
Además, "Preeminencia del Derecho" valoró los áticos de Estepona en 1.474.460 euros señalando, en su escrito inicial de denuncia, que ése era su valor según la inmobiliaria que los vendía o que era el precio de venta de otros inmuebles de iguales características. Sin embargo, la propia parte decía en su escrito que la promotora reservó los áticos al señor Bono por importe de 1.800.000 euros.
"Junto a la versión de hechos presentada por la asociación querellante, que refleja una desproporción entre el valor de los bienes permutados, existen otros datos o elementos que se sostienen en los propios escritos y documentos presentados que reflejan una permuta entre bienes de similar valor económico -razona el Tribunal Supremo-. Desde esta segunda perspectiva, la existencia de una posible dádiva o regalo no puede sostenerse".
Alegaciones confusas
Además, el alto tribunal considera "confusas" las alegaciones de los querellantes porque no determinan qué acto concreto debía realizar el querellado y cuál era su contenido: si conseguir una recalificación de terrenos, otorgar permisos o licencias u omitir funciones de supervisión urbanística.
"Es imprescindible que en la descripción del suceso que realice el querellante se ofrezcan los datos y las circunstancias que permitan subsumirlo en algunas de las descripciones típicas que de las conductas delictivas se hace en el Código Penal", ha indicado el Supremo.
Añade que, además, los alcaldes de los municipios presuntamente afectados por órdenes de Bono "pertenecen a un partido político de signo contrario a aquél en el que de manera notoria milita el ahora querellado, por lo que no es esperable, razonable ni verosímil que tal influencia pudiera llegar a tener lugar".
Respecto de la querella interpuesta por la asociación Ciudadanía Anticorrupción, el Supremo afirma que "adolece del mismo defecto de indefinición" que la anterior.
Inquisición general
"La entidad querellante pretende que esta Sala lleve a cabo una inquisición general sobre todas las subvenciones o ayudas que las citadas sociedades y personas hayan percibido de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, sin que conste que los propios órganos de fiscalización de las mismas hayan detectado alguna irregularidad", razona el Tribunal Supremo.
Igualmente, afirma que el "espectacular crecimiento del patrimonio familiar" de Bono denunciado por esta asociación de abogados no es más que una consideración de carácter subjetivo que no puede justificar una investigación penal.
Además de solicitar la inadmisión de la querella, la Fiscalía llama la atención de determinadas expresiones incluidas en este documento que merecen, a su juicio, que el Tribunal Supremo aplique a la asociación, presidida por el abogado José Luis Mazón, "la correción disciplinaria que estime oportuna".
En el escrito se destacaba que "la conducta descaradamente parcial de la Fiscalía en este asunto, favoreciendo a una personalidad de alta influencia".
Permuta y regalo
La querella, presentada por la Asociación "Preeminencia del Derecho", relacionaba la operación de permuta y el regalo con el hecho de que Castilla-La Mancha, en la etapa en la que ésta comunidad autónoma estuvo presidida por Bono, diera "todos los parabienes sin los cuales el milagro de la recalificación de terrenos rústicos en urbanizables resultaba de todo imposible".
Entendía esta parte que los hechos descritos en su querella son constitutivos de dos delitos de cohecho del artículo 419 del Código Penal, por haber aceptado el presidente del Congreso en provecho propio o de su familia dádivas "que tenían por finalidad obtener los permisos necesarios para la construcción de la denominada Ciudad de Valdeluz, en el término municipal de Yebes (Guadalajara).
En su escrito, la Fiscalía recuerda que estos hechos ya fueron analizados a raíz de la presentación de varias denuncias por parte del PP, razón por la que se incoaron unas diligencias de investigación penal que fueron archivadas el pasado 15 de julio.
"Como consecuencia de la investigación efectuada, se llegó al convencimiento de la inexistencia de ilícito penal alguno y, en concreto, del delito de cohecho que ahora se imputa al querellado", señala el informe, que firma el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín-Casallo. Recuerda hasta 6 documentos que fueron tenidos en cuenta para llegar a esta conclusión.
Así, concluye que la permuta entre el piso de Bono y los apartamentos de la empresa Royal Urbis en Estepona "se efectuó en términos de igualdad económica, sin que puedan aceptarse las diferencias de dicha naturaleza a las que alude el querellante en su escrito". Además, el intercambio tuvo lugar cuatro años después de la aprobaicón de los citados proyectos, cuando el querellado ya había cesado en el cargo, en abril de 2004, como consecuencia de ser nombrado Ministro de Defensa.
Todo ello, explica, porque "no ha existido convenio, acuerdo o cooperación entre el querellado y la entidad mercantil Reyal Urbis con la finalidad de influir en las actuaciones urbanísticas de Valdeluz y la estación del AVE en Guadalajara".
Tal afirmación es consecuencia, según el teniente fiscal del Supremo, del hecho documentalmente acreditado de que la Junta de Castilla-La Mancha "no tuvo participación ni en la iniciación ni en la firma de los citados proyectos.
TRIBUNALES
Bono llama "delincuentes" a sus denunciantes
http://www.eldigitalcastillalamancha.es/articulo.asp?idarticulo=82328
El presidente del Congreso, José Bono, ha expresado su "alegría" por la decisión del Tribunal Supremo de no admitir a trámite las querellas que, según ha recalcado, han intentado presentar durante meses un "grupo delincuentes y calumniadores" con la clara intención de perjudicarle.
Bono saludaba así, en los pasillos de la Cámara Baja, la no admisión a trámite de dos querellas promovidas por las asociaciones de abogados "Preeminencia del Derecho" y "Ciudadanía Anticorrupción" que, como ha informado EL DIGITAL, le achacaban un presunto delito de cohecho en relación con la permuta de diferentes inmuebles de su propiedad y al aceptar como regalo de una inmobiliaria la decoración de parte de su cada de Olías (Toledo).
El presidente del Congreso ha dicho desconocer si los querellantes han actuado por "razones políticas o de cualquier otra índole", pero ha subrayado que lo que estaba clara era su intención de "calumniar y hacer daño".
"Al final, en un Estado democrático, la verdad se abre camino", ha sentenciado Bono, congratulándose de que el Tribunal Supremo haya desechado "todas las denuncias" por las que han venido "padeciendo" tanto él como su familia.
Por eso ha proclamado que para él "hoy es el mejor día del año". "Cuando el Tribunal Supremo de España rechaza a los calumniadores del modo en que lo ha hecho, tan clara y contundentemente, las personas de bien nos alegramos y si encima hemos visto sufrir a nuestros hijos por esa banda de delincuentes y calumniadores, la satisfacción tiene que ser clara", ha concluido el presidente del Congreso.
LA GACETA DE INTERECONOMIA
'Caso Bono'
Al TS no le interesa cómo hizo su fortuna
La tercera autoridad del Estado celebra que el Supremo rechace admitir a trámite dos querellas de “los calumniadores” contra él por diversos delitos. “Hoy es es el mejor día del año”, dice. “He visto sufrir a nuestros hijos por esa banda de delincuentes”. “Lo que es claro es la intención de calumniar y perjudicar”. El mismo argumento sirve para imputar a Camps y exculpar a Bono.
http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/politica/al-ts-no-le-interesa-como-hizo-fortuna
L. A. Madrid
Mañana de gloria para el presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, quien tras el pleno extraordinario de ayer en la Cámara baja anunció a los periodistas que “esta mañana el Tribunal Supremo ha resuelto no admitir a trámite las denuncias y las querellas que un grupo de calumniadores, desde hace unos meses, ha querido ir presentando contra mi persona, contra el presidente del Congreso”.
El Supremo inadmitió sendas querellas por cohecho (de la Asociación Preeminencia del Derecho) y por tráfico de influencias, prevaricación, falsedad en documento público, fraude en la obtención de subvenciones y cohecho (de Ciudadanía Anticorrupción), respectivamente. Bono quiso enfatizar que para él “hoy (por ayer) es el mejor día del año”. Asimismo, declaró que “he visto sufrir a nuestros hijos por esa banda de delincuentes” que, según él, sólo buscaban “calumniar y perjudicar”.
Así, Bono declaró que “han intentado hacer daño, ignoro cuál será la razón que les mueve a ellos, si será una razón política, si será una razón de otra índole... lo que es clara es la intención”, subrayó sin ocultar que “hoy es el mejor día del año” porque “al final en un estado democrático la verdad se abre camino”. A su juicio, “el Tribunal Supremo ha desechado todas las denuncias por las que mi familia, mis hijos y por las que yo mismo hemos padecido”. Sendas querellas se sustentaron en las informaciones de LA GACETA acerca del patrimonio y las derivadas de las relaciones de amistad del presidente del Congreso con el propietario de la promotora Reyal Urbis, Rafael Santamaría.
El Tribunal Supremo razonó ayer que no hay un presunto delito de cohecho en el caso de la permuta de la casa de Madrid por los dos áticos de lujo porque “se hizo entre bienes de similar valor económico”. Según el auto, se debió “valorar la situación del inmueble y las posibilidades de explotación”.
En cuanto a la decoración de las casas de Bono por Rafael Santamaría, presidente de Reyal Urbis, el Supremo afirma que se realizó por amistad entre ambas familias. Es decir, la mujer de Santamaría era madrina de la hija de Bono. En cambio, la imputación de cohecho impropio a Camps, por recibir unos trajes, se hizo en consideración a su cargo de presidente.
Y Bono se crece y amenaza ahora con emprender acciones legales contra las asociaciones que le denunciaron
http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/politica/bono-se-crece-y-ahora-amenaza-emprender-acciones-legales-contra-las-asociac
El presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, ha asegurado que no descarta emprender acciones legales contra las asociaciones que le denunciaron por cohecho, aunque ha precisado que "no tiene prisa".
De este modo se ha pronunciado el presidente de la Cámara Baja, en declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, después de que el Tribunal Supremo haya inadmitido a trámite dos querellas presentadas por dos asociaciones de abogados contra su persona, por un presunto delito de cohecho que habría cometido en relación con la permuta de diferentes inmuebles de su propiedad y al aceptar como regalo de la inmobiliaria Reyal Urbis la decoración de la habitación de su hija en su casa de Olías del Rey (Toledo).
Tras la actuación del Supremo, el que también fuera presidente de Castilla-La Mancha ha señalado que ayer "fue el día más feliz del año", ya que el Tribunal Supremo ha evitado que "la calumnia triunfe" en este caso.
Bono ha reconocido que su familia ha sufrido "mucho" en los últimos meses, desde que las asociaciones Preeminencia del Derecho y Ciudadanía Anticorrupción le acusaran de delinquir con la permuta de diferentes inmuebles de su propiedad y de aceptar regalos de una constructora.
Así, Bono ha manifestado que "en las cárceles tiene que haber celdas para los corruptos y al lado otras para los calumniadores", al tiempo que ha apuntado que "se trata de unos delincuentes peligrosos porque pretenden hacer daño a la fama, la moral y la honradez de las personas".
Por último, el presidente del Congreso de los Diputados, que ha asegurado no sentir "odio", ha confiado en que "esto no le vuelva a ocurrir a nadie, ni de la derecha, ni de la izquierda".
NO HAY INDICIOS DE DELITOS NI CORRUPCIÓN
El Supremo archiva las querellas contra Bono
http://www.eldigitalcastillalamancha.es/articulo.asp?idarticulo=82322
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite dos querellas presentadas por sendas asociaciones de abogados contra el presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, por un presunto delito de cohecho que habría cometido en relación con la permuta de diferentes inmuebles de su propiedad y al aceptar como regalo de la inmobiliaria Reyal Urbis la decoración de la habitación de su hija en su casa de Olías (Toledo).
El auto, del que ha sido ponente el magistrado Carlos Granados, justifica el rechazo de las querellas presentada por las asociaciones "Preeminencia del Derecho" y "Ciudadanía Anticorrupción" argumentando que, en relación con la permuta de los inmuebles, "no hay indicio de la existencia y recepción de la dádiva ni de la ejecución de un acto contrario a los deberes del cargo, por lo que tampoco existen indicios de la existencia de un delito de cohecho".
El alto tribunal coincide con el dictamen del Ministerio Fiscal, que en un escrito remitido al Supremo a finales del pasado mes de octubre solicitaba la inadmisión de este asunto al entender que la permuta entre un piso propiedad de la familia Bono en la periferia de Madrid y dos áticos de lujo en Estepona (Málaga) "se efectuó en términos de igualdad económica", mientras que el regalo de decoración de la casa tiene su origen en la "relación de amistad" que une a Bono con el accionista mayoritario de Royal Urbis, Rafael Santamaría.
Relación de amistad
Sobre el regalo de la decoración, el Supremo señala que "la relación de amistad entre los citados y la condición especia que se da entre familiares de los mismos es explicación coherente y plausible del gasto llevado a cabo en el inmueble del querellado".
Sobre la primera de las querellas, interpuesta por la asociación "Preeminencia del Derecho", que preside el abogado murciano José Luis Mazón, el Supremo dice que no concreta la modalidad de cohecho aplicable al caso y además obvia datos fácticos "que arrojan unas conclusiones radicalmente distintas a las obtenidas" por los querellantes.
Así, para determinar el importe de la dádiva, la asociación querellante tomó la valoración del importe del inmueble de Madrid de menor valor y realizada en 2010 mientras que en la denuncia se aporta otra valoración, de 2005, por un importe claramente superior (909.611 euros).
Además, "Preeminencia del Derecho" valoró los áticos de Estepona en 1.474.460 euros señalando, en su escrito inicial de denuncia, que ése era su valor según la inmobiliaria que los vendía o que era el precio de venta de otros inmuebles de iguales características. Sin embargo, la propia parte decía en su escrito que la promotora reservó los áticos al señor Bono por importe de 1.800.000 euros.
"Junto a la versión de hechos presentada por la asociación querellante, que refleja una desproporción entre el valor de los bienes permutados, existen otros datos o elementos que se sostienen en los propios escritos y documentos presentados que reflejan una permuta entre bienes de similar valor económico -razona el Tribunal Supremo-. Desde esta segunda perspectiva, la existencia de una posible dádiva o regalo no puede sostenerse".
Alegaciones confusas
Además, el alto tribunal considera "confusas" las alegaciones de los querellantes porque no determinan qué acto concreto debía realizar el querellado y cuál era su contenido: si conseguir una recalificación de terrenos, otorgar permisos o licencias u omitir funciones de supervisión urbanística.
"Es imprescindible que en la descripción del suceso que realice el querellante se ofrezcan los datos y las circunstancias que permitan subsumirlo en algunas de las descripciones típicas que de las conductas delictivas se hace en el Código Penal", ha indicado el Supremo.
Añade que, además, los alcaldes de los municipios presuntamente afectados por órdenes de Bono "pertenecen a un partido político de signo contrario a aquél en el que de manera notoria milita el ahora querellado, por lo que no es esperable, razonable ni verosímil que tal influencia pudiera llegar a tener lugar".
Respecto de la querella interpuesta por la asociación Ciudadanía Anticorrupción, el Supremo afirma que "adolece del mismo defecto de indefinición" que la anterior.
Inquisición general
"La entidad querellante pretende que esta Sala lleve a cabo una inquisición general sobre todas las subvenciones o ayudas que las citadas sociedades y personas hayan percibido de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, sin que conste que los propios órganos de fiscalización de las mismas hayan detectado alguna irregularidad", razona el Tribunal Supremo.
Igualmente, afirma que el "espectacular crecimiento del patrimonio familiar" de Bono denunciado por esta asociación de abogados no es más que una consideración de carácter subjetivo que no puede justificar una investigación penal.
Además de solicitar la inadmisión de la querella, la Fiscalía llama la atención de determinadas expresiones incluidas en este documento que merecen, a su juicio, que el Tribunal Supremo aplique a la asociación, presidida por el abogado José Luis Mazón, "la correción disciplinaria que estime oportuna".
En el escrito se destacaba que "la conducta descaradamente parcial de la Fiscalía en este asunto, favoreciendo a una personalidad de alta influencia".
Permuta y regalo
La querella, presentada por la Asociación "Preeminencia del Derecho", relacionaba la operación de permuta y el regalo con el hecho de que Castilla-La Mancha, en la etapa en la que ésta comunidad autónoma estuvo presidida por Bono, diera "todos los parabienes sin los cuales el milagro de la recalificación de terrenos rústicos en urbanizables resultaba de todo imposible".
Entendía esta parte que los hechos descritos en su querella son constitutivos de dos delitos de cohecho del artículo 419 del Código Penal, por haber aceptado el presidente del Congreso en provecho propio o de su familia dádivas "que tenían por finalidad obtener los permisos necesarios para la construcción de la denominada Ciudad de Valdeluz, en el término municipal de Yebes (Guadalajara).
