EL DIGITAL DE CASTILLA-LA MANCHA
CONFIDENCIAL
El PP deja morir el caso Bono y el entorno de Cospedal tiene un culpable
Parece como si el caso Bono nunca hubiera existido. Ni los medios de comunicación que tanto hablaron del asunto ni aquellos que quisieron denunciarle, el PP entre ellos, parecen recordar nada de lo ocurrido, como si la hípica, los pisos, las casas y otras propiedades inmobiliarias hubieran pasado a mejor vida. La Gaceta, que durante semanas publicó un día sí y otro también informaciones relacionadas con Bono, ya fuera sobre su patrimonio o cualquier otra cosa que sirviera para ponerle en entredicho, se ha callado de repente y tanto el periódico como el resto de medios de Interconomía han dejado de hablar (mal) del presidente del Congreso.
¿Era quizá, como decía el propio Bono para defenderse, una campaña orquestada con fecha de caducidad? Algunos se han sorprendido por lo curioso que resulta que nada más hacerse pública la separación matrimonial de Bono se dejó de hablar de su patrimonio. No parece que haya ninguna relación de causa efecto aunque bien es sabido que el escándalo originado por las denuncias fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de Ana Rodríguez.
Y en estas circunstancias hasta el PP parece haber tirado la toalla. Bono es mucho Bono decían los que le conocen y los que aseguraban que este asunto no acabaría con su carrera política. Tal como oportunamente ha publicado El Confidencial (el único medio que insiste en el asunto), en el PP han dejado morir el llamado Caso Bono y no se han atrevido a presentar en el Supremo la querella anunciada contra el presidente del Congreso de los Diputados "ni a solicitar en el Parlamento la creación de una comisión de investigación que explorase el súbito incremento patrimonial de la tercera autoridad del Estado". Ambas posibilidades se barajaron en el PP en los últimos mese pero ahora ya no se contemplan. El caso, según el equipo jurídico, estaría parado por el momento, si bien no renuncian a retomarlo en el futuro. Difícilmente lo harán si no hay nuevas denuncias en los medios de comunicación, que es en lo que se han basado siempre las acusaciones del PP.
Según El Confidencial, la gestión del caso ha sido dirigida personalmente por el ex ministro Federico Trillo, coordinador de Justicia y Libertades del partido y antecesor de Bono en el ministerio de Defensa. Su labor, siempre según el citado diario digital, "ha sido criticada internamente por quienes esperaban, en el entorno de la propia secretaria general, María Dolores de Cospedal, mayor contundencia política en un momento en el que el partido está salpicado y zaherido por múltiples escándalos de corrupción". Además, Cospedal tenía también interés personal en que el caso siguiera adelante por sus repercusiones negativas en el PSOE de Castilla-La Mancha.
Que Bono ha adquirido un gran patrimonio inmobiliario es verdad, que lo haya hecho por medios ilícitos no se ha podido demostrar, sobre todo porque la Fiscalía no ha encontrado motivos para investigarlo.
El Confidencial lamenta que a día de hoy el caso duerma "el sueño de los justos a falta de una decisión política de Génova 13 que lo reactive". Según parece, los abogados del PP "se limitan a señalar que estudiarán si hay alguna otra querella presentada por otro colectivo y que haya sido admitida a trámite y, entonces, `estudiaremos la posibilidad de sumarnos a ella, quizá como acusación popular´. Mientras, muchos en el PP miran con recelo y desconfianza al propio Federico Trillo, a quien culpan de no haber explotado más el asunto de forma interesada".
jueves, 16 de septiembre de 2010
martes, 14 de septiembre de 2010
14 DE SEPTIEMBRE DE 2010
EL CONFIDENCIAL
http://www.elconfidencial.com/espana/casobono-pp-trillo.html
LA OFENSIVA EN LOS TRIBUNALES, PARALIZADA SINE DIE
Ni comisión de investigación ni querella: el PP se olvida del Caso Bono
@Daniel Forcada.- 14/09/2010 (06:00h)
El Partido Popular ha dejado morir el llamado Caso Bono sin atreverse a presentar en el Supremo una querella contra el presidente del Congreso de los Diputados ni solicitar en el Parlamento la creación de una comisión de investigación que explorase el súbito incremento patrimonial de la tercera autoridad del Estado. Posibilidades ambas, la judicial y la política, que llegaron a ser barajadas por el PP durante los últimos meses y que han desaparecido de la agenda política de Génova en este nuevo curso. Tal y como confirman en el propio equipo jurídico del PP, el caso está “parado por ahora”, pero no renuncian a retomarlo en un futuro próximo.
