14 DE SEPTIEMBRE DE 2010

EL CONFIDENCIAL

http://www.elconfidencial.com/espana/casobono-pp-trillo.html

LA OFENSIVA EN LOS TRIBUNALES, PARALIZADA SINE DIE
Ni comisión de investigación ni querella: el PP se olvida del Caso Bono
@Daniel Forcada.- 14/09/2010 (06:00h)
El Partido Popular ha dejado morir el llamado Caso Bono sin atreverse a presentar en el Supremo una querella contra el presidente del Congreso de los Diputados ni solicitar en el Parlamento la creación de una comisión de investigación que explorase el súbito incremento patrimonial de la tercera autoridad del Estado. Posibilidades ambas, la judicial y la política, que llegaron a ser barajadas por el PP durante los últimos meses y que han desaparecido de la agenda política de Génova en este nuevo curso. Tal y como confirman en el propio equipo jurídico del PP, el caso está “parado por ahora”, pero no renuncian a retomarlo en un futuro próximo.

La gestión del caso, dirigida personalmente por el ex ministro Federico Trillo, coordinador de Justicia y Libertades del partido, ha sido criticada internamente por quienes esperaban, en el entorno de la propia secretaria general, María Dolores de Cospedal, mayor contundencia política en un momento en el que el partido está salpicado y zaherido por múltiples escándalos de corrupción. El incremento presuntamente injustificado del patrimonio de Bono debería haber sido, según esas voces, el contraataque del partido ante la insistencia de los socialistas en denunciar y exprimir al máximo otros casos como la trama Gürtel o, ahora, la Operación Brugal de Alicante. Sobre todo, después de que a la luz de lo revelado por múltiples medios de comunicación, entre ellos El Confidencial, el presidente del Congreso podría haber incurrido en otro delito de cohecho impropio por aceptar regalos de empresarios amigos como Rafael Santamaría (Reyal Urbis) o Francisco Hernando, El Pocero.

Pero lo que algunos esperaban que se materializaría en una querella contra Bono en el Supremo se quedó, finalmente, en un mero escrito de denuncia presentado por el PP tras la “flagrante pasividad” de la Fiscalía General del Estado para tomar cartas en el asunto. Una estrategia errática que, al igual que había sucedido ya con la Fiscalía, donde el equipo de Trillo presentó otras cinco denuncias, fue fácilmente echada por tierra por el Alto Tribunal. En efecto, el 19 de julio, un día antes de que Bono anunciase su separación matrimonial, la Fiscalía del Supremo archivó el asunto tras no apreciar “ningún tipo de delito” y reprochar al PP que presentase como prueba de “sus insinuaciones meras fotocopias de periódicos”. “No se ha acreditado que haya entrega de dádiva o de regalo ni la existencia de contrapartidas por parte del interesado”, concluía el Supremo sobre las relaciones de Bono con Santamaría.

Denuncias basadas en recortes de prensa

La táctica del PP fue, en ese caso, la misma que la que había seguido anteriormente: presentar como denuncia una recopilación de artículos de medios como El Confidencial, La Gaceta, El País, El Mundo y Público. Y eso, a pesar, de que en julio, los propios abogados del PP explicaron a este diario que “estaban recopilando más documentación” para evitar, precisamente, eso. “Estamos recopilando documentación porque es lo que el Fiscal nos echa en cara, que no aportábamos pruebas”, explicaban. “No hemos terminado y hasta que no concluya todo el proceso no se podrá evaluar si lo hemos hecho bien o mal. Pero poner una querella, de un día para otro, a la tercera autoridad del Estado nos parecía un poco temerario”.

El mismo equipo jurídico señala ahora que “el Supremo archivó el caso tras preguntar únicamente al señor Bono” y, que por eso, se quejaron por escrito al propio Cándido Conde-Pumpido pues “no ha sido una investigación digna”.

Sea como fuere, a día de hoy el caso duerme el sueño de los justos a falta de una decisión política de Génova 13 que lo reactive. Como también quedó en flor de un día el anuncio del PP de que estudiaría la posibilidad de pedir una comisión de investigación por un supuesto caso de tráfico de influencias. Una comisión parlamentaria que indagase en el patrimonio del presidente del Congreso y en su actividad durante su etapa como presidente de Castilla-La Mancha y, después, como ministro de Defensa. Algo que se contempló cuando la comisión del Estatuto del Diputado se declaró “incompetente” para ello, pero de lo que no se ha vuelto a saber nada más.

Los abogados del PP se limitan a señalar que estudiarán si hay alguna otra querella presentada por otro colectivo y que haya sido admitida a trámite y, entonces, “estudiaremos la posibilidad de sumarnos a ella, quizá como acusación popular”. Mientras, muchos en el PP miran con recelo y desconfianza al propio Federico Trillo, a quien culpan de no haber explotado más el asunto de forma interesada.