En su escrito, la Fiscalía recuerda que estos hechos ya fueron analizados a raíz de la presentación de varias denuncias por parte del PP, razón por la que se incoaron unas diligencias de investigación penal que fueron archivadas el pasado 15 de julio.
"Como consecuencia de la investigación efectuada, se llegó al convencimiento de la inexistencia de ilícito penal alguno y, en concreto, del delito de cohecho que ahora se imputa al querellado", señala el informe, que firma el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín-Casallo. Recuerda hasta 6 documentos que fueron tenidos en cuenta para llegar a esta conclusión.
Así, concluye que la permuta entre el piso de Bono y los apartamentos de la empresa Royal Urbis en Estepona "se efectuó en términos de igualdad económica, sin que puedan aceptarse las diferencias de dicha naturaleza a las que alude el querellante en su escrito". Además, el intercambio tuvo lugar cuatro años después de la aprobaicón de los citados proyectos, cuando el querellado ya había cesado en el cargo, en abril de 2004, como consecuencia de ser nombrado Ministro de Defensa.
Todo ello, explica, porque "no ha existido convenio, acuerdo o cooperación entre el querellado y la entidad mercantil Reyal Urbis con la finalidad de influir en las actuaciones urbanísticas de Valdeluz y la estación del AVE en Guadalajara".
Tal afirmación es consecuencia, según el teniente fiscal del Supremo, del hecho documentalmente acreditado de que la Junta de Castilla-La Mancha "no tuvo participación ni en la iniciación ni en la firma de los citados proyectos.
TRIBUNALES
Bono llama "delincuentes" a sus denunciantes
http://www.eldigitalcastillalamancha.es/articulo.asp?idarticulo=82328
El presidente del Congreso, José Bono, ha expresado su "alegría" por la decisión del Tribunal Supremo de no admitir a trámite las querellas que, según ha recalcado, han intentado presentar durante meses un "grupo delincuentes y calumniadores" con la clara intención de perjudicarle.
Bono saludaba así, en los pasillos de la Cámara Baja, la no admisión a trámite de dos querellas promovidas por las asociaciones de abogados "Preeminencia del Derecho" y "Ciudadanía Anticorrupción" que, como ha informado EL DIGITAL, le achacaban un presunto delito de cohecho en relación con la permuta de diferentes inmuebles de su propiedad y al aceptar como regalo de una inmobiliaria la decoración de parte de su cada de Olías (Toledo).
El presidente del Congreso ha dicho desconocer si los querellantes han actuado por "razones políticas o de cualquier otra índole", pero ha subrayado que lo que estaba clara era su intención de "calumniar y hacer daño".
"Al final, en un Estado democrático, la verdad se abre camino", ha sentenciado Bono, congratulándose de que el Tribunal Supremo haya desechado "todas las denuncias" por las que han venido "padeciendo" tanto él como su familia.
Por eso ha proclamado que para él "hoy es el mejor día del año". "Cuando el Tribunal Supremo de España rechaza a los calumniadores del modo en que lo ha hecho, tan clara y contundentemente, las personas de bien nos alegramos y si encima hemos visto sufrir a nuestros hijos por esa banda de delincuentes y calumniadores, la satisfacción tiene que ser clara", ha concluido el presidente del Congreso.
LA GACETA DE INTERECONOMIA
'Caso Bono'
Al TS no le interesa cómo hizo su fortuna
La tercera autoridad del Estado celebra que el Supremo rechace admitir a trámite dos querellas de “los calumniadores” contra él por diversos delitos. “Hoy es es el mejor día del año”, dice. “He visto sufrir a nuestros hijos por esa banda de delincuentes”. “Lo que es claro es la intención de calumniar y perjudicar”. El mismo argumento sirve para imputar a Camps y exculpar a Bono.
http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/politica/al-ts-no-le-interesa-como-hizo-fortuna
L. A. Madrid
Mañana de gloria para el presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, quien tras el pleno extraordinario de ayer en la Cámara baja anunció a los periodistas que “esta mañana el Tribunal Supremo ha resuelto no admitir a trámite las denuncias y las querellas que un grupo de calumniadores, desde hace unos meses, ha querido ir presentando contra mi persona, contra el presidente del Congreso”.
El Supremo inadmitió sendas querellas por cohecho (de la Asociación Preeminencia del Derecho) y por tráfico de influencias, prevaricación, falsedad en documento público, fraude en la obtención de subvenciones y cohecho (de Ciudadanía Anticorrupción), respectivamente. Bono quiso enfatizar que para él “hoy (por ayer) es el mejor día del año”. Asimismo, declaró que “he visto sufrir a nuestros hijos por esa banda de delincuentes” que, según él, sólo buscaban “calumniar y perjudicar”.
Así, Bono declaró que “han intentado hacer daño, ignoro cuál será la razón que les mueve a ellos, si será una razón política, si será una razón de otra índole... lo que es clara es la intención”, subrayó sin ocultar que “hoy es el mejor día del año” porque “al final en un estado democrático la verdad se abre camino”. A su juicio, “el Tribunal Supremo ha desechado todas las denuncias por las que mi familia, mis hijos y por las que yo mismo hemos padecido”. Sendas querellas se sustentaron en las informaciones de LA GACETA acerca del patrimonio y las derivadas de las relaciones de amistad del presidente del Congreso con el propietario de la promotora Reyal Urbis, Rafael Santamaría.
El Tribunal Supremo razonó ayer que no hay un presunto delito de cohecho en el caso de la permuta de la casa de Madrid por los dos áticos de lujo porque “se hizo entre bienes de similar valor económico”. Según el auto, se debió “valorar la situación del inmueble y las posibilidades de explotación”.
En cuanto a la decoración de las casas de Bono por Rafael Santamaría, presidente de Reyal Urbis, el Supremo afirma que se realizó por amistad entre ambas familias. Es decir, la mujer de Santamaría era madrina de la hija de Bono. En cambio, la imputación de cohecho impropio a Camps, por recibir unos trajes, se hizo en consideración a su cargo de presidente.
Y Bono se crece y amenaza ahora con emprender acciones legales contra las asociaciones que le denunciaron
http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/politica/bono-se-crece-y-ahora-amenaza-emprender-acciones-legales-contra-las-asociac
El presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, ha asegurado que no descarta emprender acciones legales contra las asociaciones que le denunciaron por cohecho, aunque ha precisado que "no tiene prisa".
De este modo se ha pronunciado el presidente de la Cámara Baja, en declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, después de que el Tribunal Supremo haya inadmitido a trámite dos querellas presentadas por dos asociaciones de abogados contra su persona, por un presunto delito de cohecho que habría cometido en relación con la permuta de diferentes inmuebles de su propiedad y al aceptar como regalo de la inmobiliaria Reyal Urbis la decoración de la habitación de su hija en su casa de Olías del Rey (Toledo).
Tras la actuación del Supremo, el que también fuera presidente de Castilla-La Mancha ha señalado que ayer "fue el día más feliz del año", ya que el Tribunal Supremo ha evitado que "la calumnia triunfe" en este caso.
Bono ha reconocido que su familia ha sufrido "mucho" en los últimos meses, desde que las asociaciones Preeminencia del Derecho y Ciudadanía Anticorrupción le acusaran de delinquir con la permuta de diferentes inmuebles de su propiedad y de aceptar regalos de una constructora.
Así, Bono ha manifestado que "en las cárceles tiene que haber celdas para los corruptos y al lado otras para los calumniadores", al tiempo que ha apuntado que "se trata de unos delincuentes peligrosos porque pretenden hacer daño a la fama, la moral y la honradez de las personas".
Por último, el presidente del Congreso de los Diputados, que ha asegurado no sentir "odio", ha confiado en que "esto no le vuelva a ocurrir a nadie, ni de la derecha, ni de la izquierda".
viernes, 17 de diciembre de 2010
17 DE DICIEMBRE DE 2010
EL CONFIDENCIAL
NO VE DELITO POR SU “RELACIÓN DE AMISTAD”
El Supremo justifica que Bono recibiera regalos millonarios de un constructor amigo
http://www.elconfidencial.com/espana/supremo-bono-regalos-santamaria-constructor-20101217-72682.html
El Tribunal Supremo rechazó ayer la admisión de dos querellas contra José Bono por los regalos recibidos del constructor Rafael Santamaría, dueño de la inmobiliaria Reyal. El Alto Tribunal considera que la “relación de amistad” entre ambos justifica la entrega de dádivas y se niega a investigar el notable incremento patrimonial experimentado por el actual presidente del Congreso. Bono se mostró exultante tras conocer la noticia y tachó de “delincuentes y calumniadores” a los impulsores de la denuncia, las asociaciones de abogados Preeminencia del Derecho y Ciudadanía Anticorrupción.
Según los querellantes, Bono intercambió a Santamaría un piso en Madrid, valorado en 559.779 euros por una inmobiliaria independiente, por dos áticos en Estepona con un valor de 1.474.460 euros. Es decir, el regalo del constructor se elevaría a 914.681 euros. Sin embargo, los magistrados creen al ex presidente manchego, que valora su vivienda en la capital en 909.611 euros, y el precio de los áticos en 1.080.000 euros. “Desde esta segunda perspectiva, la existencia de una posible dádiva o regalo no puede sostenerse”.
Otro punto de la denuncia se refiere a los “gastos en decoración por importe de 7.669 euros, ejecutados en la casa que bono tenía (o tiene) en Olías”. Santamaría regaló Bono la decoración de la habitación de su hija menor en su casa familiar de Olías del Rey (Toledo). Sin embargo, el Supremo considera que al ser la mujer del constructor “madrina de bautizo” de la niña, esta “relación de amistad” justifica los pagos.
“No puede afirmarse que la función pública del querellado sea la única causa que justifique la realización de trabajos en el inmueble por valor de 7.669 euros”, señala el auto judicial. El Supremo también se niega a investigar la relación entre el Gobierno de Bono en Castilla-La Mancha y las adjudicaciones y subvenciones a las sociedades de Santamaría. A juicio del Supremo, esto significaría llevar a cabo “una inquisición general”.
Los querellantes habían expuesto que Santamaría, su mujer y sus hijos recibieron subvenciones del Ejecutivo autonómico a través de las entidades Yalqui S.A, Vega del Záncara S.L. Asimismo, la querella recogía que Bono “autorizó o dio todos los parabienes sin los cuales el milagro de la recalificación de terrenos rústicos en urbanizables resultaba de todo punto imposible” en el caso Valdeluz. Se trata de la conocida ciudad del AVE, donde el dueño de Reyal promueve 10.000 viviendas próximas a la parada del tren de alta velocidad. Una gran operación que el Gobierno de Bono autorizó en 2001.
Importante incremento patrimonial
Pero el Alto Tribunal sostiene que “la querella no indica si la concesión de estas subvenciones era el acto pretendido y que se esperaba del querellado, o si se esperaba del mismo que influyera en la autoridad competente para concederlas, a cambio de la pretendida dádiva”. Es decir, que la querella no establece una conexión directa entre regalos y favores políticos, clave para hablar de cohecho.
Según publicó El Confidencial, la relación de amistad entre Santamaría y Bono se tradujo en más regalos, como caballos de competición para su hípica toledana por valor de 200.000 euros. Uno de los equinos fue adquirido en Francia con billetes de 500 envueltos en papel de periódico, y facturado a nombre de Rafael Hoteles.
El presidente del Congreso también ha estado en el centro de la polémica por su relación con el también constructor Francisco Hernando, El Pocero, así como por su extraordinario incremento patrimonial. Antes de su separación, la familia Bono acumuló ocho parcelas rústicas, un piso en Toledo, un chalet en Olías del Rey, otro en Bargas, cuatro pisos en Madrid, dos áticos en Estepona, un local en Albacete, un apartamento en Campello y la famosa Hípica de Toledo.
NO VE DELITO POR SU “RELACIÓN DE AMISTAD”
El Supremo justifica que Bono recibiera regalos millonarios de un constructor amigo
http://www.elconfidencial.com/espana/supremo-bono-regalos-santamaria-constructor-20101217-72682.html
El Tribunal Supremo rechazó ayer la admisión de dos querellas contra José Bono por los regalos recibidos del constructor Rafael Santamaría, dueño de la inmobiliaria Reyal. El Alto Tribunal considera que la “relación de amistad” entre ambos justifica la entrega de dádivas y se niega a investigar el notable incremento patrimonial experimentado por el actual presidente del Congreso. Bono se mostró exultante tras conocer la noticia y tachó de “delincuentes y calumniadores” a los impulsores de la denuncia, las asociaciones de abogados Preeminencia del Derecho y Ciudadanía Anticorrupción.
Según los querellantes, Bono intercambió a Santamaría un piso en Madrid, valorado en 559.779 euros por una inmobiliaria independiente, por dos áticos en Estepona con un valor de 1.474.460 euros. Es decir, el regalo del constructor se elevaría a 914.681 euros. Sin embargo, los magistrados creen al ex presidente manchego, que valora su vivienda en la capital en 909.611 euros, y el precio de los áticos en 1.080.000 euros. “Desde esta segunda perspectiva, la existencia de una posible dádiva o regalo no puede sostenerse”.
Otro punto de la denuncia se refiere a los “gastos en decoración por importe de 7.669 euros, ejecutados en la casa que bono tenía (o tiene) en Olías”. Santamaría regaló Bono la decoración de la habitación de su hija menor en su casa familiar de Olías del Rey (Toledo). Sin embargo, el Supremo considera que al ser la mujer del constructor “madrina de bautizo” de la niña, esta “relación de amistad” justifica los pagos.
“No puede afirmarse que la función pública del querellado sea la única causa que justifique la realización de trabajos en el inmueble por valor de 7.669 euros”, señala el auto judicial. El Supremo también se niega a investigar la relación entre el Gobierno de Bono en Castilla-La Mancha y las adjudicaciones y subvenciones a las sociedades de Santamaría. A juicio del Supremo, esto significaría llevar a cabo “una inquisición general”.
Los querellantes habían expuesto que Santamaría, su mujer y sus hijos recibieron subvenciones del Ejecutivo autonómico a través de las entidades Yalqui S.A, Vega del Záncara S.L. Asimismo, la querella recogía que Bono “autorizó o dio todos los parabienes sin los cuales el milagro de la recalificación de terrenos rústicos en urbanizables resultaba de todo punto imposible” en el caso Valdeluz. Se trata de la conocida ciudad del AVE, donde el dueño de Reyal promueve 10.000 viviendas próximas a la parada del tren de alta velocidad. Una gran operación que el Gobierno de Bono autorizó en 2001.
Importante incremento patrimonial
Pero el Alto Tribunal sostiene que “la querella no indica si la concesión de estas subvenciones era el acto pretendido y que se esperaba del querellado, o si se esperaba del mismo que influyera en la autoridad competente para concederlas, a cambio de la pretendida dádiva”. Es decir, que la querella no establece una conexión directa entre regalos y favores políticos, clave para hablar de cohecho.
Según publicó El Confidencial, la relación de amistad entre Santamaría y Bono se tradujo en más regalos, como caballos de competición para su hípica toledana por valor de 200.000 euros. Uno de los equinos fue adquirido en Francia con billetes de 500 envueltos en papel de periódico, y facturado a nombre de Rafael Hoteles.
El presidente del Congreso también ha estado en el centro de la polémica por su relación con el también constructor Francisco Hernando, El Pocero, así como por su extraordinario incremento patrimonial. Antes de su separación, la familia Bono acumuló ocho parcelas rústicas, un piso en Toledo, un chalet en Olías del Rey, otro en Bargas, cuatro pisos en Madrid, dos áticos en Estepona, un local en Albacete, un apartamento en Campello y la famosa Hípica de Toledo.
sábado, 11 de diciembre de 2010
11 DE DICIEMBRE DE 2010
NOTITIA CRIMINIS
La Gaceta vincula a Bono con una mansión en Somosaguas y un piso de lujo en Rosales
http://blogs.tercerainformacion.es/notitiacriminis/2010/10/25/1075/
En la memorable fecha del 13 de abril de 2010, con número de registro 201000008899 tenía entrada en la Fiscalía General del Estado una denuncia de José Bono contra el grupo Intereconomía.
En el párrafo segundo del escrito el de Salobre informa al Fiscal que “no es la primera vez que el Grupo Intereconomía ha iniciado campañas difamatorias contra su persona. Por poner sólo un ejemplo, baste citar la Revista EPOCA de fecha 2004-09-24. en la que decían: ‘Bono Ricachón… El Ministro de Defensa se ha comprado un piso de 300 metros cuadrados en Pintor Rosales… más de un millón de pesetas el metro cuadrado… Pagará más de tres millones de euros…’
Luego continuaba: “Ni el dicente (dígase Bono) ni ningún miembro de su familia cercana o lejana jamás han sido propietarios o arrendatarios de un piso en el mencionado Paseo de Rosales”.