La gestión del caso, dirigida personalmente por el ex ministro Federico Trillo, coordinador de Justicia y Libertades del partido, ha sido criticada internamente por quienes esperaban, en el entorno de la propia secretaria general, María Dolores de Cospedal, mayor contundencia política en un momento en el que el partido está salpicado y zaherido por múltiples escándalos de corrupción. El incremento presuntamente injustificado del patrimonio de Bono debería haber sido, según esas voces, el contraataque del partido ante la insistencia de los socialistas en denunciar y exprimir al máximo otros casos como la trama Gürtel o, ahora, la Operación Brugal de Alicante. Sobre todo, después de que a la luz de lo revelado por múltiples medios de comunicación, entre ellos El Confidencial, el presidente del Congreso podría haber incurrido en otro delito de cohecho impropio por aceptar regalos de empresarios amigos como Rafael Santamaría (Reyal Urbis) o Francisco Hernando, El Pocero.
Pero lo que algunos esperaban que se materializaría en una querella contra Bono en el Supremo se quedó, finalmente, en un mero escrito de denuncia presentado por el PP tras la “flagrante pasividad” de la Fiscalía General del Estado para tomar cartas en el asunto. Una estrategia errática que, al igual que había sucedido ya con la Fiscalía, donde el equipo de Trillo presentó otras cinco denuncias, fue fácilmente echada por tierra por el Alto Tribunal. En efecto, el 19 de julio, un día antes de que Bono anunciase su separación matrimonial, la Fiscalía del Supremo archivó el asunto tras no apreciar “ningún tipo de delito” y reprochar al PP que presentase como prueba de “sus insinuaciones meras fotocopias de periódicos”. “No se ha acreditado que haya entrega de dádiva o de regalo ni la existencia de contrapartidas por parte del interesado”, concluía el Supremo sobre las relaciones de Bono con Santamaría.
Denuncias basadas en recortes de prensa
La táctica del PP fue, en ese caso, la misma que la que había seguido anteriormente: presentar como denuncia una recopilación de artículos de medios como El Confidencial, La Gaceta, El País, El Mundo y Público. Y eso, a pesar, de que en julio, los propios abogados del PP explicaron a este diario que “estaban recopilando más documentación” para evitar, precisamente, eso. “Estamos recopilando documentación porque es lo que el Fiscal nos echa en cara, que no aportábamos pruebas”, explicaban. “No hemos terminado y hasta que no concluya todo el proceso no se podrá evaluar si lo hemos hecho bien o mal. Pero poner una querella, de un día para otro, a la tercera autoridad del Estado nos parecía un poco temerario”.
El mismo equipo jurídico señala ahora que “el Supremo archivó el caso tras preguntar únicamente al señor Bono” y, que por eso, se quejaron por escrito al propio Cándido Conde-Pumpido pues “no ha sido una investigación digna”.
Sea como fuere, a día de hoy el caso duerme el sueño de los justos a falta de una decisión política de Génova 13 que lo reactive. Como también quedó en flor de un día el anuncio del PP de que estudiaría la posibilidad de pedir una comisión de investigación por un supuesto caso de tráfico de influencias. Una comisión parlamentaria que indagase en el patrimonio del presidente del Congreso y en su actividad durante su etapa como presidente de Castilla-La Mancha y, después, como ministro de Defensa. Algo que se contempló cuando la comisión del Estatuto del Diputado se declaró “incompetente” para ello, pero de lo que no se ha vuelto a saber nada más.
Los abogados del PP se limitan a señalar que estudiarán si hay alguna otra querella presentada por otro colectivo y que haya sido admitida a trámite y, entonces, “estudiaremos la posibilidad de sumarnos a ella, quizá como acusación popular”. Mientras, muchos en el PP miran con recelo y desconfianza al propio Federico Trillo, a quien culpan de no haber explotado más el asunto de forma interesada.
http://www.elconfidencial.com/espana/casobono-pp-trillo.html
LA OFENSIVA EN LOS TRIBUNALES, PARALIZADA SINE DIE
Ni comisión de investigación ni querella: el PP se olvida del Caso Bono
@Daniel Forcada.- 14/09/2010 (06:00h)
El Partido Popular ha dejado morir el llamado Caso Bono sin atreverse a presentar en el Supremo una querella contra el presidente del Congreso de los Diputados ni solicitar en el Parlamento la creación de una comisión de investigación que explorase el súbito incremento patrimonial de la tercera autoridad del Estado. Posibilidades ambas, la judicial y la política, que llegaron a ser barajadas por el PP durante los últimos meses y que han desaparecido de la agenda política de Génova en este nuevo curso. Tal y como confirman en el propio equipo jurídico del PP, el caso está “parado por ahora”, pero no renuncian a retomarlo en un futuro próximo.