Bono no mentía si nos atenemos a los datos públicos. Sin embargo, el tracto registral de la vivienda en cuestión, situada en el número 38 del Pº Pintror Rosales de Madrid es, cuando menos, singular y si no nos creemos sin más las protestas de aquilatada honradez de quienes manejan el poder y los presupuestos públicos, sospechoso.
La información la daba el 26 de abril de este año El Extraconfidencial y hoy la repite, con más detalle, La Gaceta. La vivienda de Rosales fue adquirida en 2004, pocas semanas después de que Bono llegara a Defensa, por la mercantil SADEPROM, propiedad de Aurelio González Villarejo, conocido por formar parte de la dotación de presa que acompañó a Luis Portillo en su abordaje de Inmobiliaria Colonial, por ser el constructor del chalet de Bargas puesto a nombre de una de las sociedades de los Bono, por su actividad inmobiliaria en Bargas y en Carranque, por ser uno de los principales deudores de la quebrada CCM, y por el uso habitual de botines de tacón cubano que le elevan varios centímetros sobre el suelo.
En octubre de 2005, González Villarejo, a través de SADEPRON, vendió esa misma vivienda a la mercantil INDO MA RENTA, controlada por otro príncipe manchego, Domingo Díaz de Mera, hombre que ha recibido especial atención en el informe que el Banco de España ha remitido a la Fiscalía Anticorrupción al hilo de los presuntos delitos cometidos por Juan Pedro Hernández Moltó y otros directivos de CCM. Finalmente, la vivienda ha acabado escriturada a nombre de la señora esposa de Domingo Díaz de Mera, Inmaculada Lamarca Maján.
Nada pues, relaciona a Bono con esa vivienda salvo las informaciones aparecidas sobre las declaraciones del portero de la finca y de distintos vecinos que, según la prensa, veían a Bono ocupándose habitualmente de las obras de reforma y de la decoración de la casa.
Sin embargo, hoy La Gaceta añade un nuevo dato especialmente significativo: “La Comisaría General de Seguridad Ciudadana realizó el informe de seguridad de la calle donde se ubica, ante la llegada de José Bono y de su familia como nuevos inquilinos de la casa de Pintor Rosales. Lo hizo a instancias del Ministerio del Interior, una vez que Defensa comunicó la intención de José Bono de trasladarse”.
En consecuencia, de confirmarse estos datos, los reiterados indicios que vinculan a Bono con la vivienda de Pintor Rosales adquieren una nueva dimensión, porque en tan temprana fecha como 2004, los Bono ya disponían de no menos de 3 millones de € para adquirir el inmueble y eso, teniendo en cuenta las declaraciones de bienes rentas y patrimonio que constan, era mucho dinero.
No menos significativo que la disponibilidad de esa cantidad de efectivo en fecha tan temprana es la presencia de los dos constructores áulicos más destacados de la región que fue gobernada por Bono hasta el 2004. Ambos, Aurelio González Villarejo y Domingo Díaz de Mera parecen cumplir siempre con la condición de satélites en órbita al rededor del complejo de poder formado por Bono y Barreda y su brillo sólo lo empaña la preeminencia del otro constructor de probada prodigalidad en lo que a los Bono se refiere: Rafael Santamaría.
A propósito de Santamaría, mayor importancia que lo anterior puede tener las informaciones relativas a una mansión de 5.000 metros cuadrados situada en Somosaguas, que aún constando en los Registros a nombre de una de las sociedades de éste, era reformada y decorada bajo la estrecha supervisión y órdenes directas, siempre según el diario citado, del actual presidente del Congreso de los Diputados.
Digo que mayor importancia tiene esto, porque la situación deja pocas alternativas: o Bono trabaja como decorador e interiorista de sus poderosos amigos o la mansión en conflicto le pertenecía, le iba a pertenecer o le pertenece, razón por la cual estaba en condiciones de realizar actos dispositivos sobre la ella.
El contrato de fiducia se remonta hasta el Derecho romano, pero por Dios que desde entonces ha tapado cosas y cosas habrá de tapar que harían hablar a las piedras.
La Gaceta vincula a Bono con una mansión en Somosaguas y un piso de lujo en Rosales
http://blogs.tercerainformacion.es/notitiacriminis/2010/10/25/1075/
En la memorable fecha del 13 de abril de 2010, con número de registro 201000008899 tenía entrada en la Fiscalía General del Estado una denuncia de José Bono contra el grupo Intereconomía.
En el párrafo segundo del escrito el de Salobre informa al Fiscal que “no es la primera vez que el Grupo Intereconomía ha iniciado campañas difamatorias contra su persona. Por poner sólo un ejemplo, baste citar la Revista EPOCA de fecha 2004-09-24. en la que decían: ‘Bono Ricachón… El Ministro de Defensa se ha comprado un piso de 300 metros cuadrados en Pintor Rosales… más de un millón de pesetas el metro cuadrado… Pagará más de tres millones de euros…’
Luego continuaba: “Ni el dicente (dígase Bono) ni ningún miembro de su familia cercana o lejana jamás han sido propietarios o arrendatarios de un piso en el mencionado Paseo de Rosales”.
Bono no mentía si nos atenemos a los datos públicos. Sin embargo, el tracto registral de la vivienda en cuestión, situada en el número 38 del Pº Pintror Rosales de Madrid es, cuando menos, singular y si no nos creemos sin más las protestas de aquilatada honradez de quienes manejan el poder y los presupuestos públicos, sospechoso.
La información la daba el 26 de abril de este año El Extraconfidencial y hoy la repite, con más detalle, La Gaceta. La vivienda de Rosales fue adquirida en 2004, pocas semanas después de que Bono llegara a Defensa, por la mercantil SADEPROM, propiedad de Aurelio González Villarejo, conocido por formar parte de la dotación de presa que acompañó a Luis Portillo en su abordaje de Inmobiliaria Colonial, por ser el constructor del chalet de Bargas puesto a nombre de una de las sociedades de los Bono, por su actividad inmobiliaria en Bargas y en Carranque, por ser uno de los principales deudores de la quebrada CCM, y por el uso habitual de botines de tacón cubano que le elevan varios centímetros sobre el suelo.
En octubre de 2005, González Villarejo, a través de SADEPRON, vendió esa misma vivienda a la mercantil INDO MA RENTA, controlada por otro príncipe manchego, Domingo Díaz de Mera, hombre que ha recibido especial atención en el informe que el Banco de España ha remitido a la Fiscalía Anticorrupción al hilo de los presuntos delitos cometidos por Juan Pedro Hernández Moltó y otros directivos de CCM. Finalmente, la vivienda ha acabado escriturada a nombre de la señora esposa de Domingo Díaz de Mera, Inmaculada Lamarca Maján.
Nada pues, relaciona a Bono con esa vivienda salvo las informaciones aparecidas sobre las declaraciones del portero de la finca y de distintos vecinos que, según la prensa, veían a Bono ocupándose habitualmente de las obras de reforma y de la decoración de la casa.
Sin embargo, hoy La Gaceta añade un nuevo dato especialmente significativo: “La Comisaría General de Seguridad Ciudadana realizó el informe de seguridad de la calle donde se ubica, ante la llegada de José Bono y de su familia como nuevos inquilinos de la casa de Pintor Rosales. Lo hizo a instancias del Ministerio del Interior, una vez que Defensa comunicó la intención de José Bono de trasladarse”.
En consecuencia, de confirmarse estos datos, los reiterados indicios que vinculan a Bono con la vivienda de Pintor Rosales adquieren una nueva dimensión, porque en tan temprana fecha como 2004, los Bono ya disponían de no menos de 3 millones de € para adquirir el inmueble y eso, teniendo en cuenta las declaraciones de bienes rentas y patrimonio que constan, era mucho dinero.
No menos significativo que la disponibilidad de esa cantidad de efectivo en fecha tan temprana es la presencia de los dos constructores áulicos más destacados de la región que fue gobernada por Bono hasta el 2004. Ambos, Aurelio González Villarejo y Domingo Díaz de Mera parecen cumplir siempre con la condición de satélites en órbita al rededor del complejo de poder formado por Bono y Barreda y su brillo sólo lo empaña la preeminencia del otro constructor de probada prodigalidad en lo que a los Bono se refiere: Rafael Santamaría.
A propósito de Santamaría, mayor importancia que lo anterior puede tener las informaciones relativas a una mansión de 5.000 metros cuadrados situada en Somosaguas, que aún constando en los Registros a nombre de una de las sociedades de éste, era reformada y decorada bajo la estrecha supervisión y órdenes directas, siempre según el diario citado, del actual presidente del Congreso de los Diputados.
Digo que mayor importancia tiene esto, porque la situación deja pocas alternativas: o Bono trabaja como decorador e interiorista de sus poderosos amigos o la mansión en conflicto le pertenecía, le iba a pertenecer o le pertenece, razón por la cual estaba en condiciones de realizar actos dispositivos sobre la ella.
El contrato de fiducia se remonta hasta el Derecho romano, pero por Dios que desde entonces ha tapado cosas y cosas habrá de tapar que harían hablar a las piedras.
viernes, 10 de diciembre de 2010
10 DE DICIEMBRE DE 2010
NOTITIA CRIMINIS
El Extraconfidencial: “Bono defraudó casi 25.000 euros en impuestos por las obras de Hípica Almenara”
http://blogs.tercerainformacion.es/notitiacriminis/2010/09/29/el-extraconfidencial-%e2%80%9cbono-defraudo-casi-25-000-euros-en-impuestos-por-las-obras-de-hipica-almenara%e2%80%9d/
El Extraconfidencial publica hoy la noticia que se reproduce a continuación. Los documentos, a los que ha tenido acceso Notitia Criminis, parecen dejar poco lugar a las dudas y salvo que el “entorno de Bono” o el propio Bono presenten prueba documental de la existencia de autoliquidaciones complementarias que desmientan el fraude denunciado por el Extraconfidencial, el hecho resulta claramente definidor de lo que ha sido el bonismo en Castilla-La Mancha.
Como detalle a tener en cuenta, la solicitud de obras está firmada por Francisco Javier Montalvo, hombre que además de aparecer como administrador en varias de las mercantiles que componen el complejo empresarial de los Bono, ya se publicó que aparece ligado a los negocios de otro amigo de la familia: Rafael Santamaría Trigo, presidente de Reyal-Urbis.
Al Presidente del Congreso se le perdieron por el camino 20.806,44 euros que dejó de abonar en concepto de impuestos.
El Ayuntamiento de Toledo tendría que haber percibido 25.061,44, euros por lo que dejó de ingresar 24.848,69 euros.
Ha saltado a la luz pública casi cada detalle de las famosas obras que el constructor Francisco Hernando, alias El Pocero, realizó para la hípica de José Bono, Presidente del Congreso. Sin embargo, existe un detalle, que, aunque menor, no deja de ser un auténtico escándalo de cara a los contribuyentes y a la situación de sequía económica que viven actualmente Ayuntamientos y Comunidades Autónomas. Casi 25.000 euros dejó de pagar Bono al Ayuntamiento de Toledo en concepto de Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y tasas por licencia urbanística.
Según la documentación a la que ha tenido acceso Extraconfidencial.com, el Presidente del Congreso, solicitó al Ayuntamiento de Toledo una licencia menor para “instalar gradas prefabricadas, asfaltar el aparcamiento y vallado de madera”. El coste de esas obras, que pagaron los patrocinadores de Hípica Almenara y que ejecutó El Pocero, fue declarado por la sociedad en 29.960,45 euros y el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), a facturar por el consistorio ascendió a 1.093,56 euros. Hasta ahí todo correcto. El problema es que esos datos no eran del todo ciertos.
Una jugada maestra
La multitud de noticias que ha provocado la relación, ahora inexistente, entre Bono y El Pocero, ha supuesto también una fuente de información. Gracias a ello, toda España sabe que las obras de la famosa Hípica rondaron los 600.000 euros y, por tanto, el impuesto que Bono tendría que haber abonado al Consistorio, ascendería a 21.900 euros, el 3,65 por ciento del importe total. Es decir, al ex presidente de Castilla La Mancha se le perdieron por el camino 20.806,44 euros que dejó abonar en concepto de impuestos.
La licencia fue emitida en febrero de 2004, por tanto, el posible delito de defraudación ya está prescrito. Sin embargo, según las fuentes consultadas por este periódico, podría haber sido detectado y evitado por el Ayuntamiento si el Ayuntamiento hubiese realizado una inspección de las obras que se estaban realizando. Todos los constructores de la zona consultados aseguran que el presupuesto que se declaró “era imposible ante la transformación que sufrió la Hípica”. Por otro lado, si las auténticas cantidades se hubiesen dado a conocer con anterioridad el Consistorio podría haber solicitado otra autoliquidación e imponer una sanción a la compañía. Pero nada de eso sucedió.
Todo un ejemplo
A la cantidad ya analizada, hay que añadir la tasa por licencia urbanística. Según consta en la solicitud de la licencia, la tasa se calculaba en 2004 en función del número de veces que la cantidad de 6.010,12 euros se encontraba en el presupuesto total y el resultado se multiplicaba por 42,55 euros. Por los 29.960,45 euros que se declararon en el Ayuntamiento de Toledo como “coste estimado de las obras”, Hípica Almenara abonó 212,75 euros en concepto de “tasa por licencia urbanística”; sin embargo, por los 600.000 euros que Bono aseguró que habían costado las obras, se tendrían que haber pagado 4.255 euros. En este caso, por el camino se quedaron 4.042,25 que el Presidente del Congreso dejó de abonar.
Por lo tanto, la cuantía total que, tanto por tasas como por ICIO, tendría que haber sido satisfecha al Consistorio suma 25.061,44 euros. Si a esta cantidad le restamos lo que realmente fue entregado al Ayuntamiento, éste dejó de percibir casi 25.000 euros, concretamente, 24.848,69 euros. Y aunque se trate de una cantidad pequeña, lo cierto es que con la situación actual de asfixia financiera que sufren los Ayuntamientos, en la que cualquier cantidad es bienvenida para invertir en servicios públicos, sienta mal que la posición de un ciudadano -en aquellas fechas Bono era presidente de la Comunidad de Castilla La Mancha-, sirva para ir, poco a poco, disminuyendo las arcas públicas. Todo un ejemplo.
El Extraconfidencial: “Bono defraudó casi 25.000 euros en impuestos por las obras de Hípica Almenara”
http://blogs.tercerainformacion.es/notitiacriminis/2010/09/29/el-extraconfidencial-%e2%80%9cbono-defraudo-casi-25-000-euros-en-impuestos-por-las-obras-de-hipica-almenara%e2%80%9d/
El Extraconfidencial publica hoy la noticia que se reproduce a continuación. Los documentos, a los que ha tenido acceso Notitia Criminis, parecen dejar poco lugar a las dudas y salvo que el “entorno de Bono” o el propio Bono presenten prueba documental de la existencia de autoliquidaciones complementarias que desmientan el fraude denunciado por el Extraconfidencial, el hecho resulta claramente definidor de lo que ha sido el bonismo en Castilla-La Mancha.
Como detalle a tener en cuenta, la solicitud de obras está firmada por Francisco Javier Montalvo, hombre que además de aparecer como administrador en varias de las mercantiles que componen el complejo empresarial de los Bono, ya se publicó que aparece ligado a los negocios de otro amigo de la familia: Rafael Santamaría Trigo, presidente de Reyal-Urbis.
Al Presidente del Congreso se le perdieron por el camino 20.806,44 euros que dejó de abonar en concepto de impuestos.
El Ayuntamiento de Toledo tendría que haber percibido 25.061,44, euros por lo que dejó de ingresar 24.848,69 euros.
Ha saltado a la luz pública casi cada detalle de las famosas obras que el constructor Francisco Hernando, alias El Pocero, realizó para la hípica de José Bono, Presidente del Congreso. Sin embargo, existe un detalle, que, aunque menor, no deja de ser un auténtico escándalo de cara a los contribuyentes y a la situación de sequía económica que viven actualmente Ayuntamientos y Comunidades Autónomas. Casi 25.000 euros dejó de pagar Bono al Ayuntamiento de Toledo en concepto de Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y tasas por licencia urbanística.
Según la documentación a la que ha tenido acceso Extraconfidencial.com, el Presidente del Congreso, solicitó al Ayuntamiento de Toledo una licencia menor para “instalar gradas prefabricadas, asfaltar el aparcamiento y vallado de madera”. El coste de esas obras, que pagaron los patrocinadores de Hípica Almenara y que ejecutó El Pocero, fue declarado por la sociedad en 29.960,45 euros y el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), a facturar por el consistorio ascendió a 1.093,56 euros. Hasta ahí todo correcto. El problema es que esos datos no eran del todo ciertos.
Una jugada maestra
La multitud de noticias que ha provocado la relación, ahora inexistente, entre Bono y El Pocero, ha supuesto también una fuente de información. Gracias a ello, toda España sabe que las obras de la famosa Hípica rondaron los 600.000 euros y, por tanto, el impuesto que Bono tendría que haber abonado al Consistorio, ascendería a 21.900 euros, el 3,65 por ciento del importe total. Es decir, al ex presidente de Castilla La Mancha se le perdieron por el camino 20.806,44 euros que dejó abonar en concepto de impuestos.
La licencia fue emitida en febrero de 2004, por tanto, el posible delito de defraudación ya está prescrito. Sin embargo, según las fuentes consultadas por este periódico, podría haber sido detectado y evitado por el Ayuntamiento si el Ayuntamiento hubiese realizado una inspección de las obras que se estaban realizando. Todos los constructores de la zona consultados aseguran que el presupuesto que se declaró “era imposible ante la transformación que sufrió la Hípica”. Por otro lado, si las auténticas cantidades se hubiesen dado a conocer con anterioridad el Consistorio podría haber solicitado otra autoliquidación e imponer una sanción a la compañía. Pero nada de eso sucedió.
Todo un ejemplo
A la cantidad ya analizada, hay que añadir la tasa por licencia urbanística. Según consta en la solicitud de la licencia, la tasa se calculaba en 2004 en función del número de veces que la cantidad de 6.010,12 euros se encontraba en el presupuesto total y el resultado se multiplicaba por 42,55 euros. Por los 29.960,45 euros que se declararon en el Ayuntamiento de Toledo como “coste estimado de las obras”, Hípica Almenara abonó 212,75 euros en concepto de “tasa por licencia urbanística”; sin embargo, por los 600.000 euros que Bono aseguró que habían costado las obras, se tendrían que haber pagado 4.255 euros. En este caso, por el camino se quedaron 4.042,25 que el Presidente del Congreso dejó de abonar.
Por lo tanto, la cuantía total que, tanto por tasas como por ICIO, tendría que haber sido satisfecha al Consistorio suma 25.061,44 euros. Si a esta cantidad le restamos lo que realmente fue entregado al Ayuntamiento, éste dejó de percibir casi 25.000 euros, concretamente, 24.848,69 euros. Y aunque se trate de una cantidad pequeña, lo cierto es que con la situación actual de asfixia financiera que sufren los Ayuntamientos, en la que cualquier cantidad es bienvenida para invertir en servicios públicos, sienta mal que la posición de un ciudadano -en aquellas fechas Bono era presidente de la Comunidad de Castilla La Mancha-, sirva para ir, poco a poco, disminuyendo las arcas públicas. Todo un ejemplo.
jueves, 9 de diciembre de 2010
09 DE DICIEMBRE DE 2010
PERIODISTA DIGITAL
Hay quien dice que para evitar que “tire de la manta” sobre lo sucedido en CCM
El PSOE manchego arropa en público a Hernández Moltó
http://www.periodistadigital.com/castilla-la-mancha/toledo/2010/10/17/psoe-ccm-arropa-hernandez-molto-bono-barreda-clementina-diez-baldeon-garcia-page-tofino-toledo-banco-espana.shtml
Barreda, mientras, sigue sin cumplir su palabra y niega una comisión de investigación
Cuando el ex presidente de Caja Castilla La Mancha (CCM) -el socialista Juan Pedro Hernández Moltó- está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción por su gestión y por la desaparición de la referida Caja de Ahorros, y cuando el presidente de Castilla-La Mancha, José Mª Barreda, le cubre las espaldas y decide no dar explicaciones ni crear una comisión de investigación, los demás dirigentes del PSOE de Castilla-La Mancha -encabezados por José Bono- han optado por cerrar filas y arropar a su compañero de partido.
La fotógrafa del diario ABC -Ana Pérez Herrera- capturó el momento en el que el presidente del PSOE de Castilla-La Mancha y del Congreso de los Diputados, José Bono y Juan Pedro Hernández Moltó se saludaban efusivamente. Detrás de las cámaras también se encontraban, entre otros, el secretario provincial del PSOE de Toledo y alcalde de la capital, Emiliano García Page, así como el presidente de la Diputación provincial de Toledo y alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño, y el secretario general del PSOE de Toledo y diputado regional, Antonio Guijarro, marido de la concejal de Turismo en el ayuntamiento de Toledo, Milagros Tolón.
Este respaldo público y casi en tromba al socialista Hernández Moltó -que había desaparecido prácticamente de la vida pública y social en la que se movía como pez en el agua- ha tenido lugar el pasado sábado, día 16, en Toledo, durante la presentación del oftalmólogo toledano, José Perea, del primer vídeo-oculógrafo diseñado para explorar la motilidad ocular con mayor precisión que los métodos actuales.
Recientemente se publicó que -según refleja un informe del propio Banco de España- los directivos de CCM se gastaron 3 millones de euros en viajes de placer, y que José Mª Barreda y su esposa -la diputada regional del PSOE por la provincia de Ciudad Real, Clementina Díez de Baldeón- habían sido unos de los beneficiados. La responsabilidad legal que tiene el actual gobierno de Castilla-La Mancha -por la propia Ley de Cajas de Ahorros- y las implicaciones existentes, pueden haber provocado -según el entorno del ex presidente de CCM- que el PSOE prácticamente en bloque haya optado por cerrar filas y evitar así que Hernández Moltó tire de la manta.
Eso sí, este mismo mes de octubre la portavoz de Barreda, Isabel Rodríguez, cumpliendo con la lealtad al jefe que le da de comer manifestaba públicamente que "en CCM se han hecho las cosas bien". De nuevo, y probablemente no será la última ocasión, cerrando filas con un comportamiento que satisface a los dirigentes socialistas pero que no agrada tanto a muchos miembros y simpatizantes del PSOE de Castilla-La Mancha, que no comparten ni la mala gestión, ni la evasión de responsabilidades ni la negativa a dar explicaciones.
Son graves las acusaciones vertidas sobre la gestión de un entidad de ahorro que ha pasado a la historia por ser la primera Caja de Ahorros intervenida por el Banco de España, y que, no se puede olvidar, aún se desconocen las causas y donde han ido a parar los 7.100 millones de euros de agujero (prácticamente la misma cantidad de dinero que supone el presupuesto de toda la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha).
Todo ello, y lo que aún falta por conocer, apuntan que es más que suficientemente motivo como para que los dirigentes socialistas sigan trabajando en el objetivo marcado: que "la manta" siga sin moverse de su sitio.
Hay quien dice que para evitar que “tire de la manta” sobre lo sucedido en CCM
El PSOE manchego arropa en público a Hernández Moltó
http://www.periodistadigital.com/castilla-la-mancha/toledo/2010/10/17/psoe-ccm-arropa-hernandez-molto-bono-barreda-clementina-diez-baldeon-garcia-page-tofino-toledo-banco-espana.shtml
Barreda, mientras, sigue sin cumplir su palabra y niega una comisión de investigación
Cuando el ex presidente de Caja Castilla La Mancha (CCM) -el socialista Juan Pedro Hernández Moltó- está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción por su gestión y por la desaparición de la referida Caja de Ahorros, y cuando el presidente de Castilla-La Mancha, José Mª Barreda, le cubre las espaldas y decide no dar explicaciones ni crear una comisión de investigación, los demás dirigentes del PSOE de Castilla-La Mancha -encabezados por José Bono- han optado por cerrar filas y arropar a su compañero de partido.
La fotógrafa del diario ABC -Ana Pérez Herrera- capturó el momento en el que el presidente del PSOE de Castilla-La Mancha y del Congreso de los Diputados, José Bono y Juan Pedro Hernández Moltó se saludaban efusivamente. Detrás de las cámaras también se encontraban, entre otros, el secretario provincial del PSOE de Toledo y alcalde de la capital, Emiliano García Page, así como el presidente de la Diputación provincial de Toledo y alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño, y el secretario general del PSOE de Toledo y diputado regional, Antonio Guijarro, marido de la concejal de Turismo en el ayuntamiento de Toledo, Milagros Tolón.
Este respaldo público y casi en tromba al socialista Hernández Moltó -que había desaparecido prácticamente de la vida pública y social en la que se movía como pez en el agua- ha tenido lugar el pasado sábado, día 16, en Toledo, durante la presentación del oftalmólogo toledano, José Perea, del primer vídeo-oculógrafo diseñado para explorar la motilidad ocular con mayor precisión que los métodos actuales.
Recientemente se publicó que -según refleja un informe del propio Banco de España- los directivos de CCM se gastaron 3 millones de euros en viajes de placer, y que José Mª Barreda y su esposa -la diputada regional del PSOE por la provincia de Ciudad Real, Clementina Díez de Baldeón- habían sido unos de los beneficiados. La responsabilidad legal que tiene el actual gobierno de Castilla-La Mancha -por la propia Ley de Cajas de Ahorros- y las implicaciones existentes, pueden haber provocado -según el entorno del ex presidente de CCM- que el PSOE prácticamente en bloque haya optado por cerrar filas y evitar así que Hernández Moltó tire de la manta.
Eso sí, este mismo mes de octubre la portavoz de Barreda, Isabel Rodríguez, cumpliendo con la lealtad al jefe que le da de comer manifestaba públicamente que "en CCM se han hecho las cosas bien". De nuevo, y probablemente no será la última ocasión, cerrando filas con un comportamiento que satisface a los dirigentes socialistas pero que no agrada tanto a muchos miembros y simpatizantes del PSOE de Castilla-La Mancha, que no comparten ni la mala gestión, ni la evasión de responsabilidades ni la negativa a dar explicaciones.
Son graves las acusaciones vertidas sobre la gestión de un entidad de ahorro que ha pasado a la historia por ser la primera Caja de Ahorros intervenida por el Banco de España, y que, no se puede olvidar, aún se desconocen las causas y donde han ido a parar los 7.100 millones de euros de agujero (prácticamente la misma cantidad de dinero que supone el presupuesto de toda la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha).
Todo ello, y lo que aún falta por conocer, apuntan que es más que suficientemente motivo como para que los dirigentes socialistas sigan trabajando en el objetivo marcado: que "la manta" siga sin moverse de su sitio.
miércoles, 8 de diciembre de 2010
08 DE DICIEMBRE DE 2010
PERIODISTA DIGITAL
Enrique De Diego explica por qué se niega a declarar a la Fiscalía
"No estoy dispuesto a que mis impuestos se utilicen para intentar amedrentarme"
http://www.periodistadigital.com/opinion/politica/2010/10/27/enrique-dediego-bono--intentar-amedrentarme.shtml?utm_campaign=Boletin+PD+28%2F10%2F10&utm_medium=email&utm_source=jetmails.com
Desde el primer momento en que recibí la citación de Fiscalía que me exigía aclarar declaraciones mías sobre el impresionante y abrumador incremento de patrimonio del socialista José Bono tuve claro que no pensaba acudir en ningún caso. Esa es la postura que hoy se ha transmitido ya oficialmente a través del abogado de Intereconomía que me representa, así como a Eduardo García Serrano, que ha tomado la misma actitud.
No estoy dispuesto a que mis impuestos se utilicen para intentar amedrentarme o para que la Fiscalía actúe como abogado defensor de los poderosos, y concretamente de José Bono. Me parece que la Fiscalía estaría mucho más cercana a los ciudadanos investigando las finanzas de Bono. Pero el Estatuto del Ministerio Fiscal lo sitúa en directa obediencia al Gobierno, y al partido que lo sustenta. Está, pues, en primer tiempo de saludo ante el Gobierno y el partido socialista.
Siendo el delito de injurias, que es por el que se me llama a declarar, manifiestamente privado toca, en puridad, que sea José Bono el que se querelle contra mí. Bono, queréllate contra mí. Ten la decencia de hacerlo en tu persona y con tu abogado, y no a través de la Fiscalía. Por supuesto, pienso reafirmarme, si corresponde, ante un Juzgado, en cuanto declaré en su día.
En el magnífico escrito de alegaciones presentado por el abogado Guillermo Regalado Nores, que me representa, se consignan un cúmulo de posibles errores formales que condicionan el derecho de defensa, de modo que en la primera citación ni se indicaba de qué se trataba y, después, no se ha permitido fotocopiar unas diligencias que ya van por los seiscientos folios, lo que da una idea de la pérdida de tiempo y del despilfarro de dinero del contribuyente que Bono está propiciando.
Dice el abogado que "creyendo ampliamente superada la etapa de los amanuenses medievales y encontrándose en pleno siglo XXI en el que los sistemas de reproducción y copiado mecánico de documentos constituyen aparatos de uso común; que declarando que tanto el coste y la ejecución de los trabajos de fotocopiado o escaneado serán sufragadas y realizados por esta parte; y fundamentalmente que tal prohibición no viene amparada en norma procesal alguna", todo ello implica "indefensión material", provocando "en mis representados el consecuente recelo en cuanto a su extraña e inmotivada actuación, lo que les lleva a tener que optar por acogerse al derecho a no declarar contra sí mismos que les atribuye el artículo 24 de la Constitución Española".
"Estamos -dice el escrito de alegaciones- ante una actuación de la Fiscalía absolutamente excepcional con ignotos precedentes en nuestra democracia, como es que se actúe de oficio en un delito que se considera sin discusión como esencialmente privado y por unas expresiones similares a las vertidas en muchas ocasiones en las que la Fiscalía no entendió pertinente actuar de oficio"AL FISCAL JEFE
DE LA FISCALIA PROVINCIAL DE MADRID
D. GUILLERMO REGALADO NORES, Abogado, colegiado nº 56.152 del Ilustre Colegio de Madrid, actuando en nombre y representación de D. EDUARDO GARCIA SERRANO y de D. ENRIQUE DE DIEGO VILLAGRAN, ante el Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid comparezco y, como mejor proceda en Derecho, D I G O:
1º.- Que tras la recepción por parte de mis representados de sendos telegramas de citación para declarar ante la Fiscalía en calidad de denunciados, en fecha 4 de Octubre de 2010 se vino en solicitar de V.E. la entrega de una copia del escrito de Denuncia origen de las Diligencias de Investigación 124/2010, a fin de que mis representados pudieran conocer los hechos de relevancia penal en los que habrían intervenido y por los que serían preguntados, así como para poder preparar su Defensa dada la cualificada y significativa condición en que habían sido citados ("denunciados").
2º.- Que por telegrama recibido en la tarde del día 6 de Octubre de 2010, V.E. denegaba, sin ninguna explicación, nuestra solicitud de entrega de una copia de la Denuncia, si bien que señalando "que las Diligencias de Investigación 124/2010 se encuentran a su disposición en la Secretaría de esta Fiscalía, sita en la c/ Santiago de Compostela 96, Planta 13, PARA SU CONOCIMIENTO".
3º.- Que mediante escrito de este Letrado de 7 de Octubre de 2010 se venía en denunciar ante V.E. que tras desplazarnos y personarnos en la sede de la Fiscalía a los efectos de, siguiendo sus expresas instrucciones, tomar conocimiento de las Diligencias de Investigación 124/2010 incoadas por la Fiscalía y causa de la citación como denunciados de mis representados, nos encontramos con que se nos PROHIBE realizar copia de cualesquiera de los documentos que conforman el referido expediente de investigación (Denuncia, documentos aportados por el Excmo. Sr. Bono Martínez y/o por terceros, Resoluciones de la Fiscalía, etcétera...) que no sea mediante escribiente.
Que ante tal inconcebible, sorpresiva e infundada prohibición y dada la indubitada indefensión material que se ocasionaba a mis representados, que tendrían que acudir a la sede de la Fiscalía a copiar con papel y lápiz el expediente incoado, se denunciaba ante V.E. expresamente que:
"Que dicho expediente, que se encuentra aún sin foliar, debe tener un volumen cercano a los 600 folios.