La gestión del caso, dirigida personalmente por el ex ministro Federico Trillo, coordinador de Justicia y Libertades del partido, ha sido criticada internamente por quienes esperaban, en el entorno de la propia secretaria general, María Dolores de Cospedal, mayor contundencia política en un momento en el que el partido está salpicado y zaherido por múltiples escándalos de corrupción. El incremento presuntamente injustificado del patrimonio de Bono debería haber sido, según esas voces, el contraataque del partido ante la insistencia de los socialistas en denunciar y exprimir al máximo otros casos como la trama Gürtel o, ahora, la Operación Brugal de Alicante. Sobre todo, después de que a la luz de lo revelado por múltiples medios de comunicación, entre ellos El Confidencial, el presidente del Congreso podría haber incurrido en otro delito de cohecho impropio por aceptar regalos de empresarios amigos como Rafael Santamaría (Reyal Urbis) o Francisco Hernando, El Pocero.
Pero lo que algunos esperaban que se materializaría en una querella contra Bono en el Supremo se quedó, finalmente, en un mero escrito de denuncia presentado por el PP tras la “flagrante pasividad” de la Fiscalía General del Estado para tomar cartas en el asunto. Una estrategia errática que, al igual que había sucedido ya con la Fiscalía, donde el equipo de Trillo presentó otras cinco denuncias, fue fácilmente echada por tierra por el Alto Tribunal. En efecto, el 19 de julio, un día antes de que Bono anunciase su separación matrimonial, la Fiscalía del Supremo archivó el asunto tras no apreciar “ningún tipo de delito” y reprochar al PP que presentase como prueba de “sus insinuaciones meras fotocopias de periódicos”. “No se ha acreditado que haya entrega de dádiva o de regalo ni la existencia de contrapartidas por parte del interesado”, concluía el Supremo sobre las relaciones de Bono con Santamaría.
Denuncias basadas en recortes de prensa
La táctica del PP fue, en ese caso, la misma que la que había seguido anteriormente: presentar como denuncia una recopilación de artículos de medios como El Confidencial, La Gaceta, El País, El Mundo y Público. Y eso, a pesar, de que en julio, los propios abogados del PP explicaron a este diario que “estaban recopilando más documentación” para evitar, precisamente, eso. “Estamos recopilando documentación porque es lo que el Fiscal nos echa en cara, que no aportábamos pruebas”, explicaban. “No hemos terminado y hasta que no concluya todo el proceso no se podrá evaluar si lo hemos hecho bien o mal. Pero poner una querella, de un día para otro, a la tercera autoridad del Estado nos parecía un poco temerario”.
El mismo equipo jurídico señala ahora que “el Supremo archivó el caso tras preguntar únicamente al señor Bono” y, que por eso, se quejaron por escrito al propio Cándido Conde-Pumpido pues “no ha sido una investigación digna”.
Sea como fuere, a día de hoy el caso duerme el sueño de los justos a falta de una decisión política de Génova 13 que lo reactive. Como también quedó en flor de un día el anuncio del PP de que estudiaría la posibilidad de pedir una comisión de investigación por un supuesto caso de tráfico de influencias. Una comisión parlamentaria que indagase en el patrimonio del presidente del Congreso y en su actividad durante su etapa como presidente de Castilla-La Mancha y, después, como ministro de Defensa. Algo que se contempló cuando la comisión del Estatuto del Diputado se declaró “incompetente” para ello, pero de lo que no se ha vuelto a saber nada más.
Los abogados del PP se limitan a señalar que estudiarán si hay alguna otra querella presentada por otro colectivo y que haya sido admitida a trámite y, entonces, “estudiaremos la posibilidad de sumarnos a ella, quizá como acusación popular”. Mientras, muchos en el PP miran con recelo y desconfianza al propio Federico Trillo, a quien culpan de no haber explotado más el asunto de forma interesada.
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