Que creyendo ampliamente superada la etapa de los amanuenses medievales y encontrándonos en pleno siglo XXI en el que los sistemas de reproducción y copiado mecánico de documentos constituyen aparatos de uso común; que declarando que tanto el coste y la ejecución de los trabajos de fotocopiado o escaneado serán sufragados y realizados por esta parte; y fundamentalmente, que tal "prohibición" no viene amparada en norma procesal alguna --y desde luego se presenta contraria a derechos establecidos tanto en el artículo 35 de la LRJPAC (si se entendiera que el atestado incoado por el Ministerio Fiscal tiene naturaleza administrativa), como en artículos tales como el 762.5ª o 776.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (si fueran de aplicación subsidiaria), o en el propio artículo 5 del Estatuto del Ministerio Fiscal que establece que "los principios de contradicción, proporcionalidad y defensa inspirarán la práctica de esas diligencias"--, es por lo que se viene en solicitar de V.E. que se nos permita obtener copia de las Diligencias 124/2010 a fin de poder preparar en debida forma la defensa de mis representados.
La indefensión material que se les está ocasionando a mis representados a los que se les prohíbe obtener una copia de las actuaciones sobre la que poder reflexionar fuera de la Fiscalía en preparación de su Defensa, cuando la Fiscalía ha necesitado varios meses para instruirse del asunto antes de proceder a citar a los denunciados, impide que podamos aceptar que las presentes diligencias aparezcan inspiradas por los principios de contradicción, PROPORCIONALIDAD y DEFENSA.
Finalmente y para el caso de que V.E. al amparo de la correspondiente norma habilitante no autorizara la realización de tales copias por medios mecánicos, vengo en solicitar se nos otorgue un plazo prudencial y razonable --que ni siquiera estimamos debiera ser el mismo que ha empleado y del que ha gozado la Fiscalía hasta la fecha-- para el copiado mediante amanuense de la totalidad del atestado con carácter previo a la toma de declaración de mis representados y a fin de salvaguardar su Derecho fundamental de Defensa."
4º.- Que por carta de 13 de Octubre de 2010 y en contestación a nuestro anterior escrito de denuncia, V.E vino en remitir a esta parte aquéllo que unilateralmente entendió pertinente: "copia de la denuncia en la que se imputa a sus defendidos expresiones cuya valoración determinará si son constitutivas de delito o no" y copia de los programas de Radio y TV en que mis representados "hicieron las manifestaciones que les imputan".
5º.- Que mediante escrito de esta parte de 14 de Octubre de 2010 se volvía a denunciar ante V.E. que aun cuando se nos había entregado copia de la Denuncia del Excmo. Sr. Bono, se había obviado y/o eludido remitir "la documentación que dice anexarse a la misma y que según se indica avalaría sus posicionamiento fácticos; una documentación que entendemos de necesario conocimiento para poder rebatir la misma y sin la cual el derecho de defensa de mis representados se ve condicionado y mermado, por lo que se impetra de V.E. se nos haga entrega de una copia de los documentos acompañados por el Excmo. Sr. Bono Martínez junto a su escrito de Denuncia con carácter previo a recibirse declaración a mis representados."
Es decir, que si bien nos plegábamos a su prohibición en cuanto a la obtención de copia del resto de documentos que conforman las Diligencias de Investigación 124/2010, sin embargo entendíamos imperativo poder contar, cuando menos, con los documentos que se acompañan a la Denuncia y que pretenden sustentar la misma, a los solos efectos de poder preparar la Defensa de los denunciados.
6º.- Que por carta de 14 de Octubre de 2010, notificada el siguiente día 19, V.E. denegaba nuestra solicitud de entrega de copia de la documentación aportada con la denuncia, nuevamente sin esgrimir motivación alguna para ello, si bien que apostillando que tal restricción del derecho de defensa de los denunciados --para la que no encontramos norma de cobertura alguna-- se realizaba: "sin perjuicio que de conformidad con lo establecido en el art. 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal pueda tomar conocimiento de las diligencias practicadas en el momento en el que sus defendidos comparezcan para prestar declaración."
7º.- Que más allá de la indefensión material real que evidentemente ocasiona a los denunciados el desconocimiento de los documentos en los que se basa la Denuncia origen de las Diligencias de Investigación 124/2010, la injustificada e irrazonada forma por la que V.E. pretende cercenar su derecho fundamental a la Defensa impidiéndoles una cuestión tan básica y sencilla como es ilustrarse de la acusación accediendo a una copia de tales documentos, conminándoles a preparar su defensa en la sede de la fiscalía, ha provocado en mis representados el consecuente recelo en cuanto a su extraña e inmotivada actuación, lo que les lleva a tener que optar por acogerse al derecho a no declarar contra sí mismos que les atribuye el art. 24 de la CE, al entender que no aparecen garantizados los principios de contradicción, proporcionalidad y defensa que debían inspirar y regir la presente investigación .
A la vista de los hechos, mis representados perciben que el proceso seguido ante la Fiscalía conculca de manera frontal, mutatis mutandi, su derecho a un proceso con todas las garantías, no existiendo órgano de control alguno para con una actuación como la de V.E. que limita injustificadamente, sin motivación ni base legal de ningún tipo, su Derecho de Defensa.
Mis representados lamentan profundamente el verse obligados, muy a su pesar, a acogerse a su derecho a no declarar ante V.E., pues serían los primeros interesados en esclarecer los hechos y en instar un sinfín de diligencias de investigación mediante las que poder evidenciar, también en Fiscalía, que sus manifestaciones y juicios de valor ni nacen de la nada ni son gratuitos sino que son plenamente legítimos al traer causa de hechos esencialmente veraces y de fácil corroboración, amén de estar dirigidos a un personaje público, un político y precisamente en tal condición, pero les resulta imposible hacerlo al no verse garantizados sus derechos fundamentales .
A nadie escapa que estamos ante una actuación excesivamente mediatizada por la personalidad del denunciante y las instrucciones impartidas por parte de la Fiscalía General del Estado al tiempo de incoar las presentes diligencias de investigación y/o que estamos ante una actuación de la Fiscalía absolutamente excepcional con ignotos precedentes en nuestra democracia, como es que se actúe de oficio en un delito que se considera sin discusión como esencialmente privado y por unas expresiones similares a las vertidas en muchas otras ocasiones en las que la Fiscalía no entendió pertinente actuar de oficio. Pero en cualquier caso, todo ello no empece a que, también en Fiscalía, se otorguen las mismas garantías que se establecen para todo denunciado en un procedimiento judicial y sinceramente no podemos señalar que así sea.
Es por ello, que mis representados se acogen a su derecho a no declarar ante V.E.
En su virtud, respetuosamente
SUPLICO AL FISCAL JEFE DE LA FISCALIA PROVINCIAL DE MADRID: Que tenga por presentado este escrito y a la vista de las alegaciones realizadas, acuerde dejar sin efecto la citación de mis representados quienes no tienen intención de realizar manifestación alguna ante V.E., acogiéndose a su derecho constitucional a no declarar contra sí mismos, sin perjuicio de poder aclarar en sede judicial cuantas cuestiones se deriven del llamado Caso Bono tras la práctica, en condiciones de igualdad y bajo estricto control judicial, de cuantas diligencias de investigación sean procedentes para la acreditación de la exceptio veritatis y la justificación causal de algunas de las expresiones realizadas, que impedirán entender que las mismas fueron vertidas con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad.
Es Justicia. En Madrid, a 26 de Octubre de 2010.
Enrique De Diego explica por qué se niega a declarar a la Fiscalía
"No estoy dispuesto a que mis impuestos se utilicen para intentar amedrentarme"
http://www.periodistadigital.com/opinion/politica/2010/10/27/enrique-dediego-bono--intentar-amedrentarme.shtml?utm_campaign=Boletin+PD+28%2F10%2F10&utm_medium=email&utm_source=jetmails.com
Desde el primer momento en que recibí la citación de Fiscalía que me exigía aclarar declaraciones mías sobre el impresionante y abrumador incremento de patrimonio del socialista José Bono tuve claro que no pensaba acudir en ningún caso. Esa es la postura que hoy se ha transmitido ya oficialmente a través del abogado de Intereconomía que me representa, así como a Eduardo García Serrano, que ha tomado la misma actitud.
No estoy dispuesto a que mis impuestos se utilicen para intentar amedrentarme o para que la Fiscalía actúe como abogado defensor de los poderosos, y concretamente de José Bono. Me parece que la Fiscalía estaría mucho más cercana a los ciudadanos investigando las finanzas de Bono. Pero el Estatuto del Ministerio Fiscal lo sitúa en directa obediencia al Gobierno, y al partido que lo sustenta. Está, pues, en primer tiempo de saludo ante el Gobierno y el partido socialista.
Siendo el delito de injurias, que es por el que se me llama a declarar, manifiestamente privado toca, en puridad, que sea José Bono el que se querelle contra mí. Bono, queréllate contra mí. Ten la decencia de hacerlo en tu persona y con tu abogado, y no a través de la Fiscalía. Por supuesto, pienso reafirmarme, si corresponde, ante un Juzgado, en cuanto declaré en su día.
En el magnífico escrito de alegaciones presentado por el abogado Guillermo Regalado Nores, que me representa, se consignan un cúmulo de posibles errores formales que condicionan el derecho de defensa, de modo que en la primera citación ni se indicaba de qué se trataba y, después, no se ha permitido fotocopiar unas diligencias que ya van por los seiscientos folios, lo que da una idea de la pérdida de tiempo y del despilfarro de dinero del contribuyente que Bono está propiciando.
Dice el abogado que "creyendo ampliamente superada la etapa de los amanuenses medievales y encontrándose en pleno siglo XXI en el que los sistemas de reproducción y copiado mecánico de documentos constituyen aparatos de uso común; que declarando que tanto el coste y la ejecución de los trabajos de fotocopiado o escaneado serán sufragadas y realizados por esta parte; y fundamentalmente que tal prohibición no viene amparada en norma procesal alguna", todo ello implica "indefensión material", provocando "en mis representados el consecuente recelo en cuanto a su extraña e inmotivada actuación, lo que les lleva a tener que optar por acogerse al derecho a no declarar contra sí mismos que les atribuye el artículo 24 de la Constitución Española".
"Estamos -dice el escrito de alegaciones- ante una actuación de la Fiscalía absolutamente excepcional con ignotos precedentes en nuestra democracia, como es que se actúe de oficio en un delito que se considera sin discusión como esencialmente privado y por unas expresiones similares a las vertidas en muchas ocasiones en las que la Fiscalía no entendió pertinente actuar de oficio"AL FISCAL JEFE
DE LA FISCALIA PROVINCIAL DE MADRID
D. GUILLERMO REGALADO NORES, Abogado, colegiado nº 56.152 del Ilustre Colegio de Madrid, actuando en nombre y representación de D. EDUARDO GARCIA SERRANO y de D. ENRIQUE DE DIEGO VILLAGRAN, ante el Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid comparezco y, como mejor proceda en Derecho, D I G O:
1º.- Que tras la recepción por parte de mis representados de sendos telegramas de citación para declarar ante la Fiscalía en calidad de denunciados, en fecha 4 de Octubre de 2010 se vino en solicitar de V.E. la entrega de una copia del escrito de Denuncia origen de las Diligencias de Investigación 124/2010, a fin de que mis representados pudieran conocer los hechos de relevancia penal en los que habrían intervenido y por los que serían preguntados, así como para poder preparar su Defensa dada la cualificada y significativa condición en que habían sido citados ("denunciados").
2º.- Que por telegrama recibido en la tarde del día 6 de Octubre de 2010, V.E. denegaba, sin ninguna explicación, nuestra solicitud de entrega de una copia de la Denuncia, si bien que señalando "que las Diligencias de Investigación 124/2010 se encuentran a su disposición en la Secretaría de esta Fiscalía, sita en la c/ Santiago de Compostela 96, Planta 13, PARA SU CONOCIMIENTO".
3º.- Que mediante escrito de este Letrado de 7 de Octubre de 2010 se venía en denunciar ante V.E. que tras desplazarnos y personarnos en la sede de la Fiscalía a los efectos de, siguiendo sus expresas instrucciones, tomar conocimiento de las Diligencias de Investigación 124/2010 incoadas por la Fiscalía y causa de la citación como denunciados de mis representados, nos encontramos con que se nos PROHIBE realizar copia de cualesquiera de los documentos que conforman el referido expediente de investigación (Denuncia, documentos aportados por el Excmo. Sr. Bono Martínez y/o por terceros, Resoluciones de la Fiscalía, etcétera...) que no sea mediante escribiente.
Que ante tal inconcebible, sorpresiva e infundada prohibición y dada la indubitada indefensión material que se ocasionaba a mis representados, que tendrían que acudir a la sede de la Fiscalía a copiar con papel y lápiz el expediente incoado, se denunciaba ante V.E. expresamente que:
"Que dicho expediente, que se encuentra aún sin foliar, debe tener un volumen cercano a los 600 folios.
Que creyendo ampliamente superada la etapa de los amanuenses medievales y encontrándonos en pleno siglo XXI en el que los sistemas de reproducción y copiado mecánico de documentos constituyen aparatos de uso común; que declarando que tanto el coste y la ejecución de los trabajos de fotocopiado o escaneado serán sufragados y realizados por esta parte; y fundamentalmente, que tal "prohibición" no viene amparada en norma procesal alguna --y desde luego se presenta contraria a derechos establecidos tanto en el artículo 35 de la LRJPAC (si se entendiera que el atestado incoado por el Ministerio Fiscal tiene naturaleza administrativa), como en artículos tales como el 762.5ª o 776.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (si fueran de aplicación subsidiaria), o en el propio artículo 5 del Estatuto del Ministerio Fiscal que establece que "los principios de contradicción, proporcionalidad y defensa inspirarán la práctica de esas diligencias"--, es por lo que se viene en solicitar de V.E. que se nos permita obtener copia de las Diligencias 124/2010 a fin de poder preparar en debida forma la defensa de mis representados.
La indefensión material que se les está ocasionando a mis representados a los que se les prohíbe obtener una copia de las actuaciones sobre la que poder reflexionar fuera de la Fiscalía en preparación de su Defensa, cuando la Fiscalía ha necesitado varios meses para instruirse del asunto antes de proceder a citar a los denunciados, impide que podamos aceptar que las presentes diligencias aparezcan inspiradas por los principios de contradicción, PROPORCIONALIDAD y DEFENSA.
Finalmente y para el caso de que V.E. al amparo de la correspondiente norma habilitante no autorizara la realización de tales copias por medios mecánicos, vengo en solicitar se nos otorgue un plazo prudencial y razonable --que ni siquiera estimamos debiera ser el mismo que ha empleado y del que ha gozado la Fiscalía hasta la fecha-- para el copiado mediante amanuense de la totalidad del atestado con carácter previo a la toma de declaración de mis representados y a fin de salvaguardar su Derecho fundamental de Defensa."
4º.- Que por carta de 13 de Octubre de 2010 y en contestación a nuestro anterior escrito de denuncia, V.E vino en remitir a esta parte aquéllo que unilateralmente entendió pertinente: "copia de la denuncia en la que se imputa a sus defendidos expresiones cuya valoración determinará si son constitutivas de delito o no" y copia de los programas de Radio y TV en que mis representados "hicieron las manifestaciones que les imputan".
5º.- Que mediante escrito de esta parte de 14 de Octubre de 2010 se volvía a denunciar ante V.E. que aun cuando se nos había entregado copia de la Denuncia del Excmo. Sr. Bono, se había obviado y/o eludido remitir "la documentación que dice anexarse a la misma y que según se indica avalaría sus posicionamiento fácticos; una documentación que entendemos de necesario conocimiento para poder rebatir la misma y sin la cual el derecho de defensa de mis representados se ve condicionado y mermado, por lo que se impetra de V.E. se nos haga entrega de una copia de los documentos acompañados por el Excmo. Sr. Bono Martínez junto a su escrito de Denuncia con carácter previo a recibirse declaración a mis representados."
Es decir, que si bien nos plegábamos a su prohibición en cuanto a la obtención de copia del resto de documentos que conforman las Diligencias de Investigación 124/2010, sin embargo entendíamos imperativo poder contar, cuando menos, con los documentos que se acompañan a la Denuncia y que pretenden sustentar la misma, a los solos efectos de poder preparar la Defensa de los denunciados.
6º.- Que por carta de 14 de Octubre de 2010, notificada el siguiente día 19, V.E. denegaba nuestra solicitud de entrega de copia de la documentación aportada con la denuncia, nuevamente sin esgrimir motivación alguna para ello, si bien que apostillando que tal restricción del derecho de defensa de los denunciados --para la que no encontramos norma de cobertura alguna-- se realizaba: "sin perjuicio que de conformidad con lo establecido en el art. 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal pueda tomar conocimiento de las diligencias practicadas en el momento en el que sus defendidos comparezcan para prestar declaración."
7º.- Que más allá de la indefensión material real que evidentemente ocasiona a los denunciados el desconocimiento de los documentos en los que se basa la Denuncia origen de las Diligencias de Investigación 124/2010, la injustificada e irrazonada forma por la que V.E. pretende cercenar su derecho fundamental a la Defensa impidiéndoles una cuestión tan básica y sencilla como es ilustrarse de la acusación accediendo a una copia de tales documentos, conminándoles a preparar su defensa en la sede de la fiscalía, ha provocado en mis representados el consecuente recelo en cuanto a su extraña e inmotivada actuación, lo que les lleva a tener que optar por acogerse al derecho a no declarar contra sí mismos que les atribuye el art. 24 de la CE, al entender que no aparecen garantizados los principios de contradicción, proporcionalidad y defensa que debían inspirar y regir la presente investigación .
A la vista de los hechos, mis representados perciben que el proceso seguido ante la Fiscalía conculca de manera frontal, mutatis mutandi, su derecho a un proceso con todas las garantías, no existiendo órgano de control alguno para con una actuación como la de V.E. que limita injustificadamente, sin motivación ni base legal de ningún tipo, su Derecho de Defensa.
Mis representados lamentan profundamente el verse obligados, muy a su pesar, a acogerse a su derecho a no declarar ante V.E., pues serían los primeros interesados en esclarecer los hechos y en instar un sinfín de diligencias de investigación mediante las que poder evidenciar, también en Fiscalía, que sus manifestaciones y juicios de valor ni nacen de la nada ni son gratuitos sino que son plenamente legítimos al traer causa de hechos esencialmente veraces y de fácil corroboración, amén de estar dirigidos a un personaje público, un político y precisamente en tal condición, pero les resulta imposible hacerlo al no verse garantizados sus derechos fundamentales .
A nadie escapa que estamos ante una actuación excesivamente mediatizada por la personalidad del denunciante y las instrucciones impartidas por parte de la Fiscalía General del Estado al tiempo de incoar las presentes diligencias de investigación y/o que estamos ante una actuación de la Fiscalía absolutamente excepcional con ignotos precedentes en nuestra democracia, como es que se actúe de oficio en un delito que se considera sin discusión como esencialmente privado y por unas expresiones similares a las vertidas en muchas otras ocasiones en las que la Fiscalía no entendió pertinente actuar de oficio. Pero en cualquier caso, todo ello no empece a que, también en Fiscalía, se otorguen las mismas garantías que se establecen para todo denunciado en un procedimiento judicial y sinceramente no podemos señalar que así sea.
Es por ello, que mis representados se acogen a su derecho a no declarar ante V.E.
En su virtud, respetuosamente
SUPLICO AL FISCAL JEFE DE LA FISCALIA PROVINCIAL DE MADRID: Que tenga por presentado este escrito y a la vista de las alegaciones realizadas, acuerde dejar sin efecto la citación de mis representados quienes no tienen intención de realizar manifestación alguna ante V.E., acogiéndose a su derecho constitucional a no declarar contra sí mismos, sin perjuicio de poder aclarar en sede judicial cuantas cuestiones se deriven del llamado Caso Bono tras la práctica, en condiciones de igualdad y bajo estricto control judicial, de cuantas diligencias de investigación sean procedentes para la acreditación de la exceptio veritatis y la justificación causal de algunas de las expresiones realizadas, que impedirán entender que las mismas fueron vertidas con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad.
Es Justicia. En Madrid, a 26 de Octubre de 2010.
martes, 7 de diciembre de 2010
07 DE DICIEMBRE DE 2010
EL DIGITAL DE CASTILLA LA MANCHA
EN UNA CONFERENCIA
Carlos Dávila denuncia el círculo de poder en torno a Bono
http://www.eldigitalcastillalamancha.es/articulo.asp?idarticulo=80610&ant=publi
El director de La Gaceta, Carlos Dávila, aprovechó una conferencia en el Foro de la Nueva Comunicación para hablar de Bono y de un hipotético círculo de poder en torno a la figura del presidente del Congreso y ex presidente de Castilla-La Mancha.
Dávila denunció la existencia de un "círculo de poder" en torno a Bono, "que abarca desde cardenales de Roma hasta el último diputadillo del PP". El director de La Gaceta contó una conversación con un diputado popular en la que éste le había contestado lo siguiente: "Tenéis razón, pero le debo un favor y no voy a hacer nada contra él".
Quizá por eso Dávila tuvo duras palabras hacia el Partido Popular y su oposición al Gobierno, para llegar a la conclusión de que el grupo Intereconomía es el único "islote de libertad en España", aunque "la libertad se paga cara en España". Como anécdota, aseguró que un presunto agente del CNI al que había recibido en su despacho le transmitió el malestar existente en "la carretera de La Coruña" por las informaciones del periódico sobre la nueva negociación con el entorno etarra y acabó mostrándole un arma con una advertencia: "Nunca dejes entrar en este despacho a un hombre armado".
EN UNA CONFERENCIA
Carlos Dávila denuncia el círculo de poder en torno a Bono
http://www.eldigitalcastillalamancha.es/articulo.asp?idarticulo=80610&ant=publi
El director de La Gaceta, Carlos Dávila, aprovechó una conferencia en el Foro de la Nueva Comunicación para hablar de Bono y de un hipotético círculo de poder en torno a la figura del presidente del Congreso y ex presidente de Castilla-La Mancha.
Dávila denunció la existencia de un "círculo de poder" en torno a Bono, "que abarca desde cardenales de Roma hasta el último diputadillo del PP". El director de La Gaceta contó una conversación con un diputado popular en la que éste le había contestado lo siguiente: "Tenéis razón, pero le debo un favor y no voy a hacer nada contra él".
Quizá por eso Dávila tuvo duras palabras hacia el Partido Popular y su oposición al Gobierno, para llegar a la conclusión de que el grupo Intereconomía es el único "islote de libertad en España", aunque "la libertad se paga cara en España". Como anécdota, aseguró que un presunto agente del CNI al que había recibido en su despacho le transmitió el malestar existente en "la carretera de La Coruña" por las informaciones del periódico sobre la nueva negociación con el entorno etarra y acabó mostrándole un arma con una advertencia: "Nunca dejes entrar en este despacho a un hombre armado".
lunes, 6 de diciembre de 2010
06 DE DICIEMBRE DE 2010
LA GACETA DE INTERECONOMIA
El Supremo decidirá a la vez si admite las querellas contra Bono
http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/politica/supremo-decidira-vez-si-admite-las-querellas-contra-bono
Acumula en la misma Sala Penal las denuncias de Mazón y Panea.
. Carrasco. Madrid
El Tribunal Supremo dictó la semana pasada una providencia por la que ordena acumular las dos querellas por presunto cohecho contra el presidente del Congreso de los Diputados y ex presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, José Bono. En consecuencia, la Sala Penal compuesta por los magistrados Juan Saavedra, presidente, Carlos Granados, ponente; Jorge Alberto Barreiro, Adolfo Prego y Manuel Marchena, decidirá si admite a trámite la querella contra Bono.
Esta decisión procesal del Alto Tribunal está justificada, según lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que ordena acumular las acciones penales cuando los hechos denunciados son prácticamente los mismos y tienen una misma causa de pedir.
Ayuda del fiscal
Así las cosas, el informe de la Fiscalía de la segunda querella, que acusa a Bono de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad en documento público y fraude en la obtención de subvenciones, se remite a los mismos razonamientos de la primera querella.
Resumidamente, el fiscal justificó el regalo de la decoración de su casa como “la consecuencia de la relación especial que debe existir entre madrina y amadrinada”. En otras palabras, “la esposa de Rafael Santamaría, presidente de Reyal Urbis, es madrina de Sofía Bono por su adopción y bautismo”.
Además, la Fiscalía insistió en que los regalos que recibió el presidente del Congreso de los Diputados “no se hacían en consideración al cargo de presidente ni a su función”. Este informe, firmado por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín-Casallo, se sacó de la manga un documento para exculpar de responsabilidad a Bono.
En efecto, según la Asociación Preeminencia del Derecho, “el fiscal aportó una copia de la cancelación de la hipoteca del piso de la permuta. Un escrito que no estaba entre los que Bono sí remitió al Fiscal General del Estado y al Tribunal Supremo”.
Tanto José Luis Mazón como Antonio Panea, abogados de las acusaciones populares contra Bono, están convencidos de que el “delito de cohecho sustancialmente está en la permuta del piso viejo de Madrid por los dos áticos de lujo de Estepona, que encubre una dávida sustanciosa de Reyal Urbis a favor de Bono”.
El Supremo decidirá a la vez si admite las querellas contra Bono
http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/politica/supremo-decidira-vez-si-admite-las-querellas-contra-bono
Acumula en la misma Sala Penal las denuncias de Mazón y Panea.
. Carrasco. Madrid
El Tribunal Supremo dictó la semana pasada una providencia por la que ordena acumular las dos querellas por presunto cohecho contra el presidente del Congreso de los Diputados y ex presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, José Bono. En consecuencia, la Sala Penal compuesta por los magistrados Juan Saavedra, presidente, Carlos Granados, ponente; Jorge Alberto Barreiro, Adolfo Prego y Manuel Marchena, decidirá si admite a trámite la querella contra Bono.
Esta decisión procesal del Alto Tribunal está justificada, según lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que ordena acumular las acciones penales cuando los hechos denunciados son prácticamente los mismos y tienen una misma causa de pedir.
Ayuda del fiscal
Así las cosas, el informe de la Fiscalía de la segunda querella, que acusa a Bono de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad en documento público y fraude en la obtención de subvenciones, se remite a los mismos razonamientos de la primera querella.
Resumidamente, el fiscal justificó el regalo de la decoración de su casa como “la consecuencia de la relación especial que debe existir entre madrina y amadrinada”. En otras palabras, “la esposa de Rafael Santamaría, presidente de Reyal Urbis, es madrina de Sofía Bono por su adopción y bautismo”.
Además, la Fiscalía insistió en que los regalos que recibió el presidente del Congreso de los Diputados “no se hacían en consideración al cargo de presidente ni a su función”. Este informe, firmado por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín-Casallo, se sacó de la manga un documento para exculpar de responsabilidad a Bono.
En efecto, según la Asociación Preeminencia del Derecho, “el fiscal aportó una copia de la cancelación de la hipoteca del piso de la permuta. Un escrito que no estaba entre los que Bono sí remitió al Fiscal General del Estado y al Tribunal Supremo”.
Tanto José Luis Mazón como Antonio Panea, abogados de las acusaciones populares contra Bono, están convencidos de que el “delito de cohecho sustancialmente está en la permuta del piso viejo de Madrid por los dos áticos de lujo de Estepona, que encubre una dávida sustanciosa de Reyal Urbis a favor de Bono”.
domingo, 5 de diciembre de 2010
05 DE DICIEMBRE DE 2010
LA GACETA DE INTERECONOMIA
Según un primo del gerente, “es de Bono”
Lavanderías Tritón vierte sus residuos “sin depurar” al río Tajo
http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/politica/lavanderias-triton-vierte-residuos-“-depurar”-al-rio-tajo
Abrió sin que se le realizase un Estudio de Impacto Medioambiental. Si sus aguas fuesen tóxicas se enfrentaría a una multa de hasta 601.012 euros e incluso su cierre. Los residuos se filtran en una rambla que baja al río. No pagó los 47.481 euros de agua facturados en 2007. Beatriz Hoteles “fue uno de sus primeros clientes”. La vivienda de Tritón en Madrid está situada junto al Hotel Rafael Pirámides. Entre sus clientes está la cadena de Santamaría.
Rosalina Moreno y José Luis Cervero. Madrid
La lavandería industrial Tritón de Almoguera (Guadalajara) –de la que un primo del gerente asegura que “el verdadero propietario es José Bono”– vierte sus residuos en un barranco que desemboca en el río Tajo. Empresas dedicadas a este sector han manifestado a este diario que no pueden arrojar residuos sin que pasen por un colector.
Pedro Martínez, primo del gerente de la empresa recientemente fallecido, Jesús Sabroso, manifestó a este periódico: “Mis familiares no tienen dinero para poseer tales propiedades”, en referencia a la titularidad de la lavandería industrial y a los bienes inmuebles adscritos a ella. Por otro lado, todo apunta a que esta empresa ha ido quedándose con clientes que anteriormente trabajaban con Flisa, relacionada con la Fundación ONCE. Propietarios de hoteles se han puesto en contacto con este diario para confirmar que el presidente del Congreso les ha llamado interesándose en “captarles como clientes” para Lavanderías Tritón.
Esta empresa se ubica en Almoguera al menos desde 2003, pero no solicitó la licencia de apertura hasta el 16 de abril de 2008. Pese a no tener licencia desarrolló sus actividades sin ningún impedimento por parte de la autoridad municipal de este pueblo alcarreño. Tritón se fundó en noviembre de 1991 en Mondéjar (Guadalajara).
Según han informado fuentes políticas del municipio a LA GACETA, “se abrió sin haberse realizado un Estudio de Impacto Medioambiental, carece de depuradora y tinta el campo del color de las prendas que laven”. Las lavanderías tienen la obligación de contar con este estudio debido a que su actividad puede resultar potencialmente dañina para el medio ambiente.
Como ha podido comprobar in situ este periódico, los vertidos de la compañía recorren hasta 500 metros y se filtran en un barranco donde el terreno es pantanoso y ha crecido un cañaveral, pese a que las parcelas colindantes son áridas.
En principio, las lavanderías industriales no deben emitir residuos contaminantes ya que están obligadas por ley a usar detergentes biodegradables y la dureza del agua no debe encontrarse en unos determinados niveles para que se eliminen posibles residuos tóxicos; como consecuencia, en las inmediaciones de la lavandería hay malos olores, mosquitos y moscas.
Si Tritón no llevase a cabo estas medidas para evitar que sus residuo fuesen tóxicos, estaría incumpliendo la legislación vigente en esta materia (ley de aguas), que prohíbe el vertido directo o indirecto, así como de productos residuales susceptibles de contaminar el medio ambiente y su entorno. Esta infracción conllevaría una multa de hasta 601.012 euros e incluso el cierre de la empresa.
Fuentes políticas del consistorio apuntan: “Con anterioridad Lavanderías Tritón vertía parte de sus residuos al depósito de una fábrica cercana de hormigón que servía para elaborar materiales de construcción, pero desde que cerró la empresa la totalidad de sus vertidos van a parar a esta rambla”.
En Castilla-La Mancha la ley obliga a las empresas a pagar el coste de eliminación de residuos a través de un incremento del 55% en la tarifa del agua. El ayuntamiento dispone de tres tarifas diferentes para el consumo del agua, según viertan o no a colectores. Incomprensiblemente a Tritón se le aplica la más económica.
En el ejercicio de 2008 la Diputación Provincial de Guadalajara le cobró la insignificante cantidad de 29,30 euros, sin que el negocio hubiese tenido una merma, cuando en 2007 el coste por este servicio fue de 47.481 euros. Se da la circunstancia de que según ha podido saber LA GACETA, Lavanderías Tritón todavía no ha pagado esta factura de 2007, con lo que llevaría implícito un recargo del 20% por impago de la cuota asignada, lo que sumaría un total de 59.647,70 euros.
Aunque al menos desde 2003 se le ha intentado pasar al cobro, sin embargo, el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara no recogió hasta el 21 de mayo de 2007, cuatro años después, el anuncio del concurso de obra, bajo el epígrafe de “Redes de distribución y saneamiento del polígono industrial de Almoguera”.
Esta resolución señalaba que el plazo de ejecución era de tres meses, a partir de que se notificase la adjudicación definitiva.
El adjudicatario de las obras fue la empresa Jesuemil, que estuvo administrada por Luis Martínez del Olmo, concejal de Cultura y Festejos en el ayuntamiento.
Esta sociedad ha llevado a cabo otras construcciones municipales como un centro social polivalente, Viviendas de Protección Oficial (VPO), la red de abastecimiento de agua, la ampliación del gimnasio municipal y la remodelación del centro médico.
Clientes
Aunque en el Registro Mercantil no consta que el presidente del Congreso de los Diputados haya sido gerente de Lavanderías Tritón, Pedro Martínez, primo del gerente recientemente fallecido, aseguró que “José Bono es el verdadero propietario de esta empresa” que gestiona su familia.
Por su parte, Concepción Ruiz, quien desde el pasado mes de abril controla junto a su hijo Iván Sabroso el accionariado de esta empresa, apuntó a este diario que fue costurera en casa de los padres de Mar Moliner, mujer de Rafael Santamaría, que la lavandería es suya y la levantó “con el sudor” de su frente. Reconoció, asimismo, su estrecha amistad con la familia Bono a la que obsequia con caldos elaborados por ella misma todas las Nochebuenas.
Lavanderías Tritón se constituyó con un capital social de 246.414 euros. Según el Registro Mercantil, cuenta con una plantilla de 45 empleados y en 2008 logró ventas de 2.936.433 euros. Su actividad laboral la desarrolla habitualmente con una cartera de clientes en la que figuran las cadenas hoteleras Rafael Hoteles.
Si bien en la actualidad Lavanderías Tritón no sirve a Beatriz Hoteles, vecinos de Mondéjar han contado a este diario que “fue uno de sus primeros clientes con los que arrancó el negocio”. Beatriz Hoteles es uno de los patrocinadores de la hípica de José Bono en Toledo. Reconoció a LA GACETA que pagó parte de las obras que Francisco Hernando, El Pocero, realizó en 2004 en el centro ecuestre.
Precisamente fue en el Hotel Beatriz de Toledo donde el ex presidente de Castilla-La Mancha se reunió en 2001 con María del Carmen Pérez –interiorista propietaria de la empresa Cecilia Gómez–, para escoger los materiales que deseaba para redecorar su casa de Salobre (Albacete).
La decoración de sus viviendas en Salobre y Olías del Rey (Toledo) las abonó el promotor y constructor Rafael Santamaría.
Además, la cadena hotelera fue beneficiada en 2006 con un concurso convocado por el Ayuntamiento de Albacete, en manos del socialista Manuel Pérez Castell, por el que se hizo con la explotación durante 40 años del Palacio de Congresos de esa ciudad.
Santamaría
El dueño de Rafael Hoteles es Rafael Santamaría, quien junto a su hermano Ramón, figuraron como administradores de Lavanderías Tritón hasta junio de 1997. La cadena de Santamaría tiene 10 hoteles, repartidos entre Madrid, Barcelona y Baqueira.
El domicilio social de Lavanderías Tritón estuvo ubicado en un piso del número 41 del paseo Doctor Vallejo Nájera, curiosamente este inmueble forma parte de una urbanización que construyó Reyal Urbis.
La vivienda, que tiene de 73 m2 y una terraza de 40 m2, fue adquirida por Concepción Ruiz en noviembre de 1993. La ex costurera contrajo una hipoteca con la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha por importe de 187.227 euros, que vence en marzo de 2014.
El Tribunal Supremo tramita en la actualidad dos querellas por cohecho entre otros delitos contra Bono. Se da la circunstancia de que los fundamentos en los que se asientan estas dos demandas están basados en informaciones desveladas por LA GACETA.
Uno de estos fundamentos se refiere al trueque que realizó Rafael Santamaría con Bono, al que permutó dos áticos en Estepona por un piso en Madrid, a pesar de que su valor era claramente inferior.
Más propiedades
Lavanderías Tritón posee otra vivienda de 107 m2, una plaza de aparcamiento y un trastero en el fracasado macroproyecto Ciudad Valdeluz, que impulsó Reyal Urbis y que fue posible gracias al visto bueno de la Junta de Castilla-La Mancha. Tritón tiene una hipoteca con la Caja de Ahorros Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja de 151.200 euros.
Además, la mercantil de lavados es propietaria de la nave industrial y el terreno donde está situada en Almoguera. La adquirió por adjudicación tras disolución de la empresa de confección textil Servicios Integrales Tritón, que también administra Concepción Ruiz desde su creación en noviembre de 2003.
Servicios Integrales Tritón recibió una subvención concedida por el director general de Promoción Empresarial y Comercio, Álvaro Gutiérrez Prieto, por importe de 268.127 euros, para la construcción de la nave destinada al comercio menor de ropa de hogar. El órgano que la otorgó depende de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que en esa fecha sólo hacía un mes que Bono había dejado de presidir.
Según fuentes políticas del municipio, las otras dos empresas que se encuentran en el Polígono Industrial Pozambrón, Hormix Campiña y Técnicas Ibéricas, “también se abrieron sin haberse realizado el oportuno y previo Estudio de Impacto Medioambiental”.
A Hormix Campiña, que se encuentra en liquidación, el Ayuntamiento de Almoguera le cedió el terreno por la simbólica cantidad de un euro anual durante 99 años. En Técnicas Ibéricas de Alimentación Animal trabaja Alicia Sánchez Utazú, mujer del edil de Almoguera, Luis Padrino.
Según un primo del gerente, “es de Bono”
Lavanderías Tritón vierte sus residuos “sin depurar” al río Tajo
http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/politica/lavanderias-triton-vierte-residuos-“-depurar”-al-rio-tajo
Abrió sin que se le realizase un Estudio de Impacto Medioambiental. Si sus aguas fuesen tóxicas se enfrentaría a una multa de hasta 601.012 euros e incluso su cierre. Los residuos se filtran en una rambla que baja al río. No pagó los 47.481 euros de agua facturados en 2007. Beatriz Hoteles “fue uno de sus primeros clientes”. La vivienda de Tritón en Madrid está situada junto al Hotel Rafael Pirámides. Entre sus clientes está la cadena de Santamaría.
Rosalina Moreno y José Luis Cervero. Madrid
La lavandería industrial Tritón de Almoguera (Guadalajara) –de la que un primo del gerente asegura que “el verdadero propietario es José Bono”– vierte sus residuos en un barranco que desemboca en el río Tajo. Empresas dedicadas a este sector han manifestado a este diario que no pueden arrojar residuos sin que pasen por un colector.
Pedro Martínez, primo del gerente de la empresa recientemente fallecido, Jesús Sabroso, manifestó a este periódico: “Mis familiares no tienen dinero para poseer tales propiedades”, en referencia a la titularidad de la lavandería industrial y a los bienes inmuebles adscritos a ella. Por otro lado, todo apunta a que esta empresa ha ido quedándose con clientes que anteriormente trabajaban con Flisa, relacionada con la Fundación ONCE. Propietarios de hoteles se han puesto en contacto con este diario para confirmar que el presidente del Congreso les ha llamado interesándose en “captarles como clientes” para Lavanderías Tritón.
Esta empresa se ubica en Almoguera al menos desde 2003, pero no solicitó la licencia de apertura hasta el 16 de abril de 2008. Pese a no tener licencia desarrolló sus actividades sin ningún impedimento por parte de la autoridad municipal de este pueblo alcarreño. Tritón se fundó en noviembre de 1991 en Mondéjar (Guadalajara).
Según han informado fuentes políticas del municipio a LA GACETA, “se abrió sin haberse realizado un Estudio de Impacto Medioambiental, carece de depuradora y tinta el campo del color de las prendas que laven”. Las lavanderías tienen la obligación de contar con este estudio debido a que su actividad puede resultar potencialmente dañina para el medio ambiente.
Como ha podido comprobar in situ este periódico, los vertidos de la compañía recorren hasta 500 metros y se filtran en un barranco donde el terreno es pantanoso y ha crecido un cañaveral, pese a que las parcelas colindantes son áridas.
En principio, las lavanderías industriales no deben emitir residuos contaminantes ya que están obligadas por ley a usar detergentes biodegradables y la dureza del agua no debe encontrarse en unos determinados niveles para que se eliminen posibles residuos tóxicos; como consecuencia, en las inmediaciones de la lavandería hay malos olores, mosquitos y moscas.
Si Tritón no llevase a cabo estas medidas para evitar que sus residuo fuesen tóxicos, estaría incumpliendo la legislación vigente en esta materia (ley de aguas), que prohíbe el vertido directo o indirecto, así como de productos residuales susceptibles de contaminar el medio ambiente y su entorno. Esta infracción conllevaría una multa de hasta 601.012 euros e incluso el cierre de la empresa.
Fuentes políticas del consistorio apuntan: “Con anterioridad Lavanderías Tritón vertía parte de sus residuos al depósito de una fábrica cercana de hormigón que servía para elaborar materiales de construcción, pero desde que cerró la empresa la totalidad de sus vertidos van a parar a esta rambla”.
En Castilla-La Mancha la ley obliga a las empresas a pagar el coste de eliminación de residuos a través de un incremento del 55% en la tarifa del agua. El ayuntamiento dispone de tres tarifas diferentes para el consumo del agua, según viertan o no a colectores. Incomprensiblemente a Tritón se le aplica la más económica.
En el ejercicio de 2008 la Diputación Provincial de Guadalajara le cobró la insignificante cantidad de 29,30 euros, sin que el negocio hubiese tenido una merma, cuando en 2007 el coste por este servicio fue de 47.481 euros. Se da la circunstancia de que según ha podido saber LA GACETA, Lavanderías Tritón todavía no ha pagado esta factura de 2007, con lo que llevaría implícito un recargo del 20% por impago de la cuota asignada, lo que sumaría un total de 59.647,70 euros.
Aunque al menos desde 2003 se le ha intentado pasar al cobro, sin embargo, el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara no recogió hasta el 21 de mayo de 2007, cuatro años después, el anuncio del concurso de obra, bajo el epígrafe de “Redes de distribución y saneamiento del polígono industrial de Almoguera”.
Esta resolución señalaba que el plazo de ejecución era de tres meses, a partir de que se notificase la adjudicación definitiva.
El adjudicatario de las obras fue la empresa Jesuemil, que estuvo administrada por Luis Martínez del Olmo, concejal de Cultura y Festejos en el ayuntamiento.
Esta sociedad ha llevado a cabo otras construcciones municipales como un centro social polivalente, Viviendas de Protección Oficial (VPO), la red de abastecimiento de agua, la ampliación del gimnasio municipal y la remodelación del centro médico.
Clientes
Aunque en el Registro Mercantil no consta que el presidente del Congreso de los Diputados haya sido gerente de Lavanderías Tritón, Pedro Martínez, primo del gerente recientemente fallecido, aseguró que “José Bono es el verdadero propietario de esta empresa” que gestiona su familia.
Por su parte, Concepción Ruiz, quien desde el pasado mes de abril controla junto a su hijo Iván Sabroso el accionariado de esta empresa, apuntó a este diario que fue costurera en casa de los padres de Mar Moliner, mujer de Rafael Santamaría, que la lavandería es suya y la levantó “con el sudor” de su frente. Reconoció, asimismo, su estrecha amistad con la familia Bono a la que obsequia con caldos elaborados por ella misma todas las Nochebuenas.
Lavanderías Tritón se constituyó con un capital social de 246.414 euros. Según el Registro Mercantil, cuenta con una plantilla de 45 empleados y en 2008 logró ventas de 2.936.433 euros. Su actividad laboral la desarrolla habitualmente con una cartera de clientes en la que figuran las cadenas hoteleras Rafael Hoteles.
Si bien en la actualidad Lavanderías Tritón no sirve a Beatriz Hoteles, vecinos de Mondéjar han contado a este diario que “fue uno de sus primeros clientes con los que arrancó el negocio”. Beatriz Hoteles es uno de los patrocinadores de la hípica de José Bono en Toledo. Reconoció a LA GACETA que pagó parte de las obras que Francisco Hernando, El Pocero, realizó en 2004 en el centro ecuestre.
Precisamente fue en el Hotel Beatriz de Toledo donde el ex presidente de Castilla-La Mancha se reunió en 2001 con María del Carmen Pérez –interiorista propietaria de la empresa Cecilia Gómez–, para escoger los materiales que deseaba para redecorar su casa de Salobre (Albacete).
La decoración de sus viviendas en Salobre y Olías del Rey (Toledo) las abonó el promotor y constructor Rafael Santamaría.
Además, la cadena hotelera fue beneficiada en 2006 con un concurso convocado por el Ayuntamiento de Albacete, en manos del socialista Manuel Pérez Castell, por el que se hizo con la explotación durante 40 años del Palacio de Congresos de esa ciudad.
Santamaría
El dueño de Rafael Hoteles es Rafael Santamaría, quien junto a su hermano Ramón, figuraron como administradores de Lavanderías Tritón hasta junio de 1997. La cadena de Santamaría tiene 10 hoteles, repartidos entre Madrid, Barcelona y Baqueira.
El domicilio social de Lavanderías Tritón estuvo ubicado en un piso del número 41 del paseo Doctor Vallejo Nájera, curiosamente este inmueble forma parte de una urbanización que construyó Reyal Urbis.
La vivienda, que tiene de 73 m2 y una terraza de 40 m2, fue adquirida por Concepción Ruiz en noviembre de 1993. La ex costurera contrajo una hipoteca con la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha por importe de 187.227 euros, que vence en marzo de 2014.
El Tribunal Supremo tramita en la actualidad dos querellas por cohecho entre otros delitos contra Bono. Se da la circunstancia de que los fundamentos en los que se asientan estas dos demandas están basados en informaciones desveladas por LA GACETA.
Uno de estos fundamentos se refiere al trueque que realizó Rafael Santamaría con Bono, al que permutó dos áticos en Estepona por un piso en Madrid, a pesar de que su valor era claramente inferior.
Más propiedades
Lavanderías Tritón posee otra vivienda de 107 m2, una plaza de aparcamiento y un trastero en el fracasado macroproyecto Ciudad Valdeluz, que impulsó Reyal Urbis y que fue posible gracias al visto bueno de la Junta de Castilla-La Mancha. Tritón tiene una hipoteca con la Caja de Ahorros Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja de 151.200 euros.
Además, la mercantil de lavados es propietaria de la nave industrial y el terreno donde está situada en Almoguera. La adquirió por adjudicación tras disolución de la empresa de confección textil Servicios Integrales Tritón, que también administra Concepción Ruiz desde su creación en noviembre de 2003.
Servicios Integrales Tritón recibió una subvención concedida por el director general de Promoción Empresarial y Comercio, Álvaro Gutiérrez Prieto, por importe de 268.127 euros, para la construcción de la nave destinada al comercio menor de ropa de hogar. El órgano que la otorgó depende de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que en esa fecha sólo hacía un mes que Bono había dejado de presidir.
Según fuentes políticas del municipio, las otras dos empresas que se encuentran en el Polígono Industrial Pozambrón, Hormix Campiña y Técnicas Ibéricas, “también se abrieron sin haberse realizado el oportuno y previo Estudio de Impacto Medioambiental”.
A Hormix Campiña, que se encuentra en liquidación, el Ayuntamiento de Almoguera le cedió el terreno por la simbólica cantidad de un euro anual durante 99 años. En Técnicas Ibéricas de Alimentación Animal trabaja Alicia Sánchez Utazú, mujer del edil de Almoguera, Luis Padrino.
viernes, 3 de diciembre de 2010
03 DE DICIEMBRE DE 2010
LA GACETA DE INTERECONOMIA
La Fiscalía del Supremo se saca de la manga un documento para exculpar a José Bono
http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/politica/fiscalia-del-supremo-se-saca-manga-documento-exculpar-jose-bono
Aporta copia de la cancelación de la hipoteca del piso de la permuta. El escrito no estaba entre los que el presidente del Congreso de los Diputados sí remitió a Conde-Pumpido y al Alto Tribunal.
D. Carrasco. Madrid
La Asociación Preeminencia del Derecho, representada por los abogados José Luis Mazón y Encarnación Martínez Segado, acusa a la Fiscalía del Tribunal Supremo en el caso Bono de “falta de imparcialidad e indefensión”. Y ello porque “ha aportado un documento oculto que no explica de donde lo ha sacado”. Lo que demuestra que el Ministerio Fiscal trata de exculpar al presidente del Congreso de los Diputados y ex presidente de la Junta de Castilla-La Mancha que está acusado de un presunto delito de cohecho.
La acusación popular llega a esta conclusión después de recibir el segundo informe de la Fiscalía que se opone a los hechos que justifican la ampliación de querella. Dicho informe del Ministerio Público aporta copia de la cancelación de la hipoteca del piso permutado seis meses después de que se elevara a escritura pública este canje inmobiliario. Esto justifica que cuando se hace la permuta de la casa sigue habiendo el gravamen de una hipoteca. “Esta actuación de la Fiscalía arroja serias sospechas sobre las irregularidades de la permuta que realizó el presidente del Congreso de los Diputados”, según la acusación. Y es que, como ponen de relieve los abogados Mazón y Martínez Segado, “Bono canceló el saldo de la hipoteca, que ascendía a 212.000 euros en diciembre de 2006, seis meses después de que el piso de Madrid pasara a propiedad de Reyal Urbis, la inmobiliaria de su amigo Rafael Santamaría”. En este punto, la acusación eleva a la Sala Segunda del Tribunal Supremo las siguientes preguntas: “¿Cómo es que habiéndose transmitido la propiedad del piso a Reyal Urbis en julio de 2006 aparece Bono con su Hípica Almenara y su sociedad patrimonial Saja, seis meses después, ocultando la transmisión de la propiedad en diciembre del mismo año y presentándose como propietarios de un fundo que ya era de otro? ¿Hubo un documento privado entre la inmobiliaria y Saja que no aparece inscrito en el Registro de la Propiedad?”
Asimismo, los querellantes vuelven a insistir al Supremo que “la tasación independiente que realizó la empresa Envesper Judicial SL valoró el piso de Madrid de Bono en 559.779 euros incluida la plaza de garaje. Y ello sin tener en cuenta la hipoteca ni al inquilino, cuando el valor de venta al público de los áticos permutados, según el vendedor de ellos era de 1.378.000 euros sin IVA”. En consecuencia, el valor del regalo es claro y manifiesto, añade la acusación, porque permite computar un valor de la dádiva en torno a 800.000 euros. En cualquier caso, “la hipoteca era un aspecto accesorio no tenido en cuenta ni siquiera en las tasaciones del valor de la propiedad que fueron invocadas en la querella”, subraya Mazón.
Interrogantes
El informe de la Fiscalía, firmado por el teniente fiscal Juan José Martín-Casallo, sigue exculpando a Bono porque “no se dan los elementos que exigen los tipos penales”. No obstante, añade otra argumentación, que llama la atención de los querellantes. Y es que “una cosa es que en el Registro de la Propiedad, y entre el piso que gravan al piso permutado, aparezca formalmente la existencia de una hipoteca por valor inicial de 300.506,05 euros, y otra muy diferente que dicha carga exista”.
Además, la Fiscalía afirma que “está acreditado que el capital e intereses de la hipoteca han sido íntegramente abonados, por lo que la misma fue cancelada el 18 de diciembre de 2006”.
Sobre este apartado, los querellantes vuelven a plantear a los magistrados nuevos interrogantes: “¿De dónde, de qué cuenta y titular sale el traspaso que da lugar a la cancelación de hipoteca? ¿Fue el dinero del préstamo hipotecario concertado el mismo día a esta cuenta no no tuvo nada que ver? ¿Reyal Urbis pagó también el dinero de la hipoteca y provenía de una cuenta suya la orden de traspaso?”.
La acusación no sale de su asombro sobre cómo una autoridad del Estado, que debe dar un ejemplo escrupuloso de transparencia en sus deberes deja de inscribir una cancelación de hipoteca.
En cualquier caso, el hecho de esta ocultación, para los acusadores, arroja “profundas dudas de prácticas sospechosas de maniobras de ocultación entre Bono y su amigo el propietario de Reyal que es el gran beneficiado del pelotazo urbanístico de Valdeluz”. Mazón y Martínez Segado solicitan al Supremo que admita la querella contra Bono porque “su conducta es temeraria, pues reviste indicios de cohecho”.
La Fiscalía del Supremo se saca de la manga un documento para exculpar a José Bono
http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/politica/fiscalia-del-supremo-se-saca-manga-documento-exculpar-jose-bono
Aporta copia de la cancelación de la hipoteca del piso de la permuta. El escrito no estaba entre los que el presidente del Congreso de los Diputados sí remitió a Conde-Pumpido y al Alto Tribunal.
D. Carrasco. Madrid
La Asociación Preeminencia del Derecho, representada por los abogados José Luis Mazón y Encarnación Martínez Segado, acusa a la Fiscalía del Tribunal Supremo en el caso Bono de “falta de imparcialidad e indefensión”. Y ello porque “ha aportado un documento oculto que no explica de donde lo ha sacado”. Lo que demuestra que el Ministerio Fiscal trata de exculpar al presidente del Congreso de los Diputados y ex presidente de la Junta de Castilla-La Mancha que está acusado de un presunto delito de cohecho.
La acusación popular llega a esta conclusión después de recibir el segundo informe de la Fiscalía que se opone a los hechos que justifican la ampliación de querella. Dicho informe del Ministerio Público aporta copia de la cancelación de la hipoteca del piso permutado seis meses después de que se elevara a escritura pública este canje inmobiliario. Esto justifica que cuando se hace la permuta de la casa sigue habiendo el gravamen de una hipoteca. “Esta actuación de la Fiscalía arroja serias sospechas sobre las irregularidades de la permuta que realizó el presidente del Congreso de los Diputados”, según la acusación. Y es que, como ponen de relieve los abogados Mazón y Martínez Segado, “Bono canceló el saldo de la hipoteca, que ascendía a 212.000 euros en diciembre de 2006, seis meses después de que el piso de Madrid pasara a propiedad de Reyal Urbis, la inmobiliaria de su amigo Rafael Santamaría”. En este punto, la acusación eleva a la Sala Segunda del Tribunal Supremo las siguientes preguntas: “¿Cómo es que habiéndose transmitido la propiedad del piso a Reyal Urbis en julio de 2006 aparece Bono con su Hípica Almenara y su sociedad patrimonial Saja, seis meses después, ocultando la transmisión de la propiedad en diciembre del mismo año y presentándose como propietarios de un fundo que ya era de otro? ¿Hubo un documento privado entre la inmobiliaria y Saja que no aparece inscrito en el Registro de la Propiedad?”
Asimismo, los querellantes vuelven a insistir al Supremo que “la tasación independiente que realizó la empresa Envesper Judicial SL valoró el piso de Madrid de Bono en 559.779 euros incluida la plaza de garaje. Y ello sin tener en cuenta la hipoteca ni al inquilino, cuando el valor de venta al público de los áticos permutados, según el vendedor de ellos era de 1.378.000 euros sin IVA”. En consecuencia, el valor del regalo es claro y manifiesto, añade la acusación, porque permite computar un valor de la dádiva en torno a 800.000 euros. En cualquier caso, “la hipoteca era un aspecto accesorio no tenido en cuenta ni siquiera en las tasaciones del valor de la propiedad que fueron invocadas en la querella”, subraya Mazón.
Interrogantes
El informe de la Fiscalía, firmado por el teniente fiscal Juan José Martín-Casallo, sigue exculpando a Bono porque “no se dan los elementos que exigen los tipos penales”. No obstante, añade otra argumentación, que llama la atención de los querellantes. Y es que “una cosa es que en el Registro de la Propiedad, y entre el piso que gravan al piso permutado, aparezca formalmente la existencia de una hipoteca por valor inicial de 300.506,05 euros, y otra muy diferente que dicha carga exista”.
Además, la Fiscalía afirma que “está acreditado que el capital e intereses de la hipoteca han sido íntegramente abonados, por lo que la misma fue cancelada el 18 de diciembre de 2006”.
Sobre este apartado, los querellantes vuelven a plantear a los magistrados nuevos interrogantes: “¿De dónde, de qué cuenta y titular sale el traspaso que da lugar a la cancelación de hipoteca? ¿Fue el dinero del préstamo hipotecario concertado el mismo día a esta cuenta no no tuvo nada que ver? ¿Reyal Urbis pagó también el dinero de la hipoteca y provenía de una cuenta suya la orden de traspaso?”.
La acusación no sale de su asombro sobre cómo una autoridad del Estado, que debe dar un ejemplo escrupuloso de transparencia en sus deberes deja de inscribir una cancelación de hipoteca.
En cualquier caso, el hecho de esta ocultación, para los acusadores, arroja “profundas dudas de prácticas sospechosas de maniobras de ocultación entre Bono y su amigo el propietario de Reyal que es el gran beneficiado del pelotazo urbanístico de Valdeluz”. Mazón y Martínez Segado solicitan al Supremo que admita la querella contra Bono porque “su conducta es temeraria, pues reviste indicios de cohecho”.
jueves, 2 de diciembre de 2010
02 DE DICIEMBRE DE 2010
EL DIGITAL DE CASTILLA LA MANCHA
LA PREGUNTA
¿Qué dos periodistas se niegan a declarar ante la Fiscalía por el caso Bono?
http://www.eldigitalcastillalamancha.es/articulo.asp?idarticulo=79828
El impagable periodista Manuel R. Ortega ha informado en El Semanal Digital sobre el caso de dos conocidos periodistas que se niegan a declarar ante la Fiscalía después de haber sido llamados a hacerlo por lo que dijeron en su momento sobre el patrimonio del presidente del Congreso de los Diputados, José Bono.
Según Ortega, Eduardo García Serrano y Enrique de Diego, ambos colaboradores de Interconomía y con programa propio en la televisión y en la radio del grupo, se han negado a prestar declaración ante la Fiscalía en una comparecencia a la que estaban citados para el martes después de que a finales de septiembre ésta requiriese a ambos por declaraciones realizadas en varios programas sobre el patrimonio de José Bono.
Ambos esgrimen que el Ministerio Fiscal está actuando como abogado particular del presidente del Congreso con cargo a las arcas públicas. Los periodistas estiman que el delito de injurias es un delito privado que ha de llevarse adelante con una querella particular y no a través de la Fiscalía. Los únicos precedentes de una actuación fiscal por presuntas injurias han sido el secuestro de El Jueves por la portada sobre Doña Letizia y la actuación contra otros dos periodistas de Intereconomía, Carlos Dávila y Maite Alfageme, por publicar en Época un presunto empadronamiento fuera de plazo de la ex vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega.
"La Fiscalía actúa como abogado del señor Bono", ratificaba De Diego en declaraciones a El Semanal Digital, que tampoco se apea de sus declaraciones al respecto: "Sostengo lo que dije".
Según su versión, la Fiscalía citó a ambos periodistas sin especificar para qué. Además, no ha permitido fotocopiar las diligencias, que constan de unos 600 folios, de tal manera que sus abogados tan sólo pudieron tomar notas manuscritas, añade El Semanal.
LA PREGUNTA
¿Qué dos periodistas se niegan a declarar ante la Fiscalía por el caso Bono?
http://www.eldigitalcastillalamancha.es/articulo.asp?idarticulo=79828
El impagable periodista Manuel R. Ortega ha informado en El Semanal Digital sobre el caso de dos conocidos periodistas que se niegan a declarar ante la Fiscalía después de haber sido llamados a hacerlo por lo que dijeron en su momento sobre el patrimonio del presidente del Congreso de los Diputados, José Bono.
Según Ortega, Eduardo García Serrano y Enrique de Diego, ambos colaboradores de Interconomía y con programa propio en la televisión y en la radio del grupo, se han negado a prestar declaración ante la Fiscalía en una comparecencia a la que estaban citados para el martes después de que a finales de septiembre ésta requiriese a ambos por declaraciones realizadas en varios programas sobre el patrimonio de José Bono.
Ambos esgrimen que el Ministerio Fiscal está actuando como abogado particular del presidente del Congreso con cargo a las arcas públicas. Los periodistas estiman que el delito de injurias es un delito privado que ha de llevarse adelante con una querella particular y no a través de la Fiscalía. Los únicos precedentes de una actuación fiscal por presuntas injurias han sido el secuestro de El Jueves por la portada sobre Doña Letizia y la actuación contra otros dos periodistas de Intereconomía, Carlos Dávila y Maite Alfageme, por publicar en Época un presunto empadronamiento fuera de plazo de la ex vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega.
"La Fiscalía actúa como abogado del señor Bono", ratificaba De Diego en declaraciones a El Semanal Digital, que tampoco se apea de sus declaraciones al respecto: "Sostengo lo que dije".
Según su versión, la Fiscalía citó a ambos periodistas sin especificar para qué. Además, no ha permitido fotocopiar las diligencias, que constan de unos 600 folios, de tal manera que sus abogados tan sólo pudieron tomar notas manuscritas, añade El Semanal.
miércoles, 1 de diciembre de 2010
01 DE DICIEMBRE DE 2010
EL DIGITAL DE CASTILLA LA MANCHA
COMPARECENCIA EN LAS CORTES
El Fiscal General lo cuenta todo sobre la investigación a Bono
http://www.eldigitalcastillalamancha.es/articulo.asp?idarticulo=79509
El fiscal general del Estados se ha referido a las críticas que ha recibido su departamento en relación con una posible investigación penal del patrimonio del presidente de Bono.
Ha manifestado que "investigar a alguien sencillamente porque tiene dinero, o porque tiene más dinero del que a otro le parece que debería tener, es algo que en nuestra democracia no se puede hacer" si no hay indicios de la perpetración de un hecho delictivo.
El fiscal general del Estado se refería de este modo a una cuestión planteada por el grupo parlamentario del PP sobre los criterios y directrices de la Fiscalía General del Estado en relación con la persecución de delitos cometidos por cargos públicos.
Durante su comparecencia este jueves en la Comisión de Justicia del Congreso, Cándido Conde-Pumpido ha subrayado que las "inquisiciones generales" están prohibidas, y que la presunción de inocencia es incompatible con la decisión de investigar a una persona por el conjunto de sus actividades vitales, de forma prospectiva, arbitraria y sin ´noticia criminis´".
En relación con el presidente de la Cámara baja, ha recordado que tras el rastreo de los registros públicos, una serie de medios de comunicación valoraron que su patrimonio no se correspondía con el nivel de un parlamentario.
En este caso, ha afirmado que "cuando tras varios intentos" la Fiscalía recibió una denuncia que concretaba mínimamente una imputación específica contra Bono, abrió la correspondiente investigación, y que cuando el teniente fiscal del Tribunal Supremo comprobó que la denuncia no se correspondía a la realidad "la denuncia se archivó".
Además, ha informado a la Cámara de que, a día de hoy, un letrado "conocido por sus querellas contra personas con relevancia mediática", en referencia al abogado murciano José Luis Mazón, ha presentado otra querella que está pendiente de ser dictaminada por la Fiscalía del Tribunal Supremo.
Para que haya investigación de un delito tiene que haber indicios de un hecho específico que esté tipificado en el Código Penal, y que, sin esa ´notitia criminis´, o sin una base mínimamente verosímil de la imputación que cualquiera pueda realizar, no se puede abrir una investigación oficial prospectiva "para ver si, quizá, una persona ha cometido algún delito aunque no se sepa cual".
"Piensen en lo que realmente se juega el Estado de Derecho si en virtud de cada acusación genérica, basada en insinuaciones y sospechas, sin imputación concreta de hechos punibles, es el sospechoso el que se tiene que demostrar que no ha cometido ningún delito", ha concluido Conde-Pumpido.
COMPARECENCIA EN LAS CORTES
El Fiscal General lo cuenta todo sobre la investigación a Bono
http://www.eldigitalcastillalamancha.es/articulo.asp?idarticulo=79509
El fiscal general del Estados se ha referido a las críticas que ha recibido su departamento en relación con una posible investigación penal del patrimonio del presidente de Bono.
Ha manifestado que "investigar a alguien sencillamente porque tiene dinero, o porque tiene más dinero del que a otro le parece que debería tener, es algo que en nuestra democracia no se puede hacer" si no hay indicios de la perpetración de un hecho delictivo.
El fiscal general del Estado se refería de este modo a una cuestión planteada por el grupo parlamentario del PP sobre los criterios y directrices de la Fiscalía General del Estado en relación con la persecución de delitos cometidos por cargos públicos.
Durante su comparecencia este jueves en la Comisión de Justicia del Congreso, Cándido Conde-Pumpido ha subrayado que las "inquisiciones generales" están prohibidas, y que la presunción de inocencia es incompatible con la decisión de investigar a una persona por el conjunto de sus actividades vitales, de forma prospectiva, arbitraria y sin ´noticia criminis´".
En relación con el presidente de la Cámara baja, ha recordado que tras el rastreo de los registros públicos, una serie de medios de comunicación valoraron que su patrimonio no se correspondía con el nivel de un parlamentario.
En este caso, ha afirmado que "cuando tras varios intentos" la Fiscalía recibió una denuncia que concretaba mínimamente una imputación específica contra Bono, abrió la correspondiente investigación, y que cuando el teniente fiscal del Tribunal Supremo comprobó que la denuncia no se correspondía a la realidad "la denuncia se archivó".
Además, ha informado a la Cámara de que, a día de hoy, un letrado "conocido por sus querellas contra personas con relevancia mediática", en referencia al abogado murciano José Luis Mazón, ha presentado otra querella que está pendiente de ser dictaminada por la Fiscalía del Tribunal Supremo.
Para que haya investigación de un delito tiene que haber indicios de un hecho específico que esté tipificado en el Código Penal, y que, sin esa ´notitia criminis´, o sin una base mínimamente verosímil de la imputación que cualquiera pueda realizar, no se puede abrir una investigación oficial prospectiva "para ver si, quizá, una persona ha cometido algún delito aunque no se sepa cual".
"Piensen en lo que realmente se juega el Estado de Derecho si en virtud de cada acusación genérica, basada en insinuaciones y sospechas, sin imputación concreta de hechos punibles, es el sospechoso el que se tiene que demostrar que no ha cometido ningún delito", ha concluido Conde-Pumpido.